El bloqueo de convenios amenaza las condiciones de 650.000 trabajadores

“Sin acuerdos, la conflictividad será inmensa”, advirtió el líder de UGT, Josep Maria Àlvarez, la semana pasada durante el congreso del sindicato. “Puede ser la hecatombe”, reconoce una fuente de una organización empresarial. Las dos voces se refiere a la situación que puede producirse a partir del próximo 7 de julio, cuando caducan los convenios colectivos que fijan las condiciones salariales y laborales de entre 650.000 y 800.000 trabajadores en Cataluña: sueldos, pagas, vacaciones, permisos...

El cálculo de trabajadores afectados es de los sindicatos y la patronal PIMEC lo da por bueno. Fomento del Trabajo dice que son menos, pero no cuántos. La Generalitat, no sabe, no contesta. El quid de la cuestión es que hasta ahora, cuando finalizaba el plazo de vigencia de un convenio se prorrogaba de forma automática e indefinida hasta que empresa y trabajadores llegaban a un nuevo acuerdo; pero la Reforma Laboral establece que tras un año de ultractividad —de prórroga— si no hay acuerdo los empleados quedan bajo el paraguas de un convenio de ámbito superior (sectorial o estatal, con condiciones habitualmente peores) o bien a merced del estatuto de los trabajadores. Esto es: salario mínimo interprofesional e individualización de las relaciones empresario-empleado.

Los sindicatos llevan meses alertando del “drama” que se puede producir al día siguiente de San Fermín y acusan a las patronales de bloquear intencionadamente los convenios, de no negociar para lograr una rebaja de condiciones salariales y laborales. Cuando no su desaparición. “La desregulación, la jungla”, avisa el secretario de política sindical de UGT, Camil Ros, que advierte que el desamparo de miles de trabajadores puede originar una segunda oleada de judicialización de las relaciones laborales. Las patronales desmienten el bloqueo intencionado y celebran que la nueva ley permita negociar unas condiciones que califican de obsoletas y que la ultractividad prorrogaba indefinidamente.

La preocupación ha llegado a la Generalitat, que a través de la Secretaría de Relaciones Laborales del departamento de Empresa y Empleo intenta arrancar a las partes un pacto no tanto para prorrogar más los convenios como para que las partes acepten una mediación si no se ponen de acuerdo. Pero algunas fuentes aseguran que si no se ha firmado este acuerdo a nivel de Cataluña es porque Fomento del Trabajo lo ha paralizado a la espera de autorización de la CEOE.

El responsable de negociación colectiva de CC OO, Juan Carlos Casanovas, señala que en ausencia de convenio colectivo “no habrá nadie que negocie colectivamente, se pueden perder pagas, permisos u horarios específicos de profesiones concretas...” y asegura que hay patronales que bloquean convenios desde 2009 “con una clara intención de que decaigan”.

En Fomento del Trabajo desmienten que las patronales estén bloqueando convenios. “La mayoría se está negociando sin ningún problema”, asegura su director de relaciones laborales, Javier Ibars, que señala que las cifras de los sindicatos no son fiables, “porque incluyen como bloqueados convenios que ya están firmados e incluso registrados”.

La homóloga de Ibars en PIMEC, Joana Callís, sí admite que existe un gran conflicto e incluso las actitudes de bloqueo. Callís explica que la nueva ley ha dado la vuelta la tortilla: si antes había un desequilibrio favorable a los trabajadores —cuyas condiciones “se petrificaban aunque la situación económica actual las haga viables”— ahora “desaparecen las condiciones”. En una postura intermedia, la experta de las pequeñas y medianas empresas defiende la importancia de la existencia de los convenios, “de marcos laborales de referencia para regular y resolver las especificidades de cada profesión”.