La economía popular, un pilar del desarrollo de Colombia que busca una definición clara

Hay miles de definiciones de la economía popular. Parece que todos tienen una propia; “es básicamente la gente que vende chocolates en la esquina”, “es la economía de sustancia”, “es un mercado de trabajo que está construido por independientes que no tienen protección social”. Nadie sabe muy bien cómo explicarlo. Pero sí apuestan a que formará parte clave del desarrollo de Colombia. Por eso fue uno de los principales temas del Desafío de Desarrollo Social 2023, presentado este martes por PRISA MEDIA, sociedad editora de EL PAÍS, en Bogotá.

Ante una sala llena de líderes políticos y sociales, la invitada de honor, la directora de Prosperidad Social y exjefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, abrió el diálogo con unas palabras sobre el futuro del país. “Sabemos que queremos ver una Colombia en paz. Una Colombia próspera. Una Colombia con justicia social. ¿Pero cómo llegamos hasta allá?”. Para muchos de los asistentes, gran parte de esa respuesta pasa por la economía popular.

Uno de ellos, Hernando Torres, argumenta que hay que repensar cómo definimos el trabajo y los impuestos. El decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, la mayor universidad pública del país ―”y la mejor”, declara él entre risas― dice que se tiene que aceptar que está bien que los trabajadores de la economía popular no paguen el impuesto de renta como lo hacen los asalariados. El 56% de los colombianos trabaja en la informalidad. Según Torres, eso no quiere decir que no pagan impuestos. “Esos ciudadanos lo hacen de otra manera”, asegura. “Si soy vendedor ambulante y vendo una gaseosa en una esquina, esa gaseosa es producto de una cadena de producción. Y cuando me la tomo, esa gaseosa está pagando impuestos”, explica.

El problema, sin embargo, es que si no cotizan oficialmente al Estado por salud o pensiones, no tienen acceso a toda la protección social. Entonces, viven en la precariedad. La solución, sugiere Torres, tiene dos vertientes. Por una parte, el Estado tiene que “nutrir” la economía popular de mecanismos financieros, técnicos, educativos y tributarios para que desarrolle y ofrezca más oportunidades a la ciudadanía. Por otra, debe llevar servicios a las comunidades con más necesidades. “No podemos dar a todos a la vez. Si Chocó, La Guajira o la Costa Pacífica tienen dificultades porque no tienen las dotaciones para vivir, para tomar agua, para estudiar, no van a poder avanzar social y económicamente”, sostiene.

― ¿Y el Gobierno está llevando esos servicios a las regiones?

― Puso el tema, lo verbalizó. Ahora toca todo el camino de construcción, que va a ser muy duro.

Genoveva Palacios es de Quibdó (Chocó), tiene 47 años y tres hijos vivos ―mataron a otro el año pasado, cuenta—. Necesita esos servicios. Llegó al Desafío de Desarrollo Social por invitación de Sarabia, a quien conoció en su ciudad cuando el presidente Petro llegó allí en 2022 para celebrar su elección. Como muchos otros habitantes de esa capital, Palacios se dedica a la venta ambulante. Vende productos de catálogos, jugo de naranja, chance, dulces. “Es lo que hay”, explica en diálogo con este diario. “En nuestro territorio no hay empresas que generen empleo. Más que todo es trabajo informal, el rebusque”, dice.

Para ella, Quibdó es exactamente el tipo de lugar que se beneficiaría de las políticas que describe Torres. “Allá hace falta de todo, porque no tenemos nada. No hay nada”, lamenta. “Muchos jóvenes quieren tener oportunidades y allá no se dan. Entonces, tienen que salir para buscarlas”. De hecho, su hija es una de las que se tuvieron que ir. Estudió un curso de primera infancia cerca de casa, pero en su departamento “no le dan empleo”, explica su mamá. Así que se mudó a Medellín.

Una de las personas encargadas de facilitar que esas comunidades necesitadas tengan servicios es María José Navarro. La superintendenta de la Economía Solidaria tiene la función de vigilar a las entidades del sector solidario como las cooperativas, las asociaciones mutuales y los fondos de empleados. En una intervención durante el foro, recuerda que “cuando estaba chiquita” sus papás formaban parte de la economía popular: hacían empanadas en casa y las vendían en la calle. Para ella, “la innovación que tiene el colombiano para poder resolver su día a día es lo que podemos llamar la economía popular”.

Luego, en entrevista con EL PAÍS, explica que la mejor manera de ayudar a los empleados de esa economía es construyendo “ofertas institucionales alrededor de las soluciones que la gente necesita”, en conjunto con un “gasto público eficiente”. Para hacer eso, asegura, hay que dialogar con ellos. “Hacerlo eficiente es hacerlo con la gente”, declara, sin darse se cuenta de la rima.

Navarro pone el ejemplo de los grandes proyectos de infraestructura en los municipios alejados. Muchas de las licitaciones se las ganan grandes empresas que nunca han ido al territorio, argumenta. “Este Gobierno está proponiendo que sea a través de las organizaciones de base, las cooperativas locales, la junta de acción comunal, que se materialice el gasto público y la oferta institucional en estas regiones”, explica.

Al hacer eso, las comunidades no solamente recibirían los servicios que tanto necesitan, sino también tendrían ingresos y la oportunidad de participar en su propia economía. Esa es la clave para el desarrollo de la economía popular —y del país―, según Navarro: “Soluciones construidas con la gente”.

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