Víctimas y acusados

El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, destacó que el síndrome tóxico fue consecuencia de la ingestión de aceite de colza desnaturalizado."En todos los casos de muerte y lesiones la causa de las mismas fue la ingestión de aceite de colza con anilina, que, al haber sido refinado a las elevadas temperaturas que exige el proceso de refinación, produjo la transformación de anilinas en anilidas, las cuales influyeron en el organismo humano de forma variable y desigual intensidad" oscilando entre simples afecciones cutáneas y la muerte, según las circunstancias".

El envenenamiento masivo ha ocasionado hasta el momento 584 muertos, pero el total de afectados por el llamado síndrome tóxico es mucho mayor. Se eleva concretamente a 24.396 persónas, de las que casi 20.000 están personadas en la causa.

En el banquillo se sentarán 39 personas, ya que dos -Francisco Tárrega Rives e Ignacio Baxeiras Obrador- se encuentran en rebeldía. El fiscal pide en sus conclusiones provisionales penas de cárcel para 27 de los procesados, y la libre absolución para los otros 12, ya que en su opinión, no han cometido delito alguno. El fiscal solicitó en enero de 1986 el archivo de la causa contra estos 12 procesados, a lo que no accedió la Audiencia Nacional.

Para los 27 procesados restantes se solicitan penas diversas. Para los ocho principales -Juan Miguel y Fernando Bengoechea, Ramón y Elías Ferrero, Cándido Hernández Galán, Enric Salomó, Ramón Alabart y Jorge Pich- el fiscal solicita por delitos contra la salud pública, homicidios, lesiones y estafa, penas que superan ampliamente los 10.000 años de cárcel para cada uno, aunque, en la práctica, la pena máxima que se cumple en España es de 30 años. Para otros dos -los hermanos Tomás y Agustín Baviera- ha pedido penas superiores a los 60 años, por delitos similares a los del grupo anterior.

Para los 17 restantes, el fiscal solicita penas que oscilan entre los cuatro meses y los 13 años de cárcel, en su mayor parte por delitos contra la salud pública, aunque también por estafa y falsificación de sellos y marcas.

Indemnizaciones

Las indemnizaciones que pide el fiscal son de 15 millones por cada fallecido, y las de los lesionados oscilan entre 150.000 pesetas para los de menos de 15 días y 90 millones para los afectados con gran incapacidad.La acusación particular, ante la dificultad para conseguir cobrar las indemnizaciones, sugirió la posibilidad de que la Administración pactase unas cantidades con los perjudicados (al margen de otras ayudas económicas que han ido recibiendo).