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La oposición pone en la diana al ministro de Defensa de Petro

El presidente colombiano cierra filas en defensa de uno de los principales alfiles de su gabinete

Santiago Torrado
Iván Velásquez, en Washington, el 29 de noviembre de 2022.
Iván Velásquez, en Washington, el 29 de noviembre de 2022.Alex Brandon (AP)

La oposición al Gobierno de Gustavo Petro en Colombia enfila sus baterías contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Es una de sus prioridades. El funcionario será citado tan pronto comience la próxima legislatura, el 20 de julio, a un debate de control político, la segunda ocasión en que deba enfrentarse al Congreso en menos de un año en el cargo. Así lo ha anunciado el Centro Democrático, haciéndose eco de las crecientes críticas a su gestión. En respuesta, el presidente de izquierdas ha cerrado filas, una vez más, en defensa de uno de los miembros clave de su gabinete.

La más reciente ola de cuestionamientos a Velásquez ha sido provocada por una salida en falso. El ministro calificó la semana pasada de “imprudente” a la sargenta Ghislaine Karina Ramírez, secuestrada por la guerrilla del ELN mientras viajaba en Arauca. “No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos”, había reclamado en un primera momento el ministro, pero esas palabras se vieron eclipsadas por sus posteriores declaraciones. Velásquez aclaró que nunca quiso insinuar que la sargenta diera lugar a su secuestro, ni desviar la responsabilidad del ELN, pero la polémica ya estaba servida. La liberación de Ramírez, el viernes pasado, no aplacó las críticas.

Juan Espinal, el representante del Centro Democrático que anunció la citación a control político, recogió casi calcadas las palabras que usaba la portada de la revista Semana, convertida en un altavoz de los sectores más reaccionarios frente al autoproclamado Gobierno del cambio. “Le quedó grande”, proclamaba la portada de la publicación, un inusual editorial que fustiga al ministro, lo califica de “fiasco” y afirma que el país “está incendiado por masacres, atentados, secuestros, extorsiones y el narcotráfico disparado”.

Además de repudiar sus declaraciones sobre la sargenta Ramírez, extiende las críticas a toda su gestión. “Velásquez ha logrado algo inimaginable y ha sido reducir y limitar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares y de Policía, que estaban ranqueadas entre las mejores del mundo”, insiste la publicación, de la que se ha hecho eco el Centro Democrático, un proyecto político en horas bajas que cabalgó con la bandera de la mano dura que prometía su fundador, el expresidente Álvaro Uribe. “Todo pareciera ser una estrategia deliberada para ambientar su proyecto de ‘paz total’, que requiere de un Estado arrodillado ante los criminales y dispuesto a darles lo que pidan”, añade Semana.

Uno de los principales propósitos de Petro siempre ha sido pacificar a Colombia con su ambiciosa paz total. Su plan pasa por estirar el concepto de negociación. Se propone dialogar en simultaneo con el ELN, las disidentes de las FARC, grupos narcotraficantes, pandillas y bandas criminales, a menudo enfrentadas también entre ellas. Por lo pronto hay una mesa con el ELN, que ya firmó un cese al fuego de seis meses que entra en pleno vigor el próximo 3 de agosto, y es inminente otra con una de las principales disidencias, el llamado Estado Mayor Central, después de superar varias crisis. En los demás frentes, cuesta encontrar avances palpables, mientras cunde una sensación de deterioro de la seguridad.

El espaldarazo a Velásquez del propio presidente Petro no tardó en llegar. “Quieren ministros de defensa que dejen fusilar jóvenes, bombardeen niños y dejen pasar la cocaína. Para estas personas esos si son los buenos ministros”, lanzó desde Twitter, su canal de comunicación predilecto. Ya había cerrado filas en defensa de Velásquez a comienzos de año, cuando la Fiscalía de Guatemala lo atacó por su papel al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Sus dardos en esta ocasión parecían apuntar en especial a los tres ministros de Defensa que tuvo su antecesor, el uribista Iván Duque, todos envueltos en polémicas por las que acumularon numerosas citaciones a debates de moción de censura. En más de una ocasión, por el bombardeo de campamentos de grupos armados en los que había menores reclutados a la fuerza.

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Ese justamente ha sido un gran foco de controversia en Colombia en los últimos años, en los que al menos 29 niños y niñas murieron en ese tipo de operativos. El primer ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, dimitió ante una inminente moción de censura por un bombardeo en el que murieron niños, y el último, Diego Molano, llegó a afirmar que los menores reclutados eran “máquinas de guerra”.

Velásquez, en un marcado contraste que a Petro le gusta enfatizar, ha reiterado que cualquier niño reclutado es una víctima. La nueva política de seguridad de la Administración de Petro incluyó desde el primer momento la orden de suspender los bombardeos sobre campamentos en los que pueda haber menores. Esa decisión ha sido explícitamente elogiada por el secretario general de la ONU, António Guterres, en su último informe anual sobre los niños y los conflictos armados en el mundo.

El ministro, que fue un investigador estrella del escándalo de la parapolítica, lo que lo convirtió en némesis del expresidente Uribe, se ha visto obligado a navegar en aguas turbulentas, a pesar de que Petro, que en su juventud perteneció a la guerrilla del M-19, ha buscado suavizar sus relaciones con los militares y policías desde la propia campaña que lo llevó al poder. El mandatario ha sido muy crítico con ciertas operaciones militares, así como con la represión de las protestas por parte de la policía durante el estallido social, lo que le ha granjeado la resistencia de algunos sectores de las fuerzas armadas. Más recientemente ha llegado a advertir que algunos “conspiran para un golpe de Estado”, después de que un coronel retirado llamó en mayo a “defenestrar” al mandatario.

En ese clima de tensión, la seguridad será el principal tema de campaña para las elecciones locales del próximo octubre, probablemente con miras a las elecciones de 2026, vaticina el analista Sergio Guzmán, de la consultora Colombia Risk Analysis. “Es el flanco más débil del Gobierno, considerando que la economía ahora no está tan mal”, apunta. Es también un tema en el que la derecha suele sentir mayor fortaleza. El debate de control político al ministro de Defensa será un termómetro para saber si la oposición ha encontrado una bandera.

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Sobre la firma

Santiago Torrado
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.

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