María Corina Machado, razones (o sinrazones) de su inhabilitación política

A María Corina Machado muchos venezolanos le gritan por la calle: “Yo te habilito con mi voto”. Y a eso se agarró durante la campaña a las primarias de la oposición esta política liberal que el domingo arrasó en las urnas con más del 90% de los apoyos. Los ciudadanos cumplieron con su palabra y la eligieron para ser la candidata de la oposición que enfrente a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en unas primarias que resultaron un éxito a pesar de todas las dificultades. “Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela”, suele decir Machado, dentro de las formas de la política, que pasan por creerse el discurso y defenderlo hasta el final. Pero si enfrente está el chavismo, todo cambia. Aquí quien habilita es Maduro y, por ahora, la política ganadora de las primarias tiene prohibido ejercer cargos públicos durante 15 años. No puede, por ejemplo, inscribirse como candidata para 2024, eso para lo que fue elegida ayer.

Para entender la condena que pesa sobre Machado es bueno conocer algunos datos. Desde el año 2002, el chavismo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a más de 1.400 ciudadanos, según la ONG Acceso a la Justicia, muchos de ellos funcionarios públicos. Entre ellos están algunos de los líderes opositores más conocidos o con más apoyo popular. El Gobierno de Maduro, con un férreo control sobre todas las instituciones del país, busca con esta argucia legal neutralizar a sus opositores. Leopoldo López o Henrique Capriles fueron objeto de decisiones judiciales controvertidas para dejarlos fuera del juego político, como ahora lo ha sido Machado.

La persecución política contra la ya candidata electa empezó en 2014. Entonces, Machado encarnaba el ala más radical de la oposición venezolana. Sus encontronazos directos contra Hugo Chávez forman parte de la historia del país. Ese año, Machado fue destituida de la Asamblea Nacional acusada de “traición a la patria” por haber aceptado unirse a una delegación panameña para poder hablar ante la Asamblea General de la OEA, en Washington. En 2015, la Contraloría General de la República -órgano auditor del Poder Ciudadano- la inhabilitó para ocupar cargos públicos por un año, apenas cinco meses antes de las elecciones parlamentarias, a las que Machado pensaba concurrir.

La opositora explicó entonces que la Contraloría la inhabilitó porque no incluyó en su declaración jurada de patrimonio el pago de los bonos de alimentación, conocidos como cestatickets. “Nunca me entregaron esos cestatickets. Por eso no los incluí en el documento que entrego una vez al año”, se defendió públicamente. Dio igual. Machado no participó en aquellas elecciones.

Desde entonces y hasta hoy el camino de la política ha pasado por altibajos de popularidad. Enfrentada a la mayoría opositora, por su defensa de una línea férrea de confrontación con el chavismo, Machado fue pasando más o menos desapercibida en los últimos años. Se alejó de los postulados de la mayoría de las fuerzas democráticas durante el fracasado gobierno interino de Juan Guaidó y se opuso a todas las diferentes intentonas de diálogo con el chavismo para buscar una salida negociada. Desde 2020, además, defendió que la participación electoral de la oposición legitimaba al chavismo y se negó a participar. Ahora, a la vista del nulo éxito de un final por la fuerza del Gobierno, un discurso más moderado y el abrazo de nuevo a la senda electoral le devolvieron a Machado el relumbrón perdido durante años.

La política logró conectar en estos meses de campaña a las primarias con gran parte de una sociedad venezolana desnortada políticamente, que vio en esta mujer la determinación que tantas veces falló entre una oposición siempre dividida y titubeante ante la mejor estrategia para vencer al chavismo. Machado promete ahora derrocar al Gobierno de forma democrática, participando en unas elecciones justa y libres a las que el chavismo, presionado por EE UU, se ha comprometido hace apenas una semana. Fue en medio del fulgor de la campaña, cuando empezó a verse que Machado no tendría rival en las primarias, que la maquinaria judicial del chavismo se puso a trabajar.

A finales de junio, la Contraloría impuso una sanción que inhabilitaba a la política a ejercer cargos públicos durante 15 años. La decisión fue impulsada por el diputado José Brito, que forma parte de la llamada bancada de “alacranes” que agrupa a antiguos opositores a Nicolás Maduro ahora instrumentados por el Gobierno. Brito fue quien pidió a la Contraloría que verificara “el estatus” de la posible candidata a las elecciones presidenciales de 2024, que resolvió inhabilitarla 15 años tras una “investigación patrimonial”. El ente explicó que la sanción se debía a los fallos en una declaración jurada como exdiputada sobre la justificación de unos fondos durante el período auditado. Lo mismo por lo que había sido inhabilitada en 2015 a 12 meses, pero cuyo castigo se había decidido extender ahora a 15 años. La Contraloría también la acusó de ser cómplice de Guaidó en tramas de corrupción, aunque la política nunca formó parte del gobierno interino, y le recriminó haber defendido las sanciones de Estados Unidos contra la economía venezolana. Para entonces, las encuestas para las primarias ya mostraban una Machado disparada.

Y así hasta hoy. Machado es ahora la virtual candidata de la oposición a las presidenciales, pero todo depende del futuro de su inhabilitación. Los acuerdos firmados la semana pasada en Barbados entre el Gobierno y la oposición especifican que de cara a los comicios del año que viene se promoverá la autorización “a todos los candidatos y partidos políticos”, pero el Gobierno ya ha alejado la posibilidad de levantar la inhabilitación sobre Machado. Después del éxito de las primarias del domingo, con un estimado de más de dos millones de votantes, empieza la lucha contra la inhabilitación, en la que tendrán peso el apoyo popular a Machado, el esperado cierre de filas de toda la oposición con la candidata electa y la presión que ejerza Estados Unidos.

La última palabra, en cualquier caso, la tiene el propio Maduro, que si bien necesita mantener la nueva etapa de entendimiento abierta con Washington para la extensión del alivio de las sanciones sobre el gas y el petróleo, también está claro que no tiene ninguna intención de ceder el poder. A la vista de la movilización opositora del domingo y de los índices de popularidad de la ganadora -muy superiores a las del presidente-, en unas elecciones libres, justas, con observación internacional y Machado habilitada, Maduro lleva todas las de perder.

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