El 11-S permitió al Gobierno español lograr la orden de detención europea

España consiguió en pocos días tras el 11-S algo que llevaba años intentado lograr: que la Unión Europea suprimiera dentro de sus fronteras los históricos y lentos procesos de extradición y creara una orden de detención para la entrega directa e inmediata, de autoridad judicial a autoridad judicial, de las personas buscadas en cada país. La conmoción provocada por los atentados y la extraordinaria presión de EE UU para montar en el acto una gran red de cooperación antiterrorista fueron como un revulsivo que acudió en ayuda de las pretensiones españolas.

La Comisión aceptó la orden europea de detención el 19 de septiembre y 48 horas después el Consejo aprobó el llamado Plan de Acción de la UE contra el terrorismo. Sobre la marcha se incluía la orden de detención; la puesta en funcionamiento de Eurojust, una red de colaboración judicial parecida a la que ya existía para la policía, Europol; la elaboración de una lista de organizaciones, personas y grupos terroristas y los mecanismos necesarios para el embargo de bienes relacionados con esa lista. Se abría, además, una cooperación nunca vista entre servicios de información, las recién creadas unidades operativas de jefes de policía y los nuevos equipos de especialistas antiblanqueo de dinero.

La aparición de una nueva mentalidad internacional en la lucha contra el terrorismo, considerado de repente como un problema global y prioritario, y no como un asunto local con el que debía lidiar cada país afectado, ha sido probablemente la novedad que ha traído mayores consecuencias directas para España.

En las semanas posteriores al atentado y en los seis meses de presidencia de la UE (de enero a julio de 2002), el Gobierno hizo otros intentos de modificar algunos aspectos de la política nacional, por ejemplo en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Incluso padeció a su vez los movimientos de otros Gobiernos, como el de Marruecos, que consideró el momento oportuno para liquidar el problema del Sáhara y forzar un cambio de posición de Madrid. Ninguno de estos movimientos, sin embargo, ha producido hasta ahora efectos equiparables a los que se experimentaron en la lucha antiterrorista.

La idea de que no existen diferentes clases de terrorismo fue manejada desde el primer minuto por el Gobierno español. 'Fue evidente que el terrorismo pasaba a ser considerado un peligro global', explica Josep Piqué. El entonces ministro de Asuntos Exteriores reconoce que a raíz del 11-S se produjeron avances muy rápidos en la consolidación del tercer pilar de la Unión (temas relacionados con Justicia e Interior). 'En aquel momento había incluso países de la UE que no tenían definido en su Código Penal los delitos específicos de terrorismo', recuerda Piqué.

'Lo que ocurrió es que se amplió el concepto de lucha antiterrorista y pasó a formar parte del concepto más amplio de seguridad', explica Manuel Marín, ex vicepresidente de la Comisión Europea. 'El 11-S no supone el nacimiento de un nuevo orden internacional, porque las grandes decisiones se siguen tomando de igual manera, pero sí pienso, desde el punto de vista español, que se ha creado una coalición antiterrorista que sirve exactamente para eso y que responde a la idea de que los grupos terroristas pueden causar problemas al conjunto del llamado mundo libre'.

Piqué resalta el extraordinario efecto que tuvo el 11-S en la cooperación de los servicios de inteligencia europeos. 'Antes del 11-S contábamos con la importante cooperación francesa, pero a partir de entonces hemos recibido apoyos de los servicios de información de todo el mundo y, sobre todo, una gran cooperación tecnológica por parte de Estados Unidos'. Una cooperación que permite un mejor seguimiento de personas relacionadas con radicales islámicos, pero también de personas relacionadas con ETA.

'No creo que haya habido cambios sustanciales en la política española después del 11-S', afirma Trinidad Jiménez, responsable de política exterior del PSOE. 'Lo que hay son nuevos condicionantes en las posiciones comunes europeas'. Piqué hace un análisis parecido: 'Al cambiar en EE UU la percepción de la seguridad colectiva, cambiaron otras cosas. La OTAN es el ejemplo paradigmático. Tenemos que repensar nuestro papel porque cada vez es menos una organización militar y más un organismo político'.

El segundo campo en el que el Gobierno pensó inicialmente que el 11-S podría tener repercusiones fue el de la inmigración, pero los resultados fueron menos visibles. La organización Human Rights Watch (HRW) denunció la pretensión española de que la UE adoptara sanciones contra los países de procedencia de los inmigrantes ilegales.

La negativa de Francia y Suecia cerró ese camino. Madrid tuvo que aceptar que todavía existen diferencias insalvables dentro de la UE para unificar el derecho de asilo, crear un visado común o aprobar la gestión comunitaria de cupos de inmigrantes. De momento sólo hay atisbos de una posible política común de inmigración y lo que existe, según HRW, es el intento de confundir el control de fronteras con la violación de leyes procesales, detenciones arbitrarias o expulsiones masivas de inmigrantes.