Los técnicos del viaducto de la A-7 eluden responsabilidades en la seguridad laboral

Los encargados del proyecto del viaducto de la A-7 en el que en noviembre de 2005 murieron seis trabajadores en Granada han eludido durante la primera sesión del juicio cualquier responsabilidad en la prevención de accidentes laborales y han ceñido su cometido a funciones más bien administrativas y de control.

La vista por el accidente de la A-7 arrancó con 12 personas en el banquillo de los acusados, pero pronto pasaron a ser 11. El juez de lo Penal 1 de Motril, Sergio Romero, ha apartado del procedimiento al que era jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental cuando ocurrieron los hechos, Juan Francisco Martín Enciso. La Fiscalía ya lo había solicitado en su escrito de acusación.

En la sala donde se desarrolla la vista oral, y ante los acusados, había una maqueta que reproducía el viaducto en el que se cayó la autocimbra (estructura metálica).

El ingeniero Pablo Jiménez, responsable del proyecto del tramo La Herradura-Taramay, explicó que, como responsable administrativo de la obra, "tenía que comprobar que se realizara según el proyecto y que se cumpliera con lo estipulado en el contrato". Para la ejecución material, precisó, “está la empresa adjudicataria”.

Según la experiencia de Jiménez, el estudio de seguridad y salud elaborado era suficiente. El técnico calificó de "exhaustivo" el manual de instrucciones de la autocimbra, que es el elemento que se colapsó y precipitó al vacío desde una altura de unos 67 metros. Según explicó, el plan de seguridad de las obras debe remitirse a ese manual, o al de la máquina que en cada caso proceda. “Era muy extenso y prolijo, además de carísimo”, indicó. “Y sé que me van a decir que la vida humana es más cara, y es verdad…”, argumentó.

El director del proyecto consideró, tras una pregunta del fiscal, que no era necesario revisar continuamente la estructura mientras avanzaba, si bien sí había que hacerlo cuando se hacían labores de carga y descarga. En cualquier caso, aseguró que la empresa contratada hizo varias revisiones que no están documentadas.

Tanto Jiménez como el coordinador de seguridad designado por Fomento, que no dependía de ninguna de las empresas contratadas o subcontratadas, dejaron claro que “no era previsible” que se cayera la cimbra. El coordinador, Juan Mena Delfa, subrayó además que no tenía constancia alguna de incidencias en la máquina que pudieran apuntar hacia el accidente puesto que no le trasladaron nada en este sentido en las reuniones que tuvo de coordinación.

De hecho su papel, según explicó en su declaración, era coordinar el trabajo entre las empresas (entre las que se incluye a la contratista y a las subcontratas), pero no “vigilar” ni “controlar” que se cumplieran las medidas, porque para eso están los responsables de prevención de cada empresa. No obstante, Mena reconoció que en alguna ocasión paralizó los trabajos porque vio riesgos graves en visitas a la obra. 

Todos coinciden en que las revisiones de la cimbra “estaban al día”. Así lo manifestó también el responsable de la UTE La Herradura, cuya función era resolver posibles “discrepancias” entre la UTE y el cliente, Fomento en este caso. El jefe de obra también insistió en la normalidad de los trabajos y las revisiones, así como en la cualificación adecuada de los trabajadores contratados.

La técnico de seguridad de la UTE apuntó al trabajo “común” que entre todas las empresas tenían en materia de seguridad. Incidió en lo “imprevisible” del desplome y aclaró que no podría haber parado los trabajos ese día porque estaba de vacaciones. Responsables de las subcontratas defendieron también las continuas revisiones de la cimbra siniestrada.