La historia de una "realidad nacional"

La idea de la reforma del Estatuto de Andalucía sobreviene en el transcurso del debate del estado de la comunidad de junio de 2001, en el que la oposición tenía previsto descargar su artillería contra el presidente Manuel Chaves por el formidable embrollo interno que se había organizado en el PSOE en torno a la fusión de las cajas de ahorro. El presidente de la Junta saca de la chistera la "posibilidad" de emprender la reforma de la norma andaluza, "si fuera necesario", y desvía el tiro hacia una nueva actualidad. Pese a las múltiples cautelas y condicionantes con las que el socialista acota este proyecto, a partir de entonces el debate político sobre la reforma no hace otra cosa que crecer. De hecho, desde el PSOE se suele recordar que fue precisamente Chaves el primer presidente autonómico que propuso modernizar su Estatuto.

El PP recibe la sugerencia con escepticismo y la considera una maniobra de distracción más de los socialistas para huir de los problemas. Los partidos minoritarios, IU y PA, para los que mejorar el Estatuto era una vieja reivindicación, se agarran a la palabra de Chaves. Éste, al final de la legislatura, presenta un documento con las bases de la futura reforma en un pleno monográfico del Parlamento andaluz, y reafirma de esta forma su intención de actualizar la norma básica autonómica, que despide un fuerte olor agrarista.

Una vez celebradas las alecciones autonómicas de 2004 -los populares son los únicos que no incluyeron en su programa electoral la reforma-, se da el primer paso institucional: en septiembre de ese mismo año la Ponencia inicia sus trabajos y elabora una declaración conjunta de los cuatro grupos parlamentarios en la que se expresa la voluntad de consenso. Sin embargo, desde este mismo momento empiezan las divergencias, fundamentalmente entre PSOE y PP.

Servicios mínimos

Los populares nunca habían creído necesaria la reforma -a la que se adhieren a regañadientes ante el temor de quedarse aislados- y durante el proceso de tramitación parlamentaria optan por los servicios mínimos, tanto en los contenidos como en las asistencias de la ponencia. Una muestra: en el listado de competencias que los partidos entregan en junio de 2005, el PP sorprende con una propuesta donde sólo figura una petición concreta: actualizar las referencias a las cámaras de la propiedad urbana, los agentes de cambio y bolsa y los corredores de comercio.

En la primera fase, en las que aún no se votaba, los populares manifiestan "reservas" a numerosos aspectos relacionados con la codecisión con el Estado o "dudas de constitucionalidad" respecto a los artículos que refuerzan las atribuciones del presidente o la regulación de derechos. Aunque el resto de los grupos empieza a barruntar que el PP acabará por descolgarse, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, corta cualquier augurio agorero con una declaración acerca del grado de coincidencia y su profundo convencimiento del pacto final. "Algunos días me levanto y digo que el nivel de acuerdo es del 90% y otros, que me llaman carroñero, digo que el 80%", dice en la primavera de 2005.

El debate del Estatuto de Cataluña y lo que significa en la política nacional empieza a levantar las cartas. El PP se va alejando cada vez más de la reforma, que intenta ralentizar en varias ocasiones, de la mano de su dirección nacional. Votan en contra del borrador, se abstienen en la toma de consideración de la propuesta y finalmente se oponen a los 11 títulos y 250 artículos del futuro Estatuto.

Junto a las competencias, los derechos sociales, financiación y las relaciones con el Estado, el eje central de discusión del Estatuto andaluz ha sido la definición de Andalucía, una vez más, condicionada por la que finalmente ha adoptado el Estatuto catalán para su comunidad.

En un principio, PSOE y PP votan juntos en la Ponencia el siguiente texto: "Andalucía, como expresión de su identidad y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad histórica, se constituye en comunidad autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles". Es la misma redacción que figura en el texto vigente, a la que se añade "histórica". El PSOE señala entonces que está dispuesto a cambiar la redacción porque es "muy tortuosa", pero afirma que "no tiene ninguna duda" de que la denominación (nacionalidad histórica) es la acordada con el PP.

Propuesta de Clavero

Queda pendiente el Preámbulo, y para intentar una aproximación con los andalucistas, que exigen que al menos se mencione la palabra nación, el PSOE aprovecha la propuesta del ex ministro de la UCD Manuel Clavero -antiguo padrino político de Arenas-, quien había sugerido la siguiente fórmula: "El artículo segundo de la Constitución española reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad". Es la misma que aparece en Cataluña. Unos días más tarde, el presidente de la Junta apuesta en el Parlamento andaluz por dar una redacción "más clara, más contundente y mucho más afirmativa al artículo 1.1". La propuesta socialista es para el Preámbulo: "La Constitución española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad". Y para el artículo 1.1, lo siguiente: "Andalucía, como nacionalidad histórica, se constituye en comunidad autónoma, conforme al artículo 2 de la Constitución española".

En el seno socialista, la inclusión de realidad nacional genera un debate interno, ya que es una expresión que no forma parte de su cultura política, aunque la dirección federal la apoya. Los andalucistas la consideran insuficiente y los populares ponen el grito en el cielo, lo que certifica la ruptura total.