El impacto del 7-O en la política de Colombia

El 7 de octubre de 2023, o 7-O, es un día que jamás debería repetirse. Esa fecha marca una nueva era en las relaciones internacionales. En un mundo que no supera las atrocidades de la guerra de resistencia de Ucrania contra la ocupación rusa, se suma un nuevo y sangriento capítulo del conflicto en el Oriente Próximo marcado por el terrorismo de Hamás y la desproporcionada respuesta de Israel, la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y el castigo a más de dos millones de civiles inermes.

Desde Gaza se transmite en directo al mundo la ilimitada capacidad de barbarie del ser humano y el colapso de la razón cuando se trata de eliminar al adversario.

Todo cuanto ocurre en Gaza impacta la agenda global y mueve el péndulo de la historia. Colombia no es la excepción, máxime cuando el presidente Petro lidera, en medio de una sociedad cada día más polarizada, una agenda por la reconciliación nacional, conocida como la paz total, que busca cerrar un ciclo interminable de violencia que lleva más de 60 años, dialogando en mesas paralelas con diferentes actores armados ilegales. En el papel, la paz total es una nueva oportunidad para fortalecer la democracia, derrotar el pesimismo colectivo y construir un mejor futuro para todos. En la realidad, las cosas no han funcionado al ritmo deseado por la sociedad civil y la dirigencia en los territorios.

Frente a los acontecimientos internacionales, el jefe de Estado colombiano ha ido contra la corriente mayoritaria de la opinión pública y se ha mostrado autónomo, abandonando el alineamiento extremo de presidentes que lo precedieron a la agenda de Washington. A través de la red social X reaccionó en caliente y expresó su postura frente a la masacre de civiles en Israel, condenando la reacción de Netanyahu, no el terrorismo de Hamás.

El fin de semana pasado se vivió una avalancha de críticas al presidente Petro por sus posturas, que alcanzaron la máxima tensión cuando respondió airado a las declaraciones salidas de tono del embajador de Israel en Colombia. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, respondió Petro. Y ahí se incendiaron más los ánimos. Durante dos días llovió más odio en las redes que misiles en Gaza.

El bombardeo del Hospital Bautista de Gaza, cuya responsabilidad aún sigue sin reconocerse, las imágenes de la crisis humanitaria aumentada por la orden de desalojo y la inminente incursión terrestre del ejército israelí, crearon un clima de tensión que solo se calmó, temporalmente, por la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Oriente Próximo. Ello, sumado a las declaraciones de los presidentes de China y Rusia, crearon un nuevo clima que bajó la temperatura de la confrontación, con un cese al fuego. La nueva situación sirvió para que muchos antipetristas guardaran mesura. Algunos, incluso, han borrado sus trinos ofensivos.

El desarrollo de los acontecimientos, a 12 días del inicio de la escalada militar en Gaza, ha permitido que el presidente Petro haya ido precisando su mensaje por la paz en Oriente Próximo, sin renunciar a la columna vertebral de su pensamiento. Aminorada la tormenta interna, es obvio que el jefe de Estado entiende la dificultad que significa ser percibido como aliado de Hamás y enemigo de Israel. Por ello ha sido reiterativo en que es amigo del pueblo palestino, abanderado del Derecho Internacional Humanitario, la solución pacífica de los conflictos y el establecimiento de dos Estados, como ordenó Naciones Unidas en 1947.

Lo que sigue es preguntarse qué tanto de lo que ha ocurrido en estos 12 días que han estremecido el mundo y sacudido la política interna impactará el proceso electoral en marcha ―en que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales―, que es uno de los más atípicos en años, con características únicas: con el primer presidente de izquierda en su historia; un Consejo Nacional Electoral que recibe críticas por descabezar candidaturas a pocos días de las elecciones; unas organizaciones armadas ilegales que amenazan, mientras se adelanta la política de paz total, la voluntad popular en cientos de municipios, como lo denuncia la Defensoría del Pueblo; y la intención de la oposición de convertir la jornada en un referendo antipetrista.

Para resolver esa pregunta hay que recordar la historia y mirar las elecciones presidenciales de 2002, cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos cambiaron la política mundial, impusieron una agenda global antiterrorista y en Colombia se pasó del fallido proceso de paz del Caguán con las FARC a la seguridad democrática de Uribe, que privilegió la solución militar al conflicto armado interno y terminó marcada con 6.402 casos de falsos positivos.

Los resultados electorales del próximo 29 de octubre tendrán un enorme impacto para el Gobierno nacional, que deberá entender las nuevas circunstancias y acelerar los cambios en una coexistencia con nuevos liderazgos emergentes, una agenda de descentralización y desarrollo que se impondrá desde las regiones, y el inicio de la campaña presidencial de 2026. Quizá el 29 de octubre en la noche el presidente entienda el alto costo político que está pagando por querer incidir en la solución de los conflictos internacionales, con el celular disparando trinos de manera incesante, cuando tiene la casa en llamas, los cambios prometidos no llegan y la semilla de la paz total aún no retoña.

Las encuestas muestran que en Colombia persiste un gran pesimismo en el futuro, que aumenta con la pesada carga de noticias falsas y discursos de odio en las redes. Las elecciones del próximo 29 de octubre son una enorme oportunidad para fortalecer la democracia y recuperar la confianza. Una masiva votación será un mensaje contundente de una sociedad que ama la vida, rechaza el terrorismo y apuesta por la convivencia, que se escuchará con fuerza en todo el mundo.

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