El coronel Hugo Aguilar ahonda en su relación con el paramilitarismo

De Suaita, un pequeño municipio de Santander, es uno de los personajes más poderosos de ese departamento al nororiente de Colombia, Hugo Eliodoro Aguilar. Inicialmente conocido por ser el policía que dio de baja al narcotraficante Pablo Escobar —aunque hay versiones de que el disparo fue de otros—, luego saltó con éxito a la política electoral y ahora está solicitando su admisión en la Jurisdicción Especial en la Paz (JEP), el tribunal que surgió tras el Acuerdo de Paz. Aguilar, conocido como el coronel por su mayor grado en la Policía, fue gobernador de los santandereanos entre 2004 y 2007. Ante la JEP ahondó en su relación con grupos paramilitares, por la que la Corte Suprema lo condenó hace 11 años, y confesó que lo apoyaron durante su campaña a la Gobernación. Ingresará a la justicia transicional si los magistrados consideran que sus declaraciones aportan suficiente para esclarecer la verdad. Es su última oportunidad.

Así maté a Pablo Escobar fue el título de Aguilar para un libro que publicó en 2015. La portada tiene su foto más famosa, en la que se le ve joven, sonriendo a la cámara, armado y sosteniendo el cadáver del capo, como botín de guerra. En su diligencia en la JEP contó las etapas previas del operativo de diciembre de 1993. Admitió su participación en reuniones de esa época, cuando pertenecía a la Policía, con jefes del paramilitarismo. “En 1993 me encontraba en el Bloque de Búsqueda. Para esa fecha, el general Maza le informó al coronel Hugo Martínez que debíamos recibir a Carlos Castaño y a Don Berna, que tenían información importante [sobre Pablo Escobar]”.

Aguilar compartió otra anécdota sobre esa primera colaboración con quienes luego serían cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según dijo, estuvo en el momento en que se creó el grupo paramilitar Perseguidos por Pablo Escobar —conocido como ‘Los Pepes’— , que fue financiado por delincuentes enemigos del capo, entre los que estaban los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, las cabezas del Cartel de Cali. Con asesinatos de allegados y miembros de su círculo cercano, Los Pepes atacaron a Escobar, además de entregar información al Estado para que lo capturara. Aguilar, frente a los magistrados, atribuyó a sí mismo el nombre de la organización criminal.

“En una reunión de inteligencia nosotros determinamos qué hacer para que no nos estuvieran inculpando, porque nos iban a judicializar a los que integramos el grupo de operaciones especiales. En esa reunión pasó un policía que tenía un jean [de marca] Pepe y se me ocurrió decirle a todos los mandos y oficiales que participábamos: ‘Miren ahí está la sigla, Los Pepes’”, comentó. Al igual que otros datos de su testimonio, es una versión que ha sido negada por otros protagonistas de la lucha contra Escobar.

También se refirió a la recompensa que le dio el Estado por ser parte activa de la operación militar. Dijo que era el origen de su patrimonio. “La recompensa que estableció el Gobierno Nacional nos la distribuyeron a los hombres que hicimos el operativo (...) Los 5.000 millones [cerca de 1,3 millones de dólares al cambio actual] que ofrecía el Gobierno Nacional por la captura o muerte de Pablo Escobar”.

En su momento, la Corte Suprema de Justicia condenó a Aguilar por otros hechos. Encontró que incurrió en un concierto para delinquir agravado por llegar a acuerdos con paramilitares que operaban en Santander durante su etapa como mandatario departamental. En agosto de 2022, ante la Comisión de la Verdad y ya con su condena purgada, el coronel aceptó que esta organización criminal le suministró ayuda para ser elegido gobernador a principios de siglo. En la JEP volvió sobre el tema. “En la campaña a la Gobernación ya entra el apoyo que me dan las Autodefensas, en especial en lo que era el permiso para poder hacer proselitismo. Ellos le decían a la gente que debían votar por el coronel Aguilar”.

Negó haber administrado dineros ilícitos y narró detalles escabrosos sobre crímenes cometidos por los paramilitares, aportando mapas y estudios de topografía. “En la finca Gorgona, que fue de Luis Ramírez, alias ‘Puntilla’, había un lago y los cadáveres de la gente que asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago”.

En su cuatrienio en la Gobernación, dijo Aguilar, los hospitales y centros médicos públicos fueron obligados a atender a miembros de las AUC, llegando a dar la orden a médicos y enfermeros de movilizarse a zonas rurales para auxiliar heridos. También relató la inacción que él mismo propició en su Administración cuando las tropas ilegales ejecutaban una acción militar. “Uno se daba cuenta de los desplazamientos, del robo a la gasolina del oleoducto de Ecopetrol y no se hizo nada”.

Aguilar no prosperó la primera vez que tocó las puertas de la JEP. En diciembre de 2019 solicitó la admisión, pero fue rechazado. Objetó esa decisión y ahora se le abre la posibilidad de convencer a los magistrados con más testimonios y pruebas de su papel en el conflicto armado. Su compromiso con la verdad es cuestionado desde marzo de 2017, después de ser fotografiado conduciendo un auto de alta gama después de que había alegado ante la justicia que solo podía compensar a sus víctimas con cuotas mensuales de 500.000 pesos (125 dólares) ya que sus vaciadas finanzas le impedían pagar más. Las autoridades le decomisaron el vehículo y retiraron la libertad que tenía por haber cumplido tres cuartas partes de su pena. Salió definitivamente de la cárcel en 2022, tras haber pasado seis años en prisión. Y pese a estar privado de su libertad e inhabilitado para ejercer funciones públicas, su poderío políticos ha aumentado en las últimas décadas gracias a dos de sus hijos, Richard y Mauricio. Ambos fueron senadores y, al igual que su padre, gobernadores.

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