Debate inútil

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, zanjó la nueva e inoportuna polémica en torno a la situación del atunero español Alakrana, secuestrado en Somalia, asumiendo la responsabilidad por la decisión de traer a España a los dos piratas apresados por la Armada. En esta ocasión, el conflicto se ha producido entre la Audiencia Nacional y el Ejecutivo, por un lado, y entre el Ministerio de Defensa y la propia vicepresidencia del Gobierno, por otro. Lo más absurdo de este embrollo es que nada tiene que ver con lo que de verdad importa, la liberación de los 36 marineros a bordo del Alakrana, sino con el deseo de la Audiencia y del Gobierno de aparecer como libres de culpa por el principal escollo que está dificultando el desenlace del secuestro.

Ante un chantaje como el que plantean los piratas, la única respuesta aceptable es respaldar a las instituciones obligadas a hacerle frente y a intentar proteger la integridad de los secuestrados. En este sentido, las familias y la oposición, con alguna excepción oportunista como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han adoptado durante los últimos días una actitud a la altura de las circunstancias. Pero, paradójicamente, quienes están faltando a las obligaciones que derivan del respaldo que se les ha ofrecido son la Audiencia Nacional y el Gobierno. Lejos de lo que están dando a entender con el cruce de notas y declaraciones, su tarea no consiste en rivalizar en inocencia por el hecho de que dos delincuentes se encuentren donde tienen que estar, por más que el chantaje de los piratas plantee al Estado de derecho difíciles dilemas políticos, jurídicos y morales.

No deja de resultar un contrasentido que los mismos magistrados que reclaman una jurisdicción universal para entender de lejanos delitos se escuden ahora en que fue el Gobierno quien les empujó a ocuparse del secuestro del Alakrana, un barco español y con españoles a bordo. Y, por parte del Ejecutivo, no se entiende que optase por la vía de una denuncia presentada por el abogado del Estado en lugar de esperar el informe del fiscal solicitado por la Audiencia. En uno y otro caso, sin embargo, se trata de lamentos por la leche derramada, que en nada contribuyen a la liberación del Alakrana.

Mientras los 36 marineros permanezcan secuestrados en el Índico, los espectáculos en torno a este caso deben cesar. Después, sonará la hora de las responsabilidades y todos los actores del género que se ha inaugurado con el Alakrana, y que aún espera su clasificación final, tendrán que dar cumplida cuenta de sus actuaciones. Y todos quiere decir todos, porque desde el origen mismo de este caso, y hasta las escaramuzas que están librándose durante su desarrollo, pocas son las voces que se han expresado con sentido del deber. Resulta descorazonador que una banda de piratas coloque a un país ante el espejo de lo que su vida pública lleva cosechando durante años.