Juzto, el emprendimiento que prometía evitar las fotomultas y terminó incumpliendo a cientos de usuarios

No era necesario tener un vehículo para que los algoritmos de las redes sociales arrojaran la publicidad de Juzto. Su mensaje era sencillo y atractivo: si un conductor recibía una fotomulta —era sancionado por cometer una infracción vial captada a través de cámaras de vídeo y detectores de velocidad—, los abogados de la compañía se encargarían de impugnar la sanción ante las autoridades competentes y eliminarla a cambio de un pago sustancialmente menor al que pedía el Estado colombiano. Juzto aseguraba tener un alto porcentaje de éxito con los casos que llevaba y prometía, incluso, asumir el pago de las multas si su servicio no funcionaba. Hoy el negocio sucumbe después de que la compañía anunciara que entra “en proceso de cierre de operaciones”, mientras cientos de clientes se preguntan a dónde fue a parar su dinero.

En su página web, Juzto se define como “una plataforma para crear documentos, realizar trámites personales o empresariales y facilitar asesoría legal experta”. Fue creada en 2019 con el nombre Disrupción al Derecho y su director ejecutivo es John Morales Reyes, un abogado de la Universidad del Rosario con experiencia en el sector financiero. En una entrevista con W Radio, en febrero de este año, explicaba la oferta de valor. “Nuestra compañía no es una invitación para que la gente pueda incumplir esas normas y ande impune por la vida, pero sí es una exigencia para que las autoridades respeten esas garantías y esos derechos fundamentales”, en referencia al derecho a la presunción de inocencia, que era la base de sus argumentos para anular las fotomultas.

La Corte Constitucional, en 2020, determinó que las fotomultas debían imponerse exclusivamente al conductor del vehículo infractor y no a su propietario. Bajo esa lógica, cuando una cámara registraba a un carro incumpliendo una norma vial, las autoridades debían identificar al piloto para notificarlo de la sanción, una tarea casi imposible debido a que solo tenían una fotografía del vehículo en movimiento. Esto permitió que muchos propietarios que recibieron fotomultas las impugnaran.

Para el ciudadano promedio se trataba de un trámite tedioso porque la impugnación inicia un proceso con múltiples diligencias que tardan meses e implicaba contradecir los argumentos de los equipos jurídicos de cada autoridad vial local. Esa era la oportunidad de negocio de la que sacó provecho Juzto. Morales explicaba que los procesos eran, en su mayoría, una victoria segura. “Cuando la gente nos encarga su caso dentro de los diez primeros días, que es cuando está en estado de comparendo [una etapa previa a que sea considerada formalmente una multa], tenemos una tasa de éxito superior al 98%”, contó a W Radio.

El optimismo que Morales mostraba hace diez meses contrasta con la situación actual de Juzto. En TikTok circulan videos de usuarios que afirman haber sido “estafados” por el emprendimiento y en Facebook se creó un grupo que reúne decenas de testimonios de personas inconformes. El portal de la compañía, a la vez que presume ahorrar a sus clientes más de 2.519 millones de pesos (cerca de 629.700 dólares), advierte que “no está recibiendo nuevos casos”. EL PAÍS contactó a Juzto a través de llamadas y correos electrónicos desde el viernes 15 de diciembre, pero no recibió respuesta hasta el momento de publicar.

Diego Gélvez es uno de los clientes insatisfechos. Fue multado en marzo mientras conducía su vehículo por la autopista norte, en Bogotá. “Me notificaron de la fotomulta a los dos días. Supuestamente sobrepasé el límite de velocidad por tres kilómetros por hora. Sabía previamente de Juzto porque tenían mucha publicidad. Quise averiguar y encontré que tenían modalidades para contratarlos”, recuerda. La compañía ofrecía distintos paquetes: el más sencillo constaba sólo de la impugnación y tenía un costo de 109.000 pesos (27 dólares); el siguiente valía 139.000 pesos (35 dólares) e incluía la devolución del dinero en caso de que la impugnación fracasara; y en el más exclusivo, de 169.000 pesos (42 dólares), Juzto se comprometía a pagar la fotomulta, así como los intereses, si no tenía éxito impugnando.

Gélvez se decantó por la última opción. “La promesa que hacían era que todos los casos que llevaban se podían ganar. Uno les enviaba cierta información, como el número del comparendo, y ellos definían si accedían a hacerse cargo del proceso. Hicieron el estudio de mi caso, lo tomaron y me iban enviando notificaciones sobre cómo avanzaba la impugnación. Desde octubre no sé nada de ellos”. Agrega que ante el silencio de la compañía, a la que intentó contactar por teléfono y correo electrónico, optó por pagar la multa en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Transitando la autopista norte también fue sancionado Miguel Sotelo, quien toma esta ruta todos los días para llegar a su trabajo. Fue notificado de seis fotomultas, todas por superar la velocidad máxima permitida. “Las fotomultas están inventadas para robar a los que tenemos carro. Todas las que me pusieron fue por andar a 51 o 52 kilómetros por hora, cuando el límite está en 50. Decidí acudir a Juzto en septiembre y básicamente me convencieron de que mi caso se podía ganar”. Su esposa le comentó sobre las quejas que aparecían en redes sociales, por lo que trató de comunicarse con alguien de la compañía. Explica que nunca logró conversar con un trabajador porque siempre que ingresaba a sus canales de atención era redirigido a contestadoras y chats atendidos por bots.

Al igual que Gélvez, ante el afán de llevar a cabo un trámite de su vehículo y el silencio de Juzto, finalmente pagó las fotomultas. “Pagué 800.000 pesos (200 dólares) por unos servicios que nunca me brindaron, más los 3,6 millones de pesos de las infracciones (900 dólares). Me tocó porque no tenía otra alternativa y los intereses seguían acumulándose”.

El descontento con Juzto está presente en otras ciudades. Giovanny Cárdenas, residente de Medellín, contrató los servicios de la compañía en septiembre de 2022 tras ser sancionado por cruzar un semáforo en rojo. Relata que nunca recibió respuesta a los cinco formularios y un derecho de petición que envió a la empresa para saber cómo avanzaba su impugnación. Su licencia de conducción se venció durante ese tiempo y se vio obligado a pagar la fotomulta para renovarla. “Hace un mes, en noviembre, aparecieron finalmente. Les conté que como no me respondieron, pagué la fotomulta y les pedí el favor de que me devolvieran el dinero, apelando a lo pactado cuando los contraté. Me dijeron que como yo había pagado, se vencían los términos y ellos ya no tenían ninguna responsabilidad”.

Todavía no está clara cuál es la razón del fin de las operaciones de la empresa, pero se da después de otro fallo de la Corte Constitucional que golpea el corazón de sus argumentos para anular las fotomultas. Si bien en 2020 el tribunal señaló que los responsables eran los conductores y no necesariamente los propietarios, posteriormente, en 2022, dictaminó que los dueños deben velar porque sus vehículos circulen “sin exceder los límites de velocidad permitidos” y “respetando la luz roja del semáforo”. Esta decisión dotó de nuevos argumentos jurídicos a las autoridades viales para cobrar las fotomultas a los propietarios y cerró la posibilidad para que éstos continúen impugnándolas.

La justicia impulsó a Juzto y poco después fue su verdugo, en el momento en que parecía tener una enorme proyección. El año pasado, en Bogotá, se impusieron cerca de 640.000 fotomultas, por lo que solo en esa ciudad existía un mercado potencial de más de 64.000 millones de pesos (16 millones de dólares) sin competencia visible. En lugar de eso, la compañía enfrenta cientos de reclamaciones de antiguos clientes, que tienen difícil lograr una respuesta, pues desde 2021 la empresa ha reportado consistentemente a la Cámara de Comercio que debe más dinero del que tiene.

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