La juez Alaya prorroga un mes más el secreto de sumario de los ERE
La fiscalía respalda los últimos ingresos en prisión decretados por la juez
La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ha decidido decretar un quinto mes de secreto de sumario sobre la nueva fase de la investigación, centrada en el cobro de sobrecomisiones por parte de las consultoras que gestionaban los expedientes. Fuentes del caso han señalado que el secreto se refiere a la parte de los expedientes de regulación de empleo gestionados por los bufetes Villasís y Garrigues. Estas pesquisas se incluyen dentro de la operación que la Guardia Civil llevó a cabo hace una semana. En el transcurso de esa operación 22 personas declararon ante Alaya como imputadas y siete —entre las que está el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero— ingresaron en prisión.
El secreto sumarial fue decretado en noviembre de 2012 y ha sido prorrogado en cuatro ocasiones por periodos de un mes. Esta última prórroga la adopta Alaya tras la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que pretende indagar en una nueva línea de investigación. La juez Alaya tiene pendiente de tomar declaración a dos últimos imputados en la última fase del caso: José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el abogado Carlos Leal, del bufete Villasís. Fuentes del caso creen que los interrogatorios serán a finales de esta semana.
Precisamente, los interrogatorios de Alaya han levantado discrepancias. La fiscalía ha cerrado este lunes filas con la juez al descartar que algunas detenciones del 20 de marzo sean nulas o que se superaran las 72 horas legales hasta que los imputados declararon ante la juez. Fuentes de la fiscalía han afirmado que las 20 detenciones fueron realizadas por la Guardia Civil y no por orden judicial. Por lo tanto, cuando Alaya ordenó el ingreso en prisión de los últimos cuatro imputados no se había sobrepasado el límite de 72 horas.
Uno de los siete encarcelados entre el 20 y 23 de marzo, el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual, ha pedido la nulidad de su ingreso en prisión pues, según argumenta, estuvo detenido 78 horas y 30 minutos, con lo que la juez vulneró su derecho fundamental a la libertad. El abogado de Pascual, en su recurso, aseguró que su cliente fue detenido en su domicilio de Barcelona a las 9.15 del 20 de marzo y la juez que investiga los ERE no decretó prisión hasta las 15.45 del día 23, por lo que excedió las 72 horas legales. Ello significaría la nulidad del auto de prisión, que "aboca inexorablemente a su puesta en libertad", según la defensa, quien cree que, pese al secreto sumarial, la experiencia indica que las detenciones se realizaron por orden de Alaya y no a iniciativa de la Guardia Civil. No obstante, fuentes de la fiscalía han rechazado este lunes esta hipótesis y recalcaron que las detenciones fueron policiales y, por lo tanto, el fiscal anticorrupción se opondrá a la petición de nulidad.
Valderas pide más “velocidad” en la instrucción
El coordinador andaluz de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha sostenido este lunes que “la agenda del Gobierno no puede estar marcada por los juzgados” porque “el Gobierno debe ofrecer respuestas al conjunto de los ciudadanos”. “La justicia tiene que seguir su curso, y hacerlo a mayor velocidad”, ha dicho en referencia al caso de los ERE. Este asunto, según ha afirmado, “está fuera del acuerdo político” entre IU y PSOE porque “las dos fuerzas tienen las manos libres para actuar”. “La política no puede dejarse secuestrar por la acción judicial, ni la acción política puede estar condicionada por la actuación judicial”, ha añadido antes de anunciar que en el próximo pleno del Parlamento andaluz, mañana, IU seguirá reclamando responsabilidades políticas.
Según Valderas, la incorporación de IU a la Junta es garantía de que se seguirán pidiendo responsabilidades “igual que fue garantía de denuncia en la etapa anterior”. Además, ha advertido de que su partido “luchará contra la corrupción política alcance a quien alcance y caiga quien caiga”. También ha reiterado que si en este caso “hay imputaciones que afecten al Consejo de Gobierno, IU hará los análisis necesarios y exigirá lo que tenga que exigir”.
La última fase de la instrucción del caso ha avivado el enfrentamiento político. El PP ha señalado directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El secretario general de los populares andaluces, José Luis Sanz, ha vuelto a hacerlo este lunes: ha emplazado a Griñán a aprovechar la comparecencia en el Parlamento para “pedir perdón a los andaluces” y asumir responsabilidades políticas como “colaborador necesario en la trama”. Por su parte, el PSOE ha defendido la “actitud democrática impecable” de Griñán al pedir comparecer en el Parlamento. “No le quitamos ni un ápice de gravedad a este asunto, entendemos que ha habido unos comportamientos absolutamente reprobables y ojalá que terminen probados por la justicia y pagando las consecuencias por ello”, ha indicado el socialista Francisco Álvarez de la Chica.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que está encargado del caso, también ha ordenado realizar "la averiguación patrimonial integral" del sucesor de Guerrero al frente de la dirección general de Trabajo, Juan Márquez. Lo que se persigue es poder hacer efectivo el embargo necesario para responder a la fianza de responsabilidad civil de más de 173 millones de euros que le fue impuesta por Alaya. La diligencia en la que se ordena rastrear el patrimonio de Márquez, difundida este lunes por Europa Press, fue dictada el 8 de marzo. En el escrito se acuerda que, "transcurrido el plazo" temporal que le fue concedido al imputado para que designara bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo, se consulte "informáticamente, a través del Punto Neutro Judicial, la averiguación patrimonial integral" del ex alto cargo.
En una segunda diligencia notificada este lunes el juzgado acuerda que se consulte a través del Punto Neutro Judicial "la averiguación domiciliaria integral" de Josefa Ríos Pérez, exesposa del que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, a quien la juez impuso otra fianza de 146.000 euros, a lo que habría que restar la cantidad ya consignada de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida.
De igual modo, el Juzgado de Instrucción 6 ha dictado una tercera diligencia en relación con Carmen García Sánchez, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, a quien Alaya impuso una fianza civil de 1,9 millones. En la diligencia se señala que "no consta en el libro" aportado por la representación de la imputada que "por la sociedad se haya procedido a la anotación del embargo trabado conforme a lo acordado en el decreto de fecha 3 de mayo de 2012". Por ello, se ordena que "se devuelva dicho libro" al procurador de la imputada "al objeto de que en cinco días se anote dicho embargo con los extremos señalados en el decreto".
