El asesinato del firmante de paz número 321

El excombatiente de las FARC Ronald Rojas, de 42 años, alcanzó a balbucear sus últimas palabras antes de caer abatido: “Al suelo, al suelo”. En la noche del cuatro de julio fue asesinado delante de sus dos hijos, de seis y de doce años, en la finca de su familia, ubicada en el área rural de Palermo, en el sureño departamento del Huila.

Eran las 18.40 de la noche del lunes festivo, último día de las tradicionales fiestas populares de la región. Ronald había departido toda la tarde; estaba sentado cuando, de repente, apareció un francotirador y le propinó un disparo de fusil en el pecho. Alrededor de treinta personas, entre familiares y amigos, se tiraron al suelo. “Avanza, avanza”, le pidió con angustia la esposa a Ronald, al ver, en medio de la oscuridad, que él no se movía. Uno de sus hijos gritó: “Mamá, papá está herido”. Rojas tenía protección estatal, no obstante, de acuerdo con testigos, sus escoltas en ese momento estaban preparando el vehículo para regresar a Neiva (la capital de Huila). De inmediato su esposa, auxiliar de enfermería, trató de ayudarlo, pero no reaccionaba. Falleció en la clínica.

A finales de los noventa, Ronald Rojas, conocido en las FARC con el alias de Ramiro Durán, estudiaba Derecho y Filosofía en Bogotá y era dirigente estudiantil; defendía la educación pública y salía a las calles a protestar, pero comenzó una represión en contra de los activistas y varios de ellos se vieron obligados a exiliarse. A Ronald lo amenazaron de muerte y tomó la decisión de unirse a la guerrilla durante el proceso de paz del Caguán, liderado por el expresidente Andrés Pastrana, que resultó fallido.

Rojas fue comandante del llamado Bloque Sur de las FARC, se desmovilizó en 2016 y había renunciado al partido Comunes —fundado por los guerrilleros que dejaron las armas y pasaron a la vida civil — por desacuerdos con ese partido. Estaba comprometido con la paz y se había dedicado a un proyecto productivo de maracuyá, que sembraba en la finca de sus padres.

Meses antes de la firma definitiva de la paz, en 2016, EL PAÍS visitó el campamento selvático en el que Ronald Rojas —todavía con su nombre de combate, Ramiro Durán—, esperaba con su tropa del Bloque Sur el momento de entregar las armas que poseían ya silenciadas para pasar al incierto mundo de la vida civil, el de la paz definitiva, en el que acaba de ser asesinado. Rojas sostenía que él representaba los temas pendientes de lo que faltaba por garantizar en Colombia en cuanto al cumplimiento del acuerdo de paz.

Gina Piragauta, periodista y amiga, contó que, precisamente, uno de sus grandes temores era dejar las armas y que después, inerme, atentaran contra él, sin cómo defenderse. “Fue un gran humanista, un revolucionario comprometido, tenía un enorme carisma y un don de gentes que cautivaba. Era un líder nato, soñador pero realista y estricto. Su asesinato cruel, despiadado y certero deja una enorme fractura en la construcción de paz en la región surcolombiana”, dijo a este medio Piragauta.

La organización no gubernamental Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz) lleva un registro informativo sobre el baño de sangre en Colombia, como lo hace el instituto meteorológico sobre las condiciones del clima en el país. En su conteo de víctimas y masacres, con el asesinato de Rojas, la cifra de exguerrilleros que han sido eliminados por sicarios desde que se firmó el acuerdo de paz asciende a 321. Ronald Rojas es el número 322. No obstante, el registro que lleva el partido Comunes, de los exguerrilleros, es de 333.

“Hay, en definitiva, una ausencia de condiciones de paz”, advirtió Indepaz, entidad que acaba de informar, también, que en Colombia han cometido 51 masacres en lo que va corrido de 2022. Leonardo González, coordinador de Indepaz, cree que los principales responsables del asesinato de los excombatientes son los grupos residuales de las FARC (que no se desmovilizaron), los paramilitares, incluyendo las Águilas Negras y, en menor medida, el ELN. “En Huila, en particular, los mayores perpetradores son los grupos de extrema derecha”, afirmó Leonardo González.

Durante el Gobierno del conservador Belisario Betancur (1982-1986) hubo un intenso pero fallido proceso de paz con las FARC en el que se creó el partido político Unión Patriótica por intermedio del cual los miembros de esa guerrilla pasarían a la vida civil. No obstante, esta agrupación política de izquierda, basada en ideas pacifistas y de defensa de los derechos humanos, fue sometida a un proceso de exterminio en el que fueron asesinados 5.733 militantes, según la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó como resultado del acuerdo de paz.

La de Ronald Rojas es otra muerte advertida por distintas instancias defensoras de derechos humanos, principalmente la estatal Defensoría del Pueblo que recientemente irradió una advertencia oficial sobre el riesgo de muerte que pesa sobre los firmantes de los acuerdos de paz que aún siguen vivos.

Hace cuatro años, Ronald se encontraba en una reunión cuando varios hombres del Ejército Nacional irrumpieron y lo amenazaron de muerte acusándolo de, supuestamente, pertenecer a las disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.

Rojas fue uno de los más acérrimos críticos de la tardía implementación del acuerdo de paz durante el gobierno del presidente Iván Duque. Diego Tello, defensor de derechos humanos y asesor de paz de la Gobernación del Huila, contó que, en diferentes instancias, Rojas expuso públicamente su desacuerdo con el incumplimiento de los compromisos de los reincorporados. Tuvo discordias con su propio partido y creó, aparte, la Mesa Autónoma de Reincorporación, un espacio que unió a otros excombatientes inconformes con la implementación del acuerdo de paz.

“La reincorporación ha sido un fracaso en este país. La mayoría de los exguerrilleros, de origen campesino, no han tenido fácilmente accesos a tierras, ni condiciones de seguridad. Ronald, al igual que muchísimos excombatientes, no tenía las condiciones para desarrollar un proceso de reincorporación integral”, dice Diego Tello, que advierte que las dieciséis zonas donde el gobierno más ha invertido recursos son, precisamente, las zonas donde hay mayor nivel de inseguridad, conformación de nuevos grupos al margen de la ley y asesinatos a líderes sociales y excombatientes.

Al senador Iván Cepeda, uno de los mayores impulsores del proceso de paz, le preocupa que, pese a las advertencias, el Gobierno saliente de Iván Duque no haya realizado ningún tipo de acción para impedir ni contrarrestar el asesinato sistemático de excombatientes. Él considera que, al contrario, con la impunidad se ha estimulado que este tipo de hechos se siga presentando y pone como ejemplo que los militares implicados en el asesinato (catalogado como ejecución extrajudicial) de Dimar Torres hayan recobrado su libertad. “Van más de 300 excombatientes asesinados sin que se haya podido evidenciar una acción medianamente eficaz por parte del gobierno”, puntualiza.

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