El Parlamento de Andalucía aprueba el Estatuto sólo con los votos de la izquierda

Para 67 diputados del Parlamento andaluz (el 61,5%) fue un 2 de mayo feliz y extraordinario; para los 41 restantes (37,6%), un día triste y aciago. El segundo Estatuto de Autonomía de Andalucía en 25 años salió aprobado anoche con los 61 votos del PSOE y seis Izquierda Unida, y el no de 36 del PP y cinco andalucistas. Por tan sólo un voto de diferencia superó el listón de los tres quintos necesarios (66 de 109). El centro-derecha culpó en exclusiva al presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, de la falta de consenso, lo acusó de enfrentar a los andaluces y hasta de "antiespañol". El también presidente federal del PSOE respondió contundencia: "España no se rompe; lo que sí se rompe es una forma determinada de concebir España".

El portavoz del PP, Antonio Sanz, acusó al presidente andaluz de ser "padre de la desunión"

IU defiende los avales del nuevo texto y vaticina el apoyo ciudadano en el referéndum

El PSOE acusó a los populares de subordinarse a la dirección nacional de su partido, como UCD en 1980

Los andalucistas sostienen que no vale igual la definición de "nación" que la de "realidad nacional"

A las ocho y media de la tarde, el Parlamento de Andalucía aprobó ayer el primer Estatuto de su historia, en votación pública por llamamiento. Tan sólo faltó un diputado de los 109, del PP. El anterior Estatuto, de 1981, fue elaborado por los parlamentarios andaluces del Congreso y el Senado, cuando aún no se habían celebrado las primeras elecciones autonómicas. Las referencias a lo que significó el acceso al autogobierno fueron constantes a lo largo de las nueve horas de debate.

La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, registrará el viernes la proposición de ley de reforma en el Congreso, cuyo debate en toma en consideración está previsto el próximo día 23. Chaves no descartó ayer que las Cortes introduzcan retoques al texto para "perfeccionarlo y ajustarlo a los criterios del Estado" y también para tratar de incorporar al PP, aunque considera que la reforma es "rigurosamente acorde con la Constitución".

Hace 26 años, los andaluces aprobaron en referéndum, el 28 de febrero de 1980, el acceso a su autogobierno por la misma vía que la Constitución preveía para las consideradas comunidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia). Eso rompió la asimetría prevista por los constitucionalistas y dio lugar al llamado café para todos. La elaboración, un año después, del llamado Estatuto de Carmona fue sobre ruedas al haber despejado los andaluces la mayor incógnita de no ser más, pero tampoco menos que otra comunidad.

En ese proceso no sólo no estuvo, sino que se opuso con ferocidad, el centro (UCD) y la derecha (AP), que desde entonces, bajo las siglas del PP, arrastra una pesada losa en Andalucía. El PSOE ha ganado las siete elecciones autonómicas celebradas, la última en 2004 con mayoría absoluta. Y ahora, creen los socialistas, el PP sigue el mismo camino. "No conviene tergiversar la historia. La derecha y el Partido Andalucista se oponían a que Andalucía alcanzara la vía rápida del autogobierno", dijo ayer Chaves, quien falseó este dato, porque los andalucistas sí apoyaron el anterior estatuto. Otra cosa es que la singular manera de éstos para distinguirse limite sus expectativas y que desde el 28-F nunca hayan tenido en exclusiva la bandera del andalucismo.

En contra de lo esperado, el pleno de ayer despertó menos expectación que el debate en comisión o la propia toma en consideración de la iniciativa. Quizás porque nadie esperaba una sorpresa de última hora, ya que el pasado fin de semana el PP rechazó las enmiendas transaccionales del PSOE para incluir una mención expresa, tanto en el preámbulo como en el articulado, a la "unidad de la nación española" además de las citas a la Constitución y a la legislación básica para el desarrollo de las competencias, la igualdad de derechos y la relación bilateral con el Estado. En ningún momento estuvo llena la tribuna de invitados, desde la que siguieron el debate los líderes de la oposición, ya que ni Javier Arenas (PP) ni Diego Valderas (IU) ni Julián Álvarez (PA) tienen escaño en la Cámara autonómica.

Sobre el presidente andaluz recayó parte del protagonismo del debate, al abrir el pleno extraordinario. También porque los representantes de PP y PA lo convirtieron en el eje central de sus ataques. El portavoz del PP, Antonio Sanz, lo acusó de ser el "padre de la desunión en el Estatuto de Andalucía", de "provocar una división política innecesaria", de convertir un Estatuto de "la unanimidad en otro excluyente" y, la perla final, "de ejercer de antiespañol".

Se refería el diputado del PP a la inclusión en el preámbulo de la descripción de Andalucía como una "realidad nacional" -la definición que figura en el articulado es la de nacionalidad histórica-, un término que supone "una tomadura de pelo" y que significa "cargarse la Constitución y la solidaridad". Según Sanz, al incluir el término realidad nacional lo que los socialistas andaluces hacen es "dar coartada a los nacionalismos insolidarios que han pactado" con José Luis Rodríguez Zapatero.

"España no se va a romper y menos que nadie lo va a hacer Andalucía", dijo Chaves, quien luego en la réplica sostuvo que "lo que sí se rompe es una forma determinada de concebir España. España no se puede hacer a la medida de ustedes, sino de todos los españoles", aseguró.

El presidente andaluz defendió la alusión a la realidad nacional de Andalucía -"no es algo baladí", dijo-, una expresión que "no es más que una reafirmación coherente y consecuente de la definición como nacionalidad". Pero en lo que puso mayor énfasis fue en intentar desmontar el mensaje que insistentemente lanzó el PP de que es "ridículo" y "no vendible" que la proposición de reforma andaluza llegue "a Madrid" con el apoyo de sólo dos grupos. "No admitiré nunca que se ponga en duda la legitimidad y legalidad del Estatuto cuando sale apoyado por tres quintos del Parlamento". Ésa es la mayoría cualificada requerida (66 de los 109 diputados) para la aprobación final.

Tanto Chaves como el portavoz del grupo socialista, Manuel Gracia, insistieron en que las razones del PP para oponerse al nuevo Estatuto no se encontraban en la expresión realidad nacional. "Son las competencias, la financiación y la bilateralidad con el Estado", dijo Chaves. También añadió: "Y la estrategia del PP de oponerse a cualquier reforma". Gracia remachó: "Como hace 26 años, igual que la UCD, subordinan su acción política a su dirección nacional. No tienen un proyecto para Andalucía".

La portavoz de IU, Concha Caballero, insistió en la "legitimidad" del nuevo Estatuto, pese a que en la foto final no aparece el principal grupo de la oposición. "Este Estatuto lo avala la mayoría necesaria del Parlamento, lo avala el Consejo Consultivo y lo avalarán en referéndum los andaluces", pronosticó. También intentó desmontar la tesis de la ruptura de España del PP: "¿Alguien puede creer que porque Andalucía gestione el Guadalquivir se rompe la unidad de España? ¿Que porque las grandes obras públicas en la comunidad se hagan con la participación de Andalucía se va a romper España? Lo que ocurre es que el PP no entiende el Estado autonómico y que las comunidades forman parte del Estado".

Con argumentos diametralmente opuestos al PP, que considera que el Estatuto andaluz "imita" al catalán, el Partido Andalucista considera insuficiente todo el texto y "apenas da un pasito en dirección" al aprobado para Cataluña. La portavoz andalucista, Pilar González, tan sólo concedió que el nuevo texto "es más avanzado" que el vigente, pero no asienta las bases para la igualdad. "Y hoy igualdad significa denominarse nación. No es lo mismo nación que realidad nacional, no nos convence".

La polémica sobre la definición en las últimas semanas, un debate ajeno a las preocupaciones de los andaluces, ha eclipsado en cierta medida los contenidos básicos del nuevo Estatuto, cuyo principal rasgo es que Andalucía esté presente y participe en todas aquellas decisiones que le afecten. Tampoco ha dejado ver el título de nuevos derechos sociales aplicables a todos los que vivan en Andalucía, es decir, también a los inmigrantes, y la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para reclamar el cumplimiento de los mismos. Es, además, un Estatuto que apuesta en más de una docena de artículos por la igualdad entre hombres y mujeres.