El fiscal atribuye a dinero "ilegal" el patrimonio injustificado de Matas

Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach sostienen que Jaume Matas ha logrado un aumento injustificado y más que evidente de su patrimonio a base de compras y operaciones realizadas con dinero "de procedencia ilegal". El juez José Castro retiró ayer el pasaporte al ex presidente del PP, que gobernó en Baleares entre 2003 y 2007. Matas se enfrenta a una acusación por 12 figuras delictivas de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Palma Arena, por la ejecución de un macropolideportivo público, concebido como su proyecto estrella. Ahora, la trama urdida y los desvíos de fondos por más de 41 millones en la obra le pueden suponer a Matas una condena de hasta 24 años de cárcel.

El juez del caso retira el pasaporte al ex ministro de Medio Ambiente

Varios sobreprecios en la construcción del Palma Arena fueron del 400%

Este lunes, el juez decidirá sobre la petición de los fiscales para que Matas ingrese en prisión preventiva o deposite una fianza de tres millones de euros por el riesgo de fuga e impedir que dificulte la investigación. Ésta es una de las fianzas más altas reclamadas en España a políticos supuestamente corruptos. El PP, ni en Baleares ni en Madrid, salió en defensa de su ex líder. Tampoco le censuró. Tras la decisión el lunes del juez se actuará.

Matas se fijó durante su gestión una divisa: actuar "rápido y sin miedo" para ejecutar grandes infraestructuras públicas y dejar con ellas una huella de su gestión. Una de sus iniciativas puede ser su tumba como figura pública.

El ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003), que ha vivido y trabajado en los últimos años en EE UU, deberá presentarse cada 15 días ante el juez, si éste acepta las tesis de la acusación. Al apoderado de Matas, su cuñado Fernando Areal, que era gerente del PP balear, se le solicita la retirada del pasaporte y la personación judicial.

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desgranado los movimientos inmobiliarios, obras y adquisiciones de bienes suntuarios, en especial, las tres casas que Matas disfruta en Palma, Madrid y Sa Colònia, valoradas en más de cuatro millones, y todo ello se relaciona un posible delito de blanqueo de capitales. La defensa de Matas rechaza de plano la acusación de los fiscales y solicita que ni se le impongan medidas cautelares pecuniarias ni se le retire el pasaporte porque se atentaría contra su medio de vida. Matas se incorporó a la consultora PwC en Nueva York.

La obra del velódromo del Palma Arena se ejecutó, para los fiscales, con tal cúmulo de ilegalidades y atropellos administrativos, favoritismos y conciertos con empresas que se alcanzó en su conjunto una malversación de fondos públicos por desvíos sin justificar de hasta 41 millones por los sobrecostes en un gasto de 110 millones. Algunos sobreprecios fueron de hasta el 400%.

La fiscalía documenta indicios de falsificaciones de actas de consorcios y fundaciones públicas, firmas ficticias, simulación de contratos, adjudicaciones amañadas, facturas falsas, cobro de comisiones y sobornos, pagos de facturas falsas de la campaña electoral del PP y cohechos directos. Matas y sus supuestos brazos ejecutores, el ex director general José Luis Pepote Ballester y el ex gerente Jorge Moisés, protagonizaron la gestión directa del Palma Arena -un velódromo sin pista homologada, repleto de deficiencias-, en cuyo proceso se ven indicios de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial; dos delitos continuados de prevaricación; otro de fraude; tres figuras de malversación de caudales públicos; un delito electoral, y otro de blanqueo de capitales.