París mantiene las deportaciones de gitanos pese a los avisos de la UE

Inmune a las críticas que le llueven desde todas las partes del mundo y ajeno a los gritos de las decenas de miles de franceses que el sábado salieron a la calle a manifestarse "contra el odio y la xenofobia", el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se propone seguir con su política de expulsión de gitanos rumanos. Al menos, se va a procurar de elementos legales que la agilicen. Un comunicado de El Elíseo, emitido ayer después de que se celebrara allí una crucial reunión entre el presidente y los ministros de Inmigración e Interior, entre otros, anunciaba que el Gobierno propugnará una reforma de la Ley de Inmigración -que se debatirá a fines de mes en la Asamblea- para que se "facilite el traslado a la frontera de extranjeros en situación irregular". El texto prosigue especificando que en esta reforma de la ley estarán incluidos "en determinadas circunstancias particulares, los extranjeros de la Unión Europea" y que podrán ser trasladados a la frontera "en caso de que se amenace el orden público, cuando se carezca, de modo duradero, de un modo de subsistencia o cuando se trate de un abuso del derecho a la libre circulación" de ciudadanos. Es decir, el texto intenta calzar a la perfección con la situación de los inmigrantes gitanos procedentes de Rumania o de Bulgaria alojados en campamentos a las afueras de las grandes ciudades francesas.

París deportó a 10.000 rumanos en 2009 y a otros 8.000 este año

El Elíseo seguirá expulsando también a ciudadanos comunitarios

El titular de la cartera de Inmigración, Éric Besson, que ayer asistió a un seminario con ministros del Interior y secretarios de Estado de Italia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Grecia celebrado en París, no eludió la cuestión pero aseguró que todas las expulsiones de "ciudadanos rumanos se han resuelto caso por caso, han sido legales y han obedecido a derecho". Y añadió: "Observen que yo no utilizo la palabra gitanos porque eso no tiene nada que ver". Besson especificó que ya el año pasado se habían expulsado más de 10.000 rumanos y que este año, incluido "el impulso del verano", la cifra ya alcanzaba los 8.000.

El ministro del Interior francés, delante de sus colegas, aseguró que acudirá en los próximos días a la Unión Europea a dar "todos los detalles" de estas expulsiones y que en la próxima semana se desplazará a Bucarest para tratar el asunto, directamente y sobre el terreno, con las autoridades rumanas.

Los otros ministros, por lo general, prefirieron mirar para otro lado y evitaron pronunciarse sobre la cuestión francesa recordando que la reunión no abordó temas particulares sino situaciones generales, como la política de asilo o la coordinación para evitar la inmigración ilegal. Solo el ministro italiano, Roberto Maroni, recordó que su país había arbitrado medidas parecidas contra los campamentos gitanos el año pasado. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, acudió a la reunión pero no se quedó a la rueda prensa. Alguno quiso ver ahí cierto rechazo a la política francesa. Besson se encogió de hombros: "Yo no soy el portavoz de la señora Malmström, que supongo preferirá explicar su posición en la Unión Europea". De hecho, hoy, en Bruselas, Malmström y la vicepresidenta de Justicia profundizarán sobre el caso de los gitanos. Antes del debate vespertino de hoy se espera que aluda al asunto el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso (que ayer se reunió con Sarkozy en París) en un discurso de amplio espectro sobre el estado de la Unión, primero de su especie en la UE.

Las medidas del Gobierno de Nicolas Sarkozy con respecto a los gitanos rumanos provocaron sarpullidos políticos en la Eurocámara la semana pasada, donde en la comisión de Libertades Civiles una veintena de parlamentarios manifestó su repudio a unas repatriaciones que atufaban a expulsión masiva, en flagrante violación de los principios y tratados de la Unión. Apenas un par de euroseñorías ultraconservadoras expresaron entonces su apoyo a París.

Mientras, en Choisy-le-Roi, localidad de las afueras de París, seis niños rumanos que viven en un gimnasio desde que el campamento en que vivían con sus familias fuera desmantelado a mediados de agosto no pueden ir al colegio debido a que el Ayuntamiento, comunista, les ha negado el acceso a la clase. "No estamos en contra de escolarizar a los niños, pero sí que se haga sin que tengan un alojamiento fijo. Primero es que encuentren un lugar fijo y estable donde vivir, después la escolarización: no hagamos las cosas al revés", aseguró ayer a la agencia France Presse el adjunto al alcalde, Jean-Joël Lemarchand. Su caso no deja de ser simbólico: el sábado, las familias gitanas que vivían en ese campamento de Choisy-le-Roi abrían la manifestación de París en contra de la política de inmigración de Sarkozy.