El fallo del Constitucional deja en el aire la política hidráulica de la Junta

Los traspasos de las competencias sobre las cuencas de los ríos que transcurren por la comunidad han sido los cimientos sobre los que la Junta de Andalucía ha ido construyendo su política hidráulica desde mediados de la década pasada. Pero el fallo del Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz, y por lo tanto la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir, deja en el aire esta política hidráulica del Gobierno regional. El Guadalquivir -cuya cuenca de 51.900 kilómetros cuadrados ocupa el 59,2% de la superficie de la comunidad- era la pieza clave.

El primer traspaso fue el de la Confederación Hidrográfica del Sur el 1 de enero de 2005, de cuya gestión se hizo cargo la Junta y que pasó a llamarse Cuenca Mediterránea Andaluza. Se creó entonces la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y encargada de coordinar y gestionar la política hidráulica en la comunidad. En enero de 2006 se produjo la segunda transferencia, la de la Cuenca Atlántica Andaluza.

Medio Ambiente espera que se permita una cesión de la gestión

Pero faltaba la más importante, la del Guadalquivir, cuya cuenca no solo se extiende por Andalucía, sino también por Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. El paraguas legal para lograr esta transferencia, a la que se oponía la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, fue el Estatuto de Andalucía, aprobado en referéndum en febrero de 2007.

Finalmente, en septiembre de 2008, se firmó el traspaso de las competencias del Guadalquivir, que se materializó con la publicación del decreto de transferencias el 4 de noviembre de 2008. La comunidad empezó a gestionar el río desde 1 de enero de 2009.

Fue entonces cuando la Agencia Andaluza del Agua empezó a ganar peso. Del Guadalquivir, por ejemplo, beben 440.809 hectáreas de regadío en Andalucía. La agencia es la que decide sobre los usos del agua. Tras el traspaso, la Junta gestiona 54 de los 57 embalses del Guadalquivir. Los cuatro restantes -Fresneda, Montoro, Jándula y Pintado- siguen en manos del Gobierno central, al afectar a otras comunidades. El acuerdo también supuso que 704 funcionarios y personal laboral que dependían de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pasaran a formar parte de la Agencia Andaluza del Agua, que casi duplicó su plantilla.

Además, la Junta empezó a desempeñar las labores de protección del dominio público hidráulico y a ser la encargada, por ejemplo, de imponer las sanciones por vertidos y daños a la cuenca.

Cuando el traspaso del Guadalquivir se había consumado la Junta de Andalucía dio el siguiente paso: la elaboración de una norma para regular el uso del agua en la comunidad. Primero se cerró el acuerdo andaluz del agua, ratificado por los agentes sociales y económicos de la comunidad. Y, en julio de 2010, se aprobó la Ley de Aguas para Andalucía, en la que se fija la política hidráulica de la región. En la norma se alude al traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir y, partiendo de esta transferencia, desarrolla la gestión del agua en la comunidad. Por lo tanto, el fallo del Constitucional también dejaría en el aire esta norma.

En la Agencia Andaluza del Agua eran conscientes de que un fallo del Constitucional podría hacer tambalear el camino recorrido en los últimos años. Desde hace meses, los responsables de la agencia barajan un plan b, que pasaría por acordar con el Gobierno central una encomienda de gestión para que Andalucía siguiera manteniendo la gestión a pesar de no tener las competencias. Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el de Política Territorial -encargado de las transferencias- quisieron pronunciarse ayer sobre esta posibilidad. Prefieren esperar a leer la sentencia del Constitucional para sopesar qué salidas puede haber.