La familia de la activista Rocío San Miguel tras su detención en Venezuela: “Tememos por su vida”

Rocío San Miguel es una de las voces públicas más reputadas del mundo militar venezolano, toda una eminencia. Pocos conocen como ella las entrañas del complejo y opaco universo castrense chavista. El viernes, fue detenida cuando se disponía a viajar de Caracas a Miami junto a su única hija, Miranda San Miguel, desde el aeropuerto de Maiquetía. Lo hicieron agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la temida DGCIM. A la hija la dejaron ir, pero las autoridades la llamaron al día siguiente para que recogiera las maletas en el mostrador de la aerolínea. No se ha vuelto a saber de ella. Antes de regresar al aeropuerto avisó a su padre, que se cree que acudió en busca de ella después de llamarla varias veces y comprobar que su teléfono estaba apagado. Tampoco hay noticias de él. En las siguientes horas fueron detenidos también dos hermanos de la activista, su actual marido y al menos otro de sus familiares. Durante varios días no se supo nada de ellos, hasta que este lunes el fiscal general, Tarek William Saab, dio a conocer que pedirá prisión para la activista y su marido y libertad condicional para el resto.

El caso ha conmocionado al país y ha hecho reaccionar a la alta diplomacia de España. Tanto San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, como su hija tienen la doble nacionalidad española-venezolana. William Saab admitió públicamente la detención de la activista, sin dar más detalles sobre su paradero. En un comunicado señala que San Miguel había sido señalada por algunos militares como la instigadora de un golpe militar contra el Gobierno de Maduro, que incluía el asesinato del presidente. Le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo. La Fiscalía no ha mostrado todavía ninguna prueba que ayude a sustentar estas acusaciones.

Mini Díaz Paruta, de 54 años, hermana del exmarido de San Miguel, Víctor Díaz Paruta, dice que la familia está consternada y preocupada. “Tememos por la vida de ellos. Estamos en un estado de indefensión. No hemos tenido ningún tipo de información”, cuenta al teléfono desde Atlanta, en Estados Unidos, país en el que recibió asilo político hace cuatro años.

Mini Díaz sostiene que su hermano apenas tenía relación con Rocío San Miguel desde que se separaron hace 12 años. Mantenían a la hija como vínculo, pero la cosa no pasaba de ahí. Víctor Díaz es propietario de una empresa de seguros médicos, Fuerza de Seguro, con sede en Caracas. No tiene militancia política ni relevancia pública. A su hermana le parece surrealista que pueda estar detrás de ningún complot, y menos con su expareja. Tampoco existe el más mínimo indicio de que San Miguel, una profesional respetada, comedida y prudente, sin declaraciones fuera de tono ni extravagantes, tuviera ningunas intenciones criminales. 205 organizaciones civiles y 415 personas han exigido su liberación. España, a su vez, trabaja de manera sigilosa en su liberación.

Venezuela, después de sus acuerdos con Estados Unidos y la oposición, debería estar caminando por un proceso democrático que concluyera en unas elecciones presidenciales libres y justas en este 2024. Washington incentivó a Maduro rebajando las sanciones al petróleo y el gas, un balón de oxígeno para la exigua economía venezolana. Sin embargo, el chavismo ha prohibido de manera tajante la participación en las elecciones de la principal favorita, la opositora María Corina Machado, que supera en popularidad a Maduro. Y ahora ha iniciado una campaña de arrestos de políticos, activistas y ciudadanos normales y corrientes que nadie sabe cuándo va a parar. ¿El motivo? Un supuesto plan para asesinar a Maduro. El chavismo ha utilizado este argumento más de una vez en el pasado para atrincherarse en sus posiciones más intolerantes.

El episodio fue más intrincado aún en el aeropuerto. Una tía de la hija de San Martín acudió el sábado a la oficina de la aerolínea para averiguar el paradero de su sobrina. Yarlila Díaz fue inmediatamente detenida y trasladada a un cuarto oscuro donde fue interrogada con insistencia. Le preguntaron por militares y operaciones de las que no tenía la más mínima idea. Tras dos horas le dijeron que podía irse y que su hermano se dirigía al penal de Boleíta, un centro de detención preventiva. Está desconectado y sin ubicación.

Mini Díaz, que fue funcionaria pública y militante del partido opositor al chavismo Proyecto Venezuela, considera que las detenciones de sus familiares forman parte de una estrategia política del Gobierno. “Es parte de su modus operandi. Cuando se acercan las épocas electorales empiezan a detener gente. Es un juego cíclico. Calculo que habrán denunciado como 20 complots para matar a Maduro. Es una barbarie”, finaliza. El chavismo ha actuado muchas veces antes contra opositores y voces críticas, pero no había golpeado a una familia al completo de esta manera. Camino a las elecciones, el mensaje se ha endurecido.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.