Cartagena del Chairá: una campaña en medio de extorsiones, control electoral y un alcalde en el exilio

En Cartagena del Chairá, un municipio de 36.000 habitantes a orillas del río Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur de Colombia, el calor es tan sofocante que cuesta respirar. Un profesor aguarda en uno de los corredores de la sede de la Alcaldía. Regresará más tranquilo a su vereda si entrega la carta que le han encomendado a algún funcionario que, en un golpe de suerte, salga de las oficinas donde se encierra el aire acondicionado. Prefiere la espera a dejarla en la ruta incierta de la ventanilla de correspondencia.

200 ladrillos, 80 láminas de zinc, 100 bultos de cemento… La lista es tan breve como necesaria para terminar una escuela para 25 estudiantes que construye la comunidad. “Hicimos el máximo esfuerzo en mejorar la atención de los niños y niñas, ya que la escuela donde se atienden está en malas condiciones”, dice la misiva, que incluye fotografías con muros a medio hacer.

Si el alcalde Edilberto Molina estuviera en el edificio de dos pisos, ubicado en el parque principal, recibiría el documento personalmente, como pasa en los pueblos pequeños donde los habitantes se agolpan con sus peticiones. Pero el despacho está vacío en la tarde de ese miércoles, como todos los otros días desde hace seis meses. No está inaugurando una obra, visitando un barrio o recorriendo una vereda. El mandatario, amenazado, gobierna desde Florencia, la capital del departamento, a tres horas por carretera.

Cuando hacía campaña, en 2018, Molina recibió una llamada. Era alias ‘Humberto Mora’, cabecilla de la disidencia de las extintas FARC que comandaba alias Gentil Duarte. El candidato no asistió a la cita que le fijó en inmediaciones del río Caguán. La siguiente llamada fue menos amigable. Le exigían 1.000 millones de pesos (250.000 dólares) si quería continuar en la contienda electoral. Volvió a ignorarlos.

“Vivimos la zozobra de la campaña, que nos iban a tirar una granada, que nos iban a asesinar. Faltando 20 días para las elecciones salió un ‘plan pistola’ y yo era uno de esos objetivos. Asesinaron a una de las personas de la lista”, recuerda el alcalde de 42 años, con jean, camisa remangada y converse. Desde entonces empezó a despedirse de su esposa y sus hijos, de 6 y 11 años, sin saber si iba a regresar.

Avalado por partidos tradicionales ―Liberal, Cambio Radical y el uribista Centro Democrático― fue elegido con 3.464 votos, el 34,72% del total, pese a que las amenazas le impidieron poner un pie en el sector rural. Antes de empezar a gobernar, en enero de 2020, la extorsión se redujo a 300 millones de pesos (80.000 dólares) divididos en dos cuotas, una en noviembre y la otra en diciembre.

“Nunca accedí. Me declararon objetivo militar”, señala, custodiado por cinco hombres de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional en una oficina que no es la suya. Desde que empezó su administración, no ha gobernado en paz.

“Esta nota es para que se presente en la vereda Sardinata el día 19 de noviembre a las 9:00 am”, dice una de las citaciones que recibió en el primer año de su alcaldía. Se la entregaron una mañana en el parqueadero donde lavaban los vehículos oficiales. Un trabajador del lugar tuvo que servir de emisario.

El primer desplazamiento del alcalde de Cartagena del Chairá ocurrió en 2021, por informes de inteligencia sobre un plan para atentar contra la Alcaldía y la base militar. La alerta se sumó al que ya era un rumor en el pueblo. “Una persona me indica que, en una reunión en la vereda 12 de octubre, alias ‘Robledo’ había dicho que no iba a descansar hasta asesinarme, que me iba a dar plomo hasta por debajo de los pies”, relata el mandatario local.

‘Robledo’, al igual que ‘Humberto Mora’, señalados de asesinar a líderes sociales, extorsionar a comerciantes y reclutar a menores de edad, fueron abatidos meses después por las autoridades. Lo que parecía un alivio, terminó siendo una preocupación mayor. “Cuando regreso, me doy cuenta de que me gané un problema más”, explica Molina.

Entre 2022 y 2023 han empeorado las intimidaciones y el orden público. El llamado frente Rodrigo Cadete instaló vallas en el casco urbano: “Te invitamos a unirte a nuestras filas guerrilleras”, decían. Este año, la vía de acceso al municipio ha estado cerrada varias veces por retenes ilegales y cilindros bomba. Desde abril, Molina despacha desde Florencia rodeado de escoltas las 24 horas, sin poder moverse antes de reportar a dónde va. Sus intentos por regresar han fracasado. Solo viaja en vuelos del Ejército.

No ha inaugurado obras cortando cintas, ni con grupo musical, sino virtualmente. El alcalde organiza reuniones por videoconferencias, utiliza el móvil, videollamadas y el Whatsapp. “No es lo mismo estar encerrado en una oficina grabando videos con un celular que estar cerca de la comunidad”, lamenta.

El secretario de planeación, Jorge Alfredo Miranda, reconoce que sin el alcalde “la gente siente una soledad en cuestiones administrativas”. El funcionario intenta mitigar la ausencia de su líder resolviendo necesidades de la comunidad. Habla bajo el sol ardiente en la vía que conecta a los barrios Camilo Torres y Comuneros. Brisnei Martínez y Carmenza Ruiz, vecinas del sector, celebran que el camino de tierra por fin se va a pavimentar. “Cuando llueve se pone feo, llevamos varios años esperando esta obra”, afirma Ruiz.

Otros ocho alcaldes están gobernando lejos de su pueblo, según la Federación Colombiana de Municipios. El de Nuquí (Chocó) fue uno de los últimos en salir por las amenazas. “Que si no iba a donde me citaban, venían por mí, que me iban a sacar de la casa. Ante la gravedad en época electoral, tomé las amenazas en serio”, revela el alcalde Yefer Arley Gamboa vía telefónica.

Desde junio la Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos de funcionarios públicos en 17 de los 32 departamentos por intimidaciones de grupos armados. La Procuraduría General se unió al llamado. Ni las alarmas ni las reuniones sirvieron.

A comienzos de agosto, el alcalde de la Playa de Belén (Norte de Santander), Íder Humberto Álvarez, renunció al cargo después de dos atentados. El 24 de marzo de 2022 hombres armados impactaron la camioneta en la que se movilizaba e hirieron al conductor. El 4 de junio de este año quedó atrapado junto a su esposa, una de sus hijas y decenas de civiles, en medio de un hostigamiento con ráfagas de fusil en un mercado campesino.

“El mensaje fue muy claro: vamos a matar a un alcalde para que aprendan cómo se debe tratar a los grupos en la región”, dice Álvarez a EL PAÍS desde su exilio. “Como familia es un calvario, mis hijas tienen dos años sin poder estudiar”, agrega. Cerca, en el Catatumbo –una zona estratégica para el control del narcotráfico al nororiente del país– está Tibú, el municipio con más cultivos de coca en el mundo. También está ausente su alcalde, Nelson Leal. “Los delincuentes son los que imparten leyes, los que mandan y atemorizan a un pueblo completo”, dice el mandatario.

Molina, el alcalde de Cartagena del Chairá, añade que si accedieran a las exigencias los dejarían gobernar. “El comandante cita al alcalde y su delegado y le dice: 100, 200, 500 millones de pesos y puede estar tranquilo. Puede visitar las zonas rurales, ingresar y moverse sin ningún inconveniente”.

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A Cartagena del Chairá, un municipio anclado en la zona de conflicto por los negocios de la droga en el Caquetá, era impensable llegar por años. Eso cambió después de los acuerdos de paz de 2016, entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. Pero el consuelo duró poco. Los disidentes que abandonaron ese proceso han recuperado poder político y económico.

Han atacado a la Fuerza Pública y a la comunidad. En diciembre de 2021, dos hombres de la Armada Nacional fueron asesinados en una emboscada cerca al estadio; en junio de 2022, la explosión de una bomba al paso de un motocarro dejó cuatro personas muertas, entre ellas un niño de 4 años que se desplazaba a una cita médica con su madre y su abuela. La escena sigue grabada en la memoria del pueblo.

Parte del combustible que mueve a los grupos armados es el narcotráfico, aunque no es el único. Cartagena del Chairá es un corredor de paso de marihuana proveniente del Cauca con destino a Brasil y otros países del sur. Los grupos ilegales ocultan cargamentos hasta de 700 kilos en “parásitos”, estructuras cilíndricas que se fijan debajo de las embarcaciones para transportarlas bajo el agua.

También se lucran de la extorsión a los comerciantes grandes o pequeños, desde empresarios hasta mototaxistas. Cobran por todo y a todos.

“Le cobran a cada campesino por tener una cabeza de ganado 10.000 pesos, por arroba de queso 5.000 pesos, por hectárea de tierra 10.000, por caneca de leche 1 millón de pesos. Por cualquier actividad, desde una venta de arepas hasta una peluquería, un supermercado o una estación de servicio, depende de la actividad comercial y el margen de utilidad. Citan a todo el mundo”, cuenta el alcalde Molina. Esa realidad se repite en otras zonas de Colombia.

—¿Cobran una vez al año?

—“Es como cuando usted empieza a declarar renta. Se convierte en un pago anual, o cada vez que ellos quieran”, precisa el mandatario.

Los brazos de los grupos también alcanzan la contratación estatal. Con el acceso al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), una plataforma virtual, saben qué contrato se firma, por qué valor y quién es el contratista. “Lo citan y le cobran entre el 10% y el 15% del valor”, denuncia Molina.

El exalcalde de la Playa de Belén dice que los grupos aprovechan las condiciones de la ruralidad. “En el momento en el que quieran requerirlo a uno, se lo llevan hacia una zona de difícil acceso. Con computador en mano, con conocimiento de la situación económica del municipio, nos ponen entre la espada y la pared a rendir cuentas de todos los contratos. Preguntan por qué no hemos pagado el ‘impuesto de guerra’ que según ellos tenemos que pagar”, narra.

No hay quién se escape de ese control. A pocas semanas de las elecciones regionales del 29 de octubre, también se valen de la carnetización de las Juntas de Acción Comunal, un proceso pensado para tener una base de datos de los habitantes de cada barrio o de las veredas, pero que termina facilitando el seguimiento a cada paso que dan.

“Hay gente que dice: en tal barrio está afiliado fulano de tal… él se fue de aquí debiendo 3 millones, 2 millones de pesos por arriendo, por platas. Entonces vamos y buscamos en esa junta. Le dicen: “Usted viene de tal vereda, usted debe tanto allá, póngase a paz y salvo si quiere que lo recibamos acá”, describe Bertulfo Sánchez, miembro de una Junta de Acción Comunal de Cartagena del Chairá.

El líder comunitario no advierte problema alguno. Pero, sin ese documento, en el que aparecen nombres y apellidos con fotografía de quien lo porta, no pueden moverse libremente por el territorio. “Es como estar en el extranjero sin pasaporte”, describe el alcalde.

Con la carnetización también se ejerce mayor control al número de votos por uno u otro candidato en época electoral. Las veredas están organizadas por núcleos, cada uno a cargo de un coordinador o representante. Esa estructura, que antes servía, por ejemplo, para la aprobación participativa de presupuestos, ahora también permite transmitir instrucciones electorales. “La guerrilla dejó de ser campamentaria para ser miliciana, parte de la comunidad, y obviamente por temor la gente nunca va a denunciar“, indica Álvarez, el exalcalde de La Playa de Belén.

Darwin Flórez, aspirante a la Alcaldía de Cartagena del Chairá por una coalición entre Cambio Radical, el Nuevo Liberalismo y el Partido Conservador, sostiene que hasta ahora ha podido desplazarse sin presiones.

—¿Los candidatos tienen que negociar con los grupos armados para hacer campaña?

—“A Darwin Flórez no le ha pasado. Hasta el momento no he tenido ningún problema de que tiene que hablar con X grupo para poder entrar hasta X parte. Siempre el permiso lo pido con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal o en su defecto con los coordinadores de núcleo”, responde.

Los otros aspirantes que se disputan esa Alcaldía son la exgestora social del municipio, Blanca Nieves Gaitán, por Colombia Humana; el concejal del Partido Verde, Héctor Arredondo, segundo en las elecciones pasadas; y Marco Antonio Fernández, concejal de la Alianza Social Independiente (ASI). EL PAÍS intentó comunicarse con todos ellos, pero no obtuvo respuesta.

Mientras los candidatos hacen campaña en un pueblo en el que no puede estar tranquilo ni el alcalde, el profesor espera paciente a entregar la carta para terminar la construcción de la escuela. Paradójicamente, a esa misma hora, en Bogotá, a 670 kilómetros de Cartagena del Chairá, concluye la marcha “por la vida” que ha convocado el Gobierno de Gustavo Petro. El maestro desprevenido no revela su nombre. Hay lugares de Colombia donde no solo ahoga el calor, sino la ley del silencio.

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