Las verdades de Mancuso ante la JEP

Los cuatro días de audiencia de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido un aluvión de horrores y de constatación sobre cómo los paramilitares se apoyaron en militares, políticos y empresarios para expandir su violencia en todo el país. El impacto de sus palabras llegó hasta el presidente Gustavo Petro. “Según Mancuso, José Miguel Narvaéz (ex director del DAS) desde el DAS ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas. Por eso aún escribo por aquí”, dijo el hoy mandatario a la audiencia pública.

Mancuso pretende entrar a la JEP y obtener beneficios judiciales, para lo que debe hacer aportes extraordinarios a la verdad. Y aunque algunos opinadores dijeron que no lo hizo, y narró hechos que ya habían aparecido en versiones judiciales, sí hizo aportes: dio detalles y nombres nuevos de militares y policías que trabajaron con ellos y entregaron listados de personas que consideraban guerrilleros para que los paramilitares las asesinaran. “Muchos de los hechos verificados han pasado por contextos judiciales, pero dejo constancia que (en estos cuatro días) he podido escuchar relatos nuevos que deberán ser contrastados”, dijo al final el delegado de la Procuraduría.

La versión de Mancuso, que tiene a su hombro más de 800 masacres, también ha ratificado que la alianza criminal fue más amplia de lo que el país quiere aceptar. “Ahora esas personas quieren deslegitimar lo que digo”, afirmó al final de los cuatro días. Si después de verificar sus declaraciones, la JEP considera que son novedosas y que logró demostrar que tuvo una función de bisagra, podría entrar a la jurisdicción. La JEP tiene la última palabra.

Estas fueron las claves de su declaración:

La masacre de El Aro se planeó en la Cuarta Brigada

Mancuso había ofrecido entregar información sobre la participación de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre de El Aro, en Ituango, cuando Álvaro Uribe era gobernador. Fue una de las masacres sangrientas del conflicto, con 17 muertos y 5.000 desplazados, y en la que siempre se denunció la connivencia con las fuerzas militares.

El exjefe paramilitar dijo que la masacre se planeó con un año de antelación e involucró al general Iván Ramírez; al fallecido secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno; y al general Alfonso Manosalva, comandante de la Cuarta Brigada. “(Las planeaciones) iniciaron desde la Casa Castaño cuando las pide Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia hasta el general Iván Ramírez y de ahí hasta la IV Brigada donde me reúno personalmente con el general Manosalva”, dijo. En otras oportunidades, diferentes desmovilizados de los paramilitares hablaron de la participación de ese general. Uribe, durante una entrevista, negó que eso fuera posible porque Manosalva murió nueve meses antes de la matanza. Las fechas de Mancuso lo vuelven a ubicar en ese caso.

“Recibimos una información de planeación, sobre planos, corredores estratégicos de movilidad, ubicación de campamentos guerrilleros, de rutas de apoyo, rutas de acceso nuestras, corredores a bloquear para ingresar y evitar apoyos entre un frente y otro de guerrilla dentro de un mismo frente (...) Supuesta ubicación de secuestrados en la población de El Aro. También, se entregaron listados donde existían órdenes de batalla de la guerrilla, auxiliadores, milicianos, colaboradores de la guerrilla”.

Uno de los magistrados de la JEP indagó sobre la participación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles en El Aro y la masacre de La Granja, por el cual ha sido investigado uno de los hermanos del expresidente Uribe. Mancuso respondió que sí, pero no entró en detalles y pidió una sesión privada para hacerlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por las dos masacres.

Los militares pidieron asesinar a Jaime Garzón

Otro de los casos icónicos en el país fue el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón en 1999. Según Mancuso, lo mataron “por pedido de altos mandos militares”. “Después del homicidio, del asesinato de Jaime Garzón, que fue una petición directa a Carlos (Castaño) de altos mandos militares (...)”, dijo el exjefe paramilitar ante la JEP y pidió ampliar más detalles de forma privada.

El DAS entregó listas de personas a asesinar, como Gustavo Petro

Ya era conocida la participación del ex director del DAS, José Miguel Narváez, en el asesinato de Garzón. Mancuso amplió sus alcances. “Narváez pasaba un listado a las autodefensas donde consideraba al Comité de Presos Políticos como un ‘comité de la guerrilla’, también a la Comisión Colombiana de Juristas de Gustavo Gallón y al Colectivo de abogados José Alvear Restrepo”, dijo Mancuso. Después del periodista quien seguía en la lista era Gallón, hoy embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra. “No fue asesinado por las AUC porque Carlos Castaño vio las graves repercusiones (del caso Garzón)”.

Narváez instigó también, de acuerdo con Mancuso, el asesinato del hoy congresista Alirio Uribe y de Piedad Córdoba, entre otros políticos. “El mismo canciller de hoy, Álvaro Leyva, y el presidente Gustavo Petro fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. (...) Todo lo que tuviese que ver con la izquierda, él lo consideraba un enemigo”, dijo.

El asesinato de Eudaldo Díaz fue petición de un político

Una de las frases más lacónicas de Mancuso fue cuando habló del asesinado exalcalde del Roble, Eudaldo Díaz. “Fue una solicitud directa creo que del gobernador (dudó). Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”. Pero cuando el magistrado le pidió aportes nuevos, dijo que los haría de forma privada por temor y por la presunción de inocencia de quienes mencionaría. El expresidente reaccionó a esa declaración.

Los hornos crematorios se usaron para ayudar a miembros de la fuerza pública

Mancuso dijo que las autodefensas implementaron el uso de hornos crematorios para ocultar los cuerpos de sus asesinados a solicitud de algunos miembros de las fuerzas militares, que les pidieron disminuir el número de muertos pues afectaban sus ascensos. Contó que al menos 200 víctimas fueron trasladadas y sepultadas del lado venezolano de la frontera para lograr el mismo fin.

Más de 70 grupos de operaciones conjuntas con militares

Mancuso habló de la existencia de 70 grupos especiales integrados por fuerza pública y miembros de autodefensa. “Ninguna gran operación llevada a cabo entre paramilitares y fuerzas militares se dio sin la participación de altos mandos del Ejército”, dijo. También afirmó que tenía injerencia sobre traslados de miembros de la fuerza pública que no le eran afines.

En este apartado dio nuevos nombres de integrantes de la Policía y la Armada que los apoyaron en la región de los Montes de María, y elementos sobre la planeación de operaciones conjuntas. De hecho, afirmó que en 14 masacres ocurridas en esa región entre 1999 y 2001, “efectivamente tuvimos coordinación en casi todas”.

Dijo que la justicia, tanto penal militar como ordinaria, facilitó el encubrimiento de esas alianzas y que solo procesaba lo que era imposible de ocultar. “Las fiscalías y jueces especializadas fueron los que se encargaban del tema que tenía que ver con paramilitarismo, y era efectivamente para aquel momento, las personas que capturaban de las autodefensas, casi todas salían de las prisiones”. Mancuso puso como ejemplo casos en el departamento de Cesar y en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Montería, todas en el Caribe colombiano.

La participación de políticos y empresarios

Mancuso habló de apoyo a políticos regionales y del direccionamiento de los votos en distintas elecciones presidenciales, a Andrés Pastrana, Horacio Serpa y Álvaro Uribe. Repitió que el ex vicepresidente Francisco Santos instigó la creación del Bloque Capital de las Autodefensas, algo que dijo décadas atrás.

También señaló nuevos nombres de empresarios que mediaron en la compra de armas y en la creación de grupos, criticó el papel de algunos medios de comunicación y detalló cómo fue la toma de la Universidad de Córdoba con el asesinato de docentes y estudiantes.

Ahora el exjefe paramilitar tendrá que profundizar en detalles de su audiencia. La JEP le dio hasta el 30 de junio para aportar, entre otras cosas, un listado de las personas de la inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina N° 1 en Montes de María, los nombres de “militares venezolanos vinculados con las acciones ocurridas en la frontera entre Colombia y Venezuela en la región del Catatumbo”, o los de los funcionarios de Ecopetrol que trabajaban con los paramilitares.

También tendrá que entregar la relación de los empresarios antioqueños con los que se reunió en Medellín para el fortalecimiento del paramilitarismo en Antioquia, los de aquellos que promovieron la incursión paramilitar en Sucre y un documento “en el que se amplíe la información suministrada sobre el vínculo de la empresa Postobón con el paramilitarismo”. Además, deberá dar información detallada sobre las víctimas del DAS y de los funcionarios de esa institución que borraban antecedentes judiciales de los paramilitares.

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