El Constitucional tumba el traspaso del Guadalquivir a Andalucía

El Gobierno socialista andaluz recibió ayer otra mala noticia. El Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, que otorgaba a la comunidad las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectan a ninguna otra comunidad. El alto tribunal acordó por unanimidad declarar este artículo inconstitucional, atendiendo el recurso planteado por la Junta de Extremadura, gobernada también por los socialistas. Con esta decisión, el Constitucional tumba la disposición más simbólica del nuevo Estatuto de Andalucía.

Las tres fuerzas políticas andaluzas que apoyaron la reforma estatutaria en el referéndum del 18 de febrero de 2007 (PSOE, PP e IU) acordaron trabajar juntas por mantener el consenso que hizo posible el Estatuto.

Aún no se conoce la sentencia, de la que es ponente el magistrado Javier Delgado, pero está claro que de nada ha servido que los redactores del Estatuto incluyeran una mención expresa al artículo 149.1.22 de la Constitución para salvar de la quema esta competencia exclusiva.

La manera por la que fue posible que el PP se sumara a la reforma estatutaria en el trámite del Congreso de los Diputados -en el Parlamento andaluz votó a todo en contra- fue precisamente la de introducir coletillas a lo largo de los 250 artículos del Estatuto en las que se remite a preceptos constitucionales, es decir, resaltando la prevalencia de la legislación estatal sobre la autonómica.

Este artículo fue objeto de un fuerte e intenso debate entre los socialistas andaluces y la dirección federal cuando el Estatuto entró en el Congreso. De hecho, se limó más de lo que los andaluces en un principio pretendían, ya que contaba con la fuerte oposición de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En la solución de la redacción final participaron, entre otros, el hoy ministro de Justicia, Francisco Caamaño, uno de los artífices del acuerdo con el PP.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, subrayó ayer, tirando de manual, que acatará la sentencia del Tribunal Constitucional. Dicho esto, activó la vía política para intentar que la gestión del Guadalquivir siga en manos andaluzas. En su opinión, "hay margen en la legalidad constitucional para que Andalucía siga decidiendo sobre el Guadalquivir". Una de esas vías podría venir por el artículo 150.2 de la Constitución, por el que el Estado puede delegar a las comunidades materias de titularidad estatal, aunque este sería el escenario más optimista para Andalucía.

Griñán se entrevistará el lunes próximo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para buscar una salida consensuada. La Junta también ha convocado la comisión bilateral con el Estado para encontrar fórmulas de acuerdo de una competencia con un alto valor simbólico para los andaluces y de la que el PSOE hizo y hace seña de identidad política en esta autonomía. El 90% de la cuenca del Guadalquivir transcurre por la comunidad.

La sentencia del Constitucional abre muchos interrogantes porque la Junta tiene ya en sus manos la transferencia. Este acuerdo se logró en un tiempo récord -en 18 meses desde la entrada en vigor del Estatuto- y ha supuesto que la comunidad gestione 53 de los 57 embalses del Guadalquivir y asuma 704 empleados públicos. El coste efectivo de la transferencia ascendió a 123 millones de euros.