Catálogo de corrupción

Entre los años 2003 y 2007 hubo motivos en Baleares para que se abrieran 19 causas penales por corrupción con imputados de los dos partidos que gobernaron sus instituciones principales: siete de Unión Mallorquina y 12 del Partido Popular. Entre estos últimos, el entonces presidente balear, Jaume Matas, pendiente de las medidas cautelares que decida el juez pero para quien la fiscalía ha solicitado prisión provisional eludible mediante fianza de tres millones, la mayor conocida para delitos de este tipo.

La fiscalía argumenta esta decisión por el riesgo de fuga derivado de la entidad de las penas que arriesga Matas, hasta 24 años de cárcel; y de las evidencias incluidas en el propio sumario sobre el importante patrimonio generado y tratado de ocultar, que podría favorecer el intento de fuga. Matas ha prestado declaración como imputado en nueve delitos que compendian casi todo el arco potencial de la corrupción, desde la malversación al tráfico de influencias pasando por blanqueo, prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial, etcétera. Pero como en otros casos que afectan a miembros del PP, la línea de defensa seguida por los abogados parece orientarse antes a buscar la anulación de algunas pruebas (y a desacreditar la instrucción) que a refutar las acusaciones.

Y cuando se intenta esto último es, significativamente, mediante la admisión de otros delitos considerados menores; por ejemplo, contra la Hacienda: alega que disponía de otros ingresos no declarados con los que pagaba en negro las compras que se consideraron signos externos de enriquecimiento ilícito. O por la vía de eludir su responsabilidad culpando a sus subordinados de las irregularidades (en el caso Palma Arena, en el que se investiga el sobrecoste de esa obra y su eventual relación con la financiación del partido).

El abogado de Matas ha anunciado recurso para instar la anulación de las grabaciones de conversaciones con su defendido de las que se deduciría un intento de enmascarar sus cuentas personales. La ley es estricta en la prohibición de intervenciones telefónicas en la relación abogado-cliente, pero admite excepciones; si son aplicables al caso es algo que habrá de dilucidarse en el proceso. En todo caso, esas grabaciones apenas añaden elementos nuevos a lo averiguado por otras vías, según se refleja en el informe de la fiscalía.

De ese informe y lo que ha trascendido de las declaraciones del ex presidente y su entorno, se deduce una permanente confusión entre lo público y lo privado: un cuñado que a la vez era gerente del PP y en cuyo despacho se pagaban cuentas de la familia Matas; un ex consejero del Gobierno balear convertido en testaferro de las compras inmobiliarias de su presidente. Y, en general, una actitud propia de quien cree gozar de impunidad: ¿cómo, si no, pudo considerar normal pagar en cinco años más de cuatro millones de euros en efectivo en casas (y sus remodelaciones), muebles y joyas, habiendo sacado de sus cuentas bancarias en ese tiempo menos de 500 euros?