El PP apoya investigar un negocio en Ourense de la esposa de Baltar
El BNG denuncia que hizo obras sin licencia para montar una cafetería
La cafetería La Central, una concesión municipal ubicada en pleno centro de Ourense y gestionada desde hace tres meses por una empresa de María Caldelas, esposa del presidente de la Diputación y del PP provincial, Manuel Baltar, será investigada por técnicos y políticos del Ayuntamiento. Y a los populares ourensanos les parece bien que se indague en los negocios familiares de su líder. El pleno municipal acordó, con los votos de los ediles del PP incluidos, iniciar el próximo lunes una investigación política para dilucidar si existen irregularidades o trato de favor con el negocio hostelero ubicado en suelo público, tal y como denuncia el BNG desde hace semanas.
La cafetería es una concesión pública otorgada en 1968 por 50 años a la misma empresa que gestiona un hotel colindante. Tras una profunda reforma, a comienzos de este año, la gestión está ahora en manos de Jardín Japonés, SL, una empresa de la que es socia la esposa de Baltar. El BNG afirma que “se hicieron obras sin permiso y se reabrió sin haber expirado la concesión y sin nuevo concurso”. “Hemos preguntado en reiteradas ocasiones y tras no obtener respuesta, incluso nos han dicho desde el gobierno local que se ha perdido parte del expediente administrativo”, denuncian.
El Ayuntamiento niega “cambio de titularidad alguno” o “trato de favor” al mismo tiempo que defiende que las obras fueron legales. Todo está en regla, afirman, a excepción de las terrazas, cuestión por la que ya han abierto un expediente sancionador. Para los populares, las sospechas de los nacionalistas son "producto de una fantasía" pero apoyan la investigación política "para demostrar la mayor transparencia posible".
El gobierno de Ourense, que en 2010 pagó mediante cheques casi medio millón de euros por un edificio en ruinas a falsos propietarios, rechazando “expresamente a la información sobre el titular de la finca” al formalizar la operación ante notario achaca lo sucedido a un error. El juez anuló la operación inmobiliaria tras detectar que los vendedores no eran los propietarios legales del inmueble, que cuatro años después sigue en ruinas, mientras que los 483.000 euros pagados todavía no han sido devueltos. El alcalde, Agustín Fernández, achacó lo sucedido a “un error administrativo” y negó la comisión de delito alguno, como asegura Democracia Ourensana (DO).
