Las Administraciones se sacuden la responsabilidad de la polución

Todos están de acuerdo: la contaminación es un problema de salud pública de primer orden. Madrid y Barcelona sufren estos días niveles insalubres de polución, pero las Administraciones, lejos de arremangarse y buscar soluciones, se dedicaban ayer a culparse unas a otras de la evidente inacción. En Madrid ocho estaciones rebasan los límites legales y estos días se ha estado a punto de alcanzar el nivel de alerta a la población, con picos de más de 350 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. En Barcelona vuelven a regir limitaciones a la velocidad.

Nueve zonas de la Península incumplen la normativa europea en lo que respecta al dióxido de nitrógeno, un gas irritante que procede principalmente del tráfico, según datos de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente. Bruselas permite pedir prórrogas, de forma que los Estados cuenten con cinco años más para cumplir. El 30 de septiembre expiró el plazo para que comunidades y Ayuntamientos enviaran al Ministerio de Medio Ambiente los aplazamientos que este trasladará a la Comisión Europea. Solo tres de las zonas contaminadas las han presentado. Palma, Barcelona y el área de Vallès-Baix Llobregat han entregado sus peticiones. Granada, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y País Vasco, no.

Medio Ambiente aún no tiene el plan nacional de calidad del aire

Comunidades y Ayuntamientos son reacios a aplicar medidas efectivas

"Las Administraciones se han dedicado a negar la evidencia y se les ha echado el tiempo encima", asegura Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción. La Comisión Europea es muy estricta con las prórrogas. Las autoridades tienen que probar que, pese a poner todos los medios, no han logrado reducir la contaminación. Además, deben presentar un plan de calidad del aire que detalle las medidas que aplicarán para cumplir la ley cuando acabe la moratoria. "Las prórrogas están pensadas para casos muy excepcionales de imposibilidad de reducir la contaminación pese a haberlo intentado, y eso no es ni por asomo lo que ha ocurrido", añade Segura.

Algunas comunidades y Ayuntamientos nunca han puesto en marcha planes de calidad del aire; otras, como Madrid capital, presentaron a bombo y platillo estrategias muy ambiciosas, pero no las aplicaron. Es llamativo el caso de Cataluña. El anterior ejecutivo (PSC, ERC e ICV) aprobó la limitación de la velocidad de acceso a Barcelona a 80 kilómetros por hora. En cuanto CiU llegó al poder derogó la medida por considerarla ineficaz, pero ya ha tenido que recurrir dos veces a ella. La última, esta misma semana, cuando los niveles de dióxido de nitrógeno se han disparado por el anticiclón. Desde este martes, los coches vuelven a entrar a la ciudad a menos de 80 en un intento de reducir la contaminación.

El Ayuntamiento de Madrid lleva sin plan de calidad del aire desde el año pasado. Asegura que está elaborando el nuevo, que tendrá listo antes de fin de año, junto con la petición de prórroga para Bruselas.

Pese a que en la zona de Bajo Nervión dos estaciones registraron 51 y 41 microgramos de media anual en 2010 -la normativa, de obligado cumplimiento, establece un máximo de 40-, un portavoz del Gobierno vasco aseguró ayer que "cumple con los niveles en todo el territorio, por lo que no hay motivos para ninguna moratoria". Algo similar afirma la Comunidad Valenciana. En la zona de L'Horta tres estaciones registraron 70, 45 y 43 microgramos de media anual, pero el Gobierno regional asegura que no incumple la normativa. Al preguntar por la existencia de un plan de calidad del aire, remitieron al Ayuntamiento de Valencia.

La Generalitat de Cataluña presentó las líneas maestras de su plan la semana pasada, aunque ya ha reconocido que resultará "insuficiente" y que en 2015 seguirá superando los niveles de contaminación marcados por la UE. En realidad, lo que hace el documento es trasladar la responsabilidad a los Ayuntamientos, que serán los que pongan en marcha planes para restringir el tráfico en las ciudades. Comunidades y Ayuntamientos se pasan la pelota, preocupados por la impopularidad de medidas como los peajes urbanos o la prohibición de circular por el centro de las ciudades a los coches más contaminantes.

Tampoco el Ministerio de Medio Ambiente ha cumplido lo que su titular, Rosa Aguilar, prometió en febrero. El plan nacional de calidad del aire debía estar aprobado en julio pasado, pero sigue en un cajón. Una portavoz aseguró que la intención es aprobarlo antes de las elecciones. ¿Podría España ser sancionada por Bruselas por enviar con retraso las peticiones de prórroga? Es poco probable. El ministerio asegura que tramitará igualmente las moratorias que lleguen tarde, como la de Madrid. Otra cosa es que Bruselas las acepte.

Con información de Rafael Méndez, Ivanna Vallespín, Karim Asry y Cristina Vázquez.