El Gobierno colombiano decreta la suspensión unilateral de las acciones ofensivas contra las disidencias del Estado Mayor Central

El Gobierno de Gustavo Petro ha decretado este martes “la suspensión de las acciones ofensivas y las operaciones especiales de Policía” contra las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central (EMC). El decreto, firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, es un gesto del Ejecutivo tras el difícil inicio de los diálogos de paz el pasado domingo en Tibú (Norte de Santander). La norma aclara que la suspensión está vigente hasta la medianoche del 16 de octubre. La previsión es que en ese momento, el próximo martes, empezará un cese al fuego bilateral y de carácter nacional entre ese grupo armado y el Estado.

En el texto del decreto, el 1640 de 2023, el Gobierno explica que “considera necesario” el cese de operaciones ofensivas contra las antiguas FARC “como un mecanismo para disminuir los efectos de la confrontación”. Para monitorear la suspensión, el Estado también crea un equipo especial de contingencias. Tendrá un representante del Ministerio de Defensa, otro de las Fuerzas Militares, uno más de la Policía Nacional, y uno de cada una de las dos delegaciones en los diálogos de paz, la del Gobierno y la del EMC. También invita a participar a miembros de varias oenegés y organizaciones internacionales que apoyan los diálogos.

La medida, tomada en la noche de este lunes 9 de octubre, es un paso hacia un cese al fuego bilateral. Se trata de una medida transitoria para dar tiempo para que las delegaciones logren un acuerdo al respecto. Eso después de que el domingo, ante unos 5.000 asistentes a la ceremonia que estaba pensada como la instalación oficial de la mesa de negociaciones, y una audiencia aún más grande en televisión pública, las delegaciones no lograran acordar los términos del cese bilateral y decidieran aplazar su inicio.

Los acontecimientos del fin de semana revelan una relación tensionada, marcada por altibajos, entre el Gobierno y el EMC. A finales de agosto, tras otra reunión en el Cauca, anunciaron que el 8 de octubre empezaría un cese al fuego bilateral de carácter nacional de 10 meses. La solución de aplazar el cese bilateral por una semana fue una alternativa, tras los rechazos de la delegación del EMC a otras posibilidades, como un cese escalonado por regiones o uno por 3 meses, en lugar de 10.

Las dificultades en llegar al acuerdo tienen varios factores. Una es la discusión sobre qué información debe revelar el EMC para que las organizaciones que acompañan los diálogos puedan crear una misión de verificación funcional, que pueda revisar cualquier presunta violación al cese. El dato específico de la ubicación de sus combatientes es motivo de dificultad. También lo es la situación en el Cauca.

El EMC atentó con una bomba contra una estación de policía que dejó siete policías heridos, un día después de firmar los compromisos de finales de agosto. Ante esto, el ministro de Defensa y la vicepresidenta, Francia Márquez, pusieron en duda su voluntad de paz. El Estado inició una ofensiva en el cañón del río Micay, en el Cauca, que tiene cultivos de uso ilícito. El presidente Petro retiñó su importancia: “He dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado. Yo la di después de que habían matado a policías por allá en otros pueblos. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma”, dijo sobre el EMC. El grupo respondió con un fuerte comunicado: “¿Cómo se puede abrir una mesa de diálogo cuando el Gobierno nos sigue calificando de narcotraficantes?”.

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