La comisión de duplicidades nace con sospechas de más recortes

La Asamblea ha aprobado esta mañana la creación de la comisión para estudiar las duplicidades entre administraciones prometida por Esperanza Aguirre en su investidura, con el temor de la oposición por la posibilidad de que el PP la utilice para justificar nuevos recortes o para culpar a los ayuntamientos del déficit. Tampoco ha gustado a la oposición que no esté compuesta por ambas partes sino solo por diputados regionales. A pesar de las críticas, el pleno de la Cámara ha aprobado por unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios el nacimiento de este grupo de trabajo, que comenzará su labor este mes para estudiar qué servicios prestan por duplicado Gobierno regional y consistorios con el fin de ahorrar costes y mejorar la gestión.

Tomás Gómez, portavoz de los socialistas, ha advertido al PP de que este grupo de trabajo "no puede ser la excusa para que se produzcan recortes en los servicios a los ciudadanos" y ha dicho estar seguro de que la estrategia de los populares consiste en "echar basura, desprestigiar y pintar una situación caótica en los ayuntamientos para recortarles competencias". La primera "comparecencia de un político" que pedirá el PSM será la de Alberto Ruiz-Gallardón, porque Madrid "es la capital de España, es un ayuntamiento que administra la vida de más de la mitad de los ciudadanos de esta comunidad" con "importantes problemas de competencias" por la "convivencia política entre el alcalde y la presidenta". Ha exigido que la comisión no sirva únicamente para que la presida el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y "tenga una ocupación" tras quedar fuera del Gobierno regional.

El diputado socialista Enrique Cascallana ha exigido durante el pleno que no se culpe a los ayuntamientos del "despilfarro económico" que producen las duplicidades, porque los consistorios "no asumen ninguna competencia" si no es por "dejación de la Comunidad". "La comisión no está para acusar a los ayuntamientos, y menos para servir de coartada para quitar servicios públicos con motivo de la crisis", ha insistido Cascallana. En la misma línea, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, ha reconocido ser "escéptico" con la comisión y ha dicho tener la sensación de que el dictamen de conclusiones "está ya redactado", y que "sencillamente se pretende justificar más recortes sociales y de servicios".

Por su parte, la diputada de IU Eulalia Vaquero ha sostenido durante su turno de palabra que no es lógico quedarse solo en el análisis de la duplicidad de competencias y ha opinado que si se pretende que sirva para algo hay que abordar cuestiones como la financiación local. Ramón Marcos, portavoz de UPyD, ha convenido que el problema "transciende Madrid" y exige una reforma de la Constitución para clarificar las competencias que le corresponden al Estado, a las autonomías y a los consistorios. Como ejemplo, ha criticado que haya un Tribunal de Defensa de la Competencia en Madrid -que genera un gasto de 200.000 euros por cada informe que emite, según ha dicho- cuando a la vez existe una Comisión Nacional de la Competencia.

Marcos ha aprovechado para exigir a Aguirre que centre su atención en los problemas de los ciudadanos, y que no apoye la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. Desde el PP, su portavoz en la Cámara, Iñigo Henríquez de Luna, ha defendido que la comisión no sea mixta -con representantes regionales y municipales- sino parlamentaria, alegando que eso le dota de más agilidad y operatividad, y permitirá emitir un dictamen en el menor tiempo posible.

"No podemos estar toda la legislatura dando vueltas a un tema tan importante" como es la duplicidad de competencias, ha justificado. El portavoz del PP ha resaltado que España necesita "con urgencia" un cambio en el modelo constitucional y "restaurar los grandes consensos" también en materia de competencias para reducir la burocracia. "Es necesario delimitar de una vez por todas las competencias y devolver al Estado algunas materias para que determinados servicios funcionen mejor", ha dicho, antes de advertir de que si no se recupera ese consenso, España corre peligro de convertirse en la 18ª comunidad autónoma.