"La desproporción entre ingresos y gastos del matrimonio es notable"

La Fiscalía de Baleares sostiene en un extenso escrito la necesidad de imponer prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros con retirada de pasaporte para el ex presidente balear, Jaume Matas, del PP, quien perpetró supuestamente numerosos delitos, todos ellos vinculados a la corrupción política, durante su último mandato, entre 2003 y 2007. La construcción del velódromo Palma Arena aparece como el origen de las actividades corruptas de Matas. Las principales acusaciones que la fiscalía detalla en su escrito son las que siguen:

>> Blanqueo de capitales. "El aumento injustificado del patrimonio de Matas es más que evidente:

a) Piso de Madrid, calle Ramón de la Cruz. Para su adquisición utiliza como testaferro (hombre de paja) a Bartolomé Reus.

b) Piso de la Colonia de San Jordi. Para su adquisición utiliza como testaferro a su madre.

c) Vivienda de la calle San Felio, número 8, de Palma de Mallorca. La adquisición formal del inmueble mediante escritura pública no se produce hasta finales del año 2006, por un importe escriturado de 950.000 euros, concertando para su financiación un préstamo hipotecario por valor de 600.000, y otros 350.000 proceden de la venta de una anterior vivienda en la zona de Cas Catalá.

d) Reforma integral de la vivienda de la calle San Felio. Los gastos que supone una reforma integral de estas características superan un millón euros. Así lo avala el informe pericial emitido al efecto.

e) Múltiples adquisiciones de muebles de la vivienda y otras adquisiciones que se detallan en informes y diligencias de la Guardia Civil. Todos estos gastos superan con creces la capacidad económica del matrimonio Matas-Areal. La desproporción entre ingresos oficiales y gastos es notable y, si a ello añadimos que la mayoría de los gastos se realiza con dinero en efectivo, opaco para la agencia tributaria, la conclusión se hace evidente: Matas utiliza para estos gastos dinero cuya procedencia es ilegal. Ello viene avalado por informe de la Agencia Tributaria (...)".

"Los hechos relatados pueden ser constitutivos de los siguientes tipos delictivos:

>> Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal cuya pena es de inhabilitación que se comete con la adjudicación ilegal y arbitraria a Shurmann y la imposición de colaboradores y más tarde con la rescisión del contrato a Shurmann y la contratación sin concurso a GR-1 SL por 8,5 millones de euros pese a los informes jurídicos sobre la ilegalidad de las actuaciones, así como los distintos concursos públicos de obras y las correspondientes adjudicaciones [para la construcción del velodromo Palma-Arena].

>> Fraude a la Administración del artículo 436 del Código Penal, cuya pena alcanza los tres años de prisión, que se produce cuando Matas se pone de acuerdo con el delegado de FCC para adjudicar un contrato de manera ilegal (2,2 millones de euros lote 1.B) y cuando se concierta con la UTE FCC y Melchor Mascaró para otros contratos (lote 2.A por 19 millones y complementarios y modificados).

>> Malversación de caudales públicos del artículo 432.1 del Código Penal, cuya pena alcanza los seis años de prisión, cuando Matas ordena dar un contrato menor de 12.000 euros a Jorge Moisés para realizar un estudio que nunca se realizó; cuando Matas permite el pago a la UTE por trabajos no realizados o a precios superiores en un 400% al efectivamente pagado; cuando Matas permite que parte de los fondos públicos pagados a GR-1 SL se desviasen al pago a otros fines, entre ellos 500.000 euros a Nimbus Publicidad; cuando Matas ordena que se paguen unos 200.000 euros al periodista Antonio Alemany y que se simule un expediente de contratación con Nimbus que presentaría facturas falsas de trabajos inexistentes y que luego transfería al periodista; cuando Matas ordena pagar una subvención de 450.000 euros a una empresa de Antonio Alemany presionando a los funcionarios para que le dieran la máxima puntuación posible y habiendo subvertido las bases de la subvención para que le fuera otorgada a esa empresa.

>> Delito electoral cuando se ocultan gastos electorales a las autoridades competentes, en concreto cuando Nimbus Publicidad asumió una serie de gastos de la campaña electoral de 2007 que no facturó ni cobró al partido que presidía Matas y que administraba el cuñado de Matas. Así como cuando otros trabajos fueron cobrados en dinero negro o B que no fue declarado.

>> Penas posibles. Cabe la posibilidad de que la conducta del imputado sea sancionada con más de 24 años de prisión (la triple de la pena más grave). La medida cautelar solicitada se considera necesaria para asegurar la presencia del imputado en el proceso al existir el riesgo de fuga que a continuación se detalla. Para evitar la ocultación y destrucción de las fuentes de prueba relevantes para la investigación. Se considera que existe peligro de fuga por cuanto la gravedad de las penas que se pueden imponer genera por sí mismo un peligro fundado de que el denunciado pretenda evadirse de su posible imposición".