El Gobierno sostiene una reunión de “carácter cerrado y confidencial” con la principal disidencia de las FARC

Este miércoles el Alto Comisionado para la Paz anunció, a través de un comunicado, una reunión con delegados del Estado Mayor Central, la disidencia más grande de la extinta guerrilla de las FARC, que agrupa más de 3.000 combatientes. La oficina que encabeza Danilo Rueda explica que hasta el próximo 3 de septiembre “se desarrollará en zona rural de Suárez, Cauca, una reunión entre la delegación de paz del Gobierno nacional y el grupo de miembros representantes del Estado Mayor Central de las FARC”. Aclara que el encuentro se da en el marco de la llamada fase de alistamiento para una mesa de conversaciones con esa estructura armada.

Las relaciones con el llamado Estado Mayor, que lidera Iván Mordisco, han pasado por altos y bajos. En enero de este año se había logrado un cese al fuego bilateral de seis meses, pero fue suspendido por el presidente Gustavo Petro en cuatro departamentos antes de tiempo, tras el reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas en el Putumayo. Pese a que el 8 de julio las relaciones se restablecieron y se retomó una “agenda de paz”, el avance se vio empañado en las semanas siguientes por el recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el escepticismo de la sociedad civil.

La reunión “tendrá un carácter cerrado y confidencial, y contará con la presencia de testigos internacionales, la Iglesia Católica y del Consejo Mundial de Iglesias”, explica el comunicado oficial. Aunque no se especifica quiénes serán los representantes de los dos lados, el 11 de julio el presidente había emitido una resolución mediante la cual designó a Camilo González Posso, cabeza de la respetada oenegé Indepaz, como representante del Gobierno en esta fase preliminar, que tiene como fin “obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP”.

Por las disidencias, la delegación está conformada, entre otros, por Andrey Avendaño, un mando de la zona de Catatumbo, y por la vocera conocida como Ángela Izquierdo, quien empezó a ganar visibilidad cuando en abril, en una especie de cónclave de líderes guerrilleros, anunció que estaban listos para una mesa de diálogo. Ante cerca de 5.000 campesinos reunidos en los llanos del Yarí, en el sur de Colombia, propusieron que la mesa se instalara en Noruega. En aquella ocasión reapareció Iván Mordisco, a quien el Gobierno de Iván Duque había dado por muerto en julio de 2022.

Mordisco parecía estar más dispuesto en esta ocasión a entablar una conversación de paz, a pesar de exhibir su reluciente fusil. Este curtido guerrillero de las extintas FARC, cuyo nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández, comanda la federación de grupos que se denomina a sí misma como Estado Mayor Central. Este grupo, el más grande de las estructuras que no firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, desde entonces ha venido reuniendo nuevos combatientes y se le ha vinculado con actividades de narcotráfico. El otro sector es la denominada Segunda Marquetalia, creada por Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos y decidió retomar las armas en 2019.

El Estado Mayor Central es una especie de cuerpo colectivo de toma de decisiones cuyo funcionamiento interno no está completamente claro; se sabe que tiende hacia la centralización pero que al mismo tiempo busca la participación de las unidades regionales que lo conforman. Este organismo, con una cabeza visible y múltiples brazos, opera mediante 23 frentes en 16 de los 32 departamentos del país, con especial fortaleza en la región del Catatumbo y en Arauca, zonas fronterizas con Venezuela, en el nororiente del país, y en los departamentos de Putumayo y Cauca, al sur.

En el comunicado, el Gobierno aclara que esta reunión no es el inicio de un proceso de paz, sino un acercamiento previo y exploratorio: “En la actualidad el Gobierno nacional solo sostiene una Mesa de Diálogos de Paz, la que se desarrolla con el ELN, y tres espacios de conversación sociojurídica para la paz urbana, en Buenaventura, Quibdó y Medellín”. Añade que la condición para avanzar con las disidencias “será la exigencia permanente del respeto a la vida” y que “todos los diálogos apuntan a generar garantías de no repetición con protección de los derechos de las víctimas y transformaciones territoriales”. Finalmente, dice que el gobierno de Petro seguirá buscando salidas pacíficas a la violencia armada, “incluidas las que se han reciclado en los últimos 20 años”.

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