Perdonar para sanar la democracia

El pasado 3 de octubre, en la Plaza de Bolívar, a escasos metros del centro de poder nacional, Colombia vivió uno de los momentos más impactantes en el proceso de reconciliación nacional: la solicitud de perdón, en nombre del Estado, del presidente Petro a 19 madres de Soacha por el asesinato de sus hijos a manos de agentes descompuestos de la fuerza pública, en el fenómeno sistemático de violación de derechos humanos conocido como los falsos positivos, que dejó una cifra de víctimas, según la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP), que hoy está marcada con sangre en la historia del conflicto armado interno: 6402.

Los llamados falsos positivos son un concepto que encubre la barbarie de la política contrainsurgente aplicada durante los ocho años del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que incluía contar cuerpos, llamados positivos, para incrementar la popularidad del Gobierno, ganar elecciones, y demostrar el supuesto éxito de la seguridad democrática, el aumento del poder estatal y control territorial, y el avance en la derrota militar de las FARC y el ELN.

Todo comenzó cuando el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, firmó la directiva 029 de 2005, que garantizó recompensas y estímulos a los militares por captura o eliminación física de guerrilleros y lideres de organizaciones criminales, y que la fuerza pública aplicó a rajatabla en los territorios, muchas veces en alianza con organizaciones paramilitares, usando tácticas de engaño, sin detenerse a cuestionar el enorme daño a la democracia y la institucionalidad.

La tragedia de los falsos positivos ha permitido ratificar el valor de las víctimas, la fortaleza de las instituciones y la trascendencia de la JEP, donde oficiales del Ejército, incluidos generales en retiro y suboficiales, han comparecido para atestiguar sus graves faltas a la Constitución y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), amparados en una normatividad que no sirvió para ganar la guerra, sino para degradarla, ahondar el dolor y el terror de las comunidades, y manchar el honor de las Fuerzas Militares, que casi 20 años después han tenido que pedir perdón a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional por sus delitos atroces.

Uno de los casos más estremecedores ha sido la audiencia de la JEP en Yopal, del pasado 18 de septiembre, en la que 21 oficiales, incluido el general en retiro Henry William Torres Escalante, perteneciente a la Brigada XVI, reconocieron su participación en el asesinato de 303 civiles, que presentaron como bajas en combate y celebraron como el triunfo del Estado sobre la subversión. Su declaración hoy es, paradójicamente, el triunfo del Estado sobre la atrocidad y el engaño; la victoria de los Acuerdos de Paz sobre los guerreristas.

A hoy han comparecido ante la JEP 41 oficiales a reconocer sus delitos y decir la verdad, dejando sin piso la narrativa de que fueron hechos aislados, o discursos de la guerrilla para deslegitimar a la fuerza pública.

Lo que ha ocurrido en la JEP ha obligado al país a valorar la justicia transicional y a dimensionar el significado del perdón como esencia de la reconciliación. La derecha, que dispara a diario bulos contra la Justicia Transicional, ha perdido audiencia. La verdad sale a flote a borbotones, en medio del llanto de las víctimas y el arrepentimiento de los victimarios, venciendo los argumentos de los negacionistas, arrinconando a los revisionistas, obligando a los responsables a dar la cara, pero también generando nuevos episodios de polarización entre viejos enemigos de la reconciliación que arremeten, arrinconados por la verdad, en su lucha por deslegitimar la institucionalidad para la paz. La desmesurada reacción del expresidente Uribe a una columna en El Espectador, del jurista Rodrigo Uprimny, es ejemplo de ello.

Todo sería diferente si el presidente no fuera Petro. Con su llegada, crece con el paso de los días el impacto de la JEP en la construcción de la verdad y el tema de los falsos positivos dejó de ser un tabú para la opinión pública. Además, el Estado y la fuerza pública lo asumen en la actualidad con responsabilidad democrática y no se atrincheran en razones de Estado para evadir el clamor de las víctimas porque haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Con el nuevo Gobierno, igualmente, los actos de excusas públicas a las víctimas dejaron de ser un asunto esporádico de un Estado vergonzante y a la defensiva. En tan solo 33 días, el primer mandatario, personalmente, pidió perdón en nombre del Estado en dos casos emblemáticos de violación de derechos humanos: el 31 de agosto por el asesinato, el 19 de agosto de 2011, a manos de un agente de policía del niño grafitero Diego Felipe Becerra; y el pasado 3 de octubre a las 19 madres de los falsos positivos de Soacha, en donde pronunció un discurso en el que dijo: “la verdad no es para vengarnos”.

Gracias a la JEP, Colombia vive tiempos en los que la reconciliación echa raíces y las víctimas son protagonistas del cambio de paradigmas. Ahí está la clave para sanar la democracia y avanzar hacia un acuerdo nacional en el que proteger la vida sea la guía de un nuevo futuro. Después de 60 años de guerra interna y tantos hechos de barbarie protagonizados por uno u otro bando, faltan muchos actos de perdón del Estado, por su acción u omisión. La JEP abrió la puerta a la verdad. Hay que permitirle que entre a esta casa grande llamada Colombia y nos cambie la vida para siempre.

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