Alianza contra las finanzas del terrorismo
Los ministros de Economía de 20 países pactan medidas para asfixiar la 'economía del terror'
Los ataques terroristas del 11 de septiembre contra EE UU han exacerbado los efectos del enfriamiento de la economía en todo el mundo y convertido en imperiosa una decidida actuación contra el terrorismo internacional, en particular contra sus medios de financiación, según los países integrantes del Grupo de los Veinte (G-20), entre los que están los más industrializados y otros en vías de desarrollo, que ayer aprobaron en Ottawa un plan de acción para la cooperación multilateral dirigido a asfixiar financieramente al terrorismo.
Los signatarios han decidido poner en práctica con carácter de urgencia las medidas de la ONU para acabar con la financiación del terrorismo, y cada uno congelará activos de los terroristas y sus asociados, cuyas identidades y cantidades embargadas se notificarán públicamente.
Estas acciones se llevarán a cabo en un marco de cooperción internacional, con abierto intercambio de información, señala el G-20, cuyos integrantes se comprometen a crear o mantener unidades de investigación financiera para este objetivo.
No obstante, muchos países están incapacitados técnica y financieramente para hacer frente al desafío terrorista. Por ello, el G-20 les proporcionará toda la ayuda que les sea necesaria. 'Bloquearemos el acceso de los terroristas a nuestro sistema financiero', aseguran.
'Es un paso muy importante' comentó Paul Martin, ministro de Hacienda canadiense y presidente del G-20, al presentar el acuerdo. 'Hay países de todas las partes del mundo y cada de ellos sin excepción lo ha aceptado y se ha comprometido a ponerlo en práctica lo antes posible'. El ministro subrayó las palabras 'sin excepción', en lo que podía interpretarse como una referencia a Arabia Saudí, miembro del G-20 del que parten ingentes cantidades de dinero para financiar las actividades de grupos extremistas de inspiración islámica. Expertos en relaciones internacionales consideran que el compromiso del G-20 tiene un flanco muy débil en el frente de los países islámicos. Otro es la ausencia de una fecha límite para cumplir con ese objetivo.
El G-20 fue creado en 1999 en busca de cooperación internacional entre países con distintos grados de desarrollo para evitar crisis mundiales como las que sacudieron el mundo en 1997 y 1998, de Asia a Rusia. Junto a los miembros ricos del G-7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá), Rusia y la Unión Europea, integran el grupo Australia, tres países latinoamericanos (Argentina, Brasil y México), cuatro orientales (Corea, China, India, e Indonesia), uno árabe (Arabia Saudí), uno a caballo entre Europa y Asia (Turquía) y uno africano (Sudáfrica).
Además de adoptar una estrategia antiterrorista, el G-20 discutió en su reunión de la capital canadiense el estado de la economia tras los ataques del 11 de septiembre y los efectos de la globalización. Paul Martin reconoció que las perspectivas a corto plazo son inciertas, pero habló de confianza a medio y largo plazo. El pasado jueves, el FMI hizo públicas unas proyecciones de crecimiento (2,4% para este año y el que viene) que rebajan otras anteriores y pintan un negro panorama para las economías de EE UU y Japón.
El pesimista análisis ha sido cuestionado por algunos países, entre ellos EE UU, que insiste en que su economía remontará en la segunda mitad del año que viene con mucho más vigor que los previsto por el FMI. El G-20 hizo notar cómo los perversos efectos sobre la economía del 11 de septiembre, afectan mucho más a países pequeños con economías precarias, por lo que 'los problemas de los países emergentes deben constituir una prioridad de la comunidad internacional', señalo el ministro Martin, quien aludió a la idea de aliviar el pago de los países más pobres.
En este sentido, por la mañana, Martin, el británico Gordon Brown, presidente del Comité Financiero y Monetario del FMI, y el indio Jashwant Singh, presidente del Comité del Desarrollo del Banco Mundial, mantuvieron un desayuno de trabajo con una docena de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Fue la primera reunión de las ONG con los tres presidentes y allí se habló de la idea de Brown de que los países ricos contribuyan a un fondo anual de 50.000 millones de dólares para el socorro de los pobres. Si esa cantidad se repartiera entre los países de la OCDE de acuerdo a su PIB, a España le correspondería pagar 1.160 millones de dólares, según calcula Oxfam, una de las ONG que participaron en la reunión, y a la que está asociada la española Intermon.
Deuda de Argentina
El caso más urgente de crisis es el de Argentina, que debe sacar adelante un plan para hacer frente a las obligaciones del pago de una deuda de 132.000 millones de dólares. El ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, está en Ottawa intentando recabar apoyo para su plan de canjear bonos a altos intereses (entre el 11%y el 12%) por otros que sólorinden el 7% con el objetivo de ahorrarse unos 4.000 millones de dólares al año. 'Argentina ha hecho considerables avances', señalo Martin. Mientras, Cavallo presentaba su caso ante el G-20, el presidente, Fernando de la Rúa, de visita en Portugal, rogaba a la virgen de Fátima por su país.
Concluida la sesión matutina, los ministros participaron en la reunión del FMI, previa a la que hoy celebrará el Banco Mundial.
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