El Gobierno plantea suprimir servicios duplicados en las tres Administraciones

La crisis económica ha deteriorado la imagen de las autonomías en la opinión pública y ha destapado el malestar de los españoles ante el excesivo gasto de las distintas Administraciones, que ahora atraviesan una pésima situación financiera con tres comunidades (Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña) cuyo déficit les impedirá endeudarse a largo plazo y otras que emiten deuda pública a un elevadísimo interés para tener liquidez con que pagar a sus proveedores. Un informe encargado por la vicepresidencia tercera del Gobierno, que dirige Manuel Chaves, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca que pese al apoyo unánime al Estado autonómico, hay múltiples críticas a su coste. El informe defiende la necesidad de reducir cargas administrativas y eliminar duplicidades que se producen entre Administraciones que prestan el mismo servico. Entre las medidas que planea abordar el Gobierno destaca la unificación de licencias como las de caza, las de transporte o el etiquetado de mercancías. También propiciará la coordinación entre las comunidades en políticas activas de empleo, servicios de empleo y de formación y agilizará los trámites para crear empresas.

El Ejecutivo defiende el recorte de gastos de las televisiones autonómicas

El Gobierno no planea un cambio profundo del actual modelo

El Gobierno defiende que las comunidades pongan freno a gastos derivados de las televisiones autonómicas, todas ellas con un alto déficit y costeadas por dinero público, o en su representación exterior. Pero el Ejecutivo no puede imponerlas porque son competencias de las autonomías.

Como a todas las instituciones políticas, la recesión económica ha pasado factura al Estado de las Autonomías. Ha bajado en 19 puntos, del 74% al 55%, la adhesión al Estado autonómico, de 2005 a 2010, y ha aumentado la desafección en 14 puntos, de 16 a 30, en el mismo periodo de tiempo.

Este cambio de percepción está vinculado a la impotencia del Estado de las autonomías ante la crisis y a una exigencia de austeridad a las Administraciones públicas, según un informe encargado por el Ministerio de Política Territorial a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. El informe ha sido realizado tras una encuesta hecha por el Observatorio de Calidad de los Servicios, dependiente de la Agencia de Evaluación. Se hicieron 8.000 entrevistas en el hogar, durante el primer semestre de 2010, en plena crisis.

El Gobierno ha decidido adoptar medidas, que precisará en otro próximo informe, para reducir las cargas y agilizar la Administración y aumentar la coordinación entre las comunidades.

Manuel Chaves vincula este resultado al "ambiente negativo que se ha creado hacia el Estado de las autonomías por el debate político o por las propias advertencias de Bruselas acerca de su excesivo gasto en una época de crisis económica".

Sin embargo, esta crítica no afecta a la propia raíz del Estado autonómico pues una mayoría, casi el 80%, con datos de 2010, sigue considerando el modelo vigente de Estado como el más adecuado a la estructura de España. En 2010, solo un 13% desea regresar al Estado centralista y son el 8% los que abogan porque las comunidades puedan convertirse en Estados independientes.

El mismo informe precisa que del 80% que está de acuerdo con la forma actual del Estado, un 52% no cambiaría la distribución actual de competencias entre Estado y autonomías y un 28% sí lo haría. Pero este 28% se reparte en direcciones opuestas: un 14% aboga por aumentar las competencias autonómicas y otro 14% por reducirlas a favor del Estado.

La identidad dual de los españoles con el Estado autonómico se consolida, según el informe. Algo más del 70% se siente tan español como de su comunidad, con la excepción de los madrileños, murcianos y cántabros, que mayoritariamente se sienten solo españoles. También resulta relevante la valoración sobre los aspectos más positivos y negativos del modelo autonómico. Lo más valorado es la cercanía de las Administraciones al ciudadano (54%); la capacidad de elegir representantes (24%) y la defensa de la identidad de cada territorio (15%).

En cuanto a los aspectos negativos, el informe subraya que en una etapa de crisis económica parecen más resaltados: la descoordinación entre los distintos niveles de gobierno; el partidismo en las relaciones intergubernamentales y la percepción de que el sistema resulta demasiado costoso, debido al aumento de cargos públicos y la excesiva burocratización, así como de cierta proclividad al despilfarro de recursos, amparado en la mayor dificultad de controlar.

Las conclusiones de este informe ratifican al Gobierno en la viabilidad del Estado de las autonomías y su reparto básico de competencias, aunque ve necesario introducir ajustes, que recogerá en un próximo informe encargado a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. El Ejecutivo apunta en dicho informe en la dirección de reducir las cargas administrativas del Estado y las duplicidades entre Administraciones, mejorar la coordinación entre las comunidades y profundizar en las políticas de austeridad.

No obstante, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, destaca que en 2010 las comunidades autónomas dieron un paso importante al comprometerse a reducir sus déficits, establecer un techo de endeudamiento y reducir el gasto farmacéutico en 1.500 millones de euros.

Paralelamente, la Administración central redujo un 5% la retribución de los empleados públicos y limitó un 10% la tasa de reposición, la más baja de la historia democrática, de la oferta de empleo público. Suprimió 53 altos cargos y 33 organismos con nivel de subdirección general, así como un 25% de las empresas públicas.