“Está fallando la rehabilitación del maltratador”

Defensora de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que cumple 10 años, Flor de Torres (Almería, 1961) aboga por que la reeducación de los maltratadores sea eficaz. La fiscal de Violencia sobre la Mujer en Andalucía propone también que los menores sean visibles como víctimas.

Pregunta. ¿Hay una explicación al repunte de casos?

Respuesta. Tenemos que hacer una visión global y completa de lo que ha sido la ley integral. Establecer estadísticas a corto plazo tal vez pueda distorsionar eso. La OMS dice en un informe de 2013 que de cada 10 asesinatos en el mundo, cuatro van a ser a mujeres por razón de género. Es un problema mundial. Hay que analizar con serenidad y observar que existen feminicidios, pero también muchísimas mujeres que afrontan el proceso y acceden a una vida en libertad.

P. El Gobierno plantea revisar la ley. ¿Le parece oportuno?

R. Soy partidaria de dejar las leyes un tiempo para que nos den una perspectiva, y puede que 10 años nos la pueda dar, pero la considero en todo punto beneficiosa. Tal vez el único punto procesal en el que se nos escapa la ley no depende de ella, sino del artículo trasnochado 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que permite a las víctimas no declarar contra el maltratador si es pareja o expareja. Esto conlleva la absolución de numerosos procedimientos. Eso tendría que ser objeto de reflexión. Hay que dejar la totalidad de la ley integral porque apuesta por la educación.

P. ¿Dónde hay que avanzar?

R. La denuncia sigue siendo el único camino para obtener una respuesta eficaz. En Andalucía, de las 10 fallecidas este año, solo dos habían denunciado. La proporción es similar en el resto de España. Tenemos que poner el foco en prevenir los asesinatos y, sobre todo, aquellos en los que existía denuncia, ver qué ha fallado en la cobertura de la víctima. Muchos de los asesinos maltratadores están volviendo a los órganos judiciales con antecedentes. Es decir, algunos de los que han cometido estos asesinatos ya tenían antecedentes por violencia de género con esta o anteriores parejas. La única autocrítica a la ley, pero que no depende de ella, es que está fallando mucho la rehabilitación del maltratador. Es una asignatura pendiente. No obedece al fallo del sistema judicial o de la ley, sino a otras motivaciones más profundas que se me escapan, pertenecen al ámbito de la educación, de la psicología. Tenemos que poner el énfasis en que un maltratador no solo cumpla los cursos de reeducación y rehabilitación, sino que estos sean efectivos. Se está demostrando que se cumplen para obtener beneficios penitenciarios, no porque realmente se quiera un cambio interno.

P. Apuesta por que los menores sean tratados como víctimas de la violencia de género.

R. Está científicamente demostrado que un menor expuesto a la violencia de género la va a sufrir de forma directa, con consecuencias físicas y psíquicas. Ya se ha empezado a contabilizar a los niños como víctimas directas y hay que seguir profundizando en eso. He hecho una serie de propuestas en la línea de darle independencia procesal de la madre. Es decir, que si la madre quiere o no quiere hacer ejercicio del artículo 416, no vincule a los menores porque necesitan una protección procesal especial. Hay que traerlos al proceso con nombres y apellidos. Si no visibilizamos que hay unos niños, el asunto se archiva. Pero si visualizamos que hay una víctima madre y una víctima hijo, y se oye a ambos, podemos darle una independencia al menor. Y el ministerio fiscal estaría obligado a tutelar sus intereses.

P. ¿Eso podría sostener el proceso aunque la madre no declare?

R. Por supuesto. Sería una prueba más.

P. ¿Los medios informan bien de estos casos?

R. Creo que se sigue incidiendo mucho en la casuística, en la información del vecindario, de que si el maltratador era una persona normal. No son testigos porque no han estado en el lugar de los hechos, ni en su casa, ni en su dormitorio. Echo de menos también un seguimiento a los casos judiciales. Seguimos siendo noticia cuando somos asesinadas, pero no cuando se atraviesa el camino judicial o se condena. No me gusta tampoco que asesinatos de mujeres estén en la crónica social al lado de los deportes, tienen que seguir siendo noticia de portada.

P. En la última memoria de la fiscalía se habla de una bolsa oculta de impunidad de malos tratos a personas mayores.

R. Los delitos de maltrato a personas mayores llevan aparejados componentes de género. Normalmente son mujeres y coexisten, en muchos de los casos, problemas sociales e incluso psicológicos. Por ejemplo, una familia con un hijo esquizofrénico donde la cuidadora y quien recibe esa violencia de género es la madre. O elementos multiplicadores, donde una mujer es maltratada por la pareja y los hijos.

P. ¿Es más complicado denunciar?

R. La víctima está sometida al secuestro emocional del maltratador, incluso económico, y no denuncia casi nunca. Nos llegan a través de otros circuitos de información. Una de las fuentes es el Teléfono de Información al Mayor. Se han articulado protocolos, que solo se están dando en Andalucía, para la derivación de casos. El problema es que vuelve a coexistir el artículo 416 de la LEC y cuando investigamos, la víctima normalmente no quiere denunciar al marido, al hijo o a las personas que ejercen esa violencia. Esos maltratadores también son a veces las personas que, sin tener ningún tipo de capacitación sanitaria o asistencial, asumen el cuidado de estas personas y se quedan con sus pagas.

P. ¿Hay alguna manera de actuar?

R. Aquí se mezcla la normativa de la ley de Dependencia. Sería necesario que el ministerio fiscal o los servicios sociales pudieran instar el inicio del procedimiento para reconocer esa dependencia y acceder a la prestación. Solo la puede pedir la víctima, pero si es incapaz o está emocionalmente secuestrada, no lo va a solicitar nunca. Hay un vacío que puede perpetuar estas situaciones.