La juez que investiga al grupo Boluda decreta el secreto del sumario

La investigación del fraude a la Unión Europea supuestamente cometido por el astillero de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), se declara secreta. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que indaga si el grupo Boluda engañó al Fondo Social Europeo para cobrar 400.000 euros en cursos de formación fantasmas.

La juez ha decretado el secreto del sumario, inicialmente, durante un mes para garantizar la confidencialidad de las pesquisas. Su objetivo es evitar la manipulación y destrucción de pruebas. La decisión coincide con la previsible imputación de dos exdirectivos de Unión Naval de Valencia SA, el astillero de Boluda, según fuentes próximas a la investigación.

Las pesquisas indagan ahora si el director de Recursos Humanos de la compañía, Francisco T. H., y la exdirectora Alicia M. G., modificaron entre 2008 y 2011 los conceptos de decenas de facturas de sus antiguas contratas Progrene Segurlabor (prevención de riesgos laborales) y Angloval (montaje de andamios). La investigación sospecha que el astillero alteró servicios de limpieza o montaje de andamios por cursos de formación que nunca se impartieron. Y se basa en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que detectó “irregularidades” en los documentos incautados el pasado enero en la sede de la sociedad naviera.

La Policía ha vuelto a solicitar información, al menos, a uno de los dos contratistas afectados. Los agentes quieren saber si sus antiguos ordenadores en la sede de Unión Naval de Valencia, SA estaban conectados con la red del astillero, según uno de los denunciantes. Entretanto, la juez ha pedido al grupo Boluda los originales de las facturas de sus contratas de 2010. Unos documentos que no aparecieron en el registro que la UDEF realizó el pasado enero.

El presunto fraude a las subvenciones comunitarias estalló después de que Fernando Sánchez, excontratista del astillero, descubriese la “manipulación de sus facturas”. Sánchez se percató de la supuesta treta tras recibir el pasado junio un requerimiento aleatorio de Hacienda para cotejar la legalidad de una subvención comunitaria recibida por Unión Naval de Valencia, SA. Progene Segurlabor, una compañía que facturaba 900.000 euros anuales, quebró en 2011 después de que le rescindiera el contrato su único cliente: el grupo Boluda.

El cobro irregular de subvenciones de la UE contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel y la obligación de devolver la cantidad defraudada multiplicada por seis. Una portavoz de grupo Boluda ha declinado este martes opinar sobre el estado de la investigación.