La Abogacía asegura que Bildu obedece al plan de ETA para colarse en las instituciones

La Abogacía General del Estado ha presentado este mediodía ante el Tribunal Supremo dos recursos, uno contra las 254 candidaturas de la coalición electoral Bildu, y otro contra 16 agrupaciones electorales vinculadas presuntamente a la izquierda abertzale. La fiscalía agotará el plazo y presentará mañana sus demandas de impugnación.

Usando como "pruebas básicamente conversaciones y documentos", los servicios jurídicos del Estado han determinado que se trata "de un vehículo formal para presentar candidatos de la izquierda abertzale, (...) que está gestionado, dirigido, coordinado y articulado" por ésta. "[Son] los candidatos de sucesión de ETA-Batasuna", ha explicado el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají. En resumen, que Bildu obedece al plan de ETA para colarse en las instituciones.

La Sala del 61 del Supremo se reunirá previsiblemente mañana a partir de las ocho de la tarde para decidir sobre su admisión a trámite de esas demandas, y dar plazo a Bildu para que responda.

Según el escrito conocido hoy, "existe un plan de ETA, dentro de su estrategia articulada en torno al autodenominado Proceso Democrático de acumular fuerzas, esto es, de reunir en torno a su estrategia al mayor número posible de fuerzas políticas que estén dispuestas a colaborar con su estrategia". Por ello, la izquierda abertzale "ha concluido al menos tres acuerdos, con Eusko Alkartasuna y Alternatiba [una escisión de Ezker Batua], para concurrir coaligadamente a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011, repartiéndose los puestos electorales en función del respectivo peso electoral de los tres partidos, apareciendo los candidatos de Batasuna bajo la rúbrica de 'independientes' pero representando exactamente, sobre todo en los puestos de previsible elección, el porcentaje de voto de de ésta o de sus franquicias".

La colaición se ha opuesto de manera tajante a estos argumentos y ha negado ser "el plan B de ETA". Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, uno de los partidos que integran Bildu, ha declarado que la acusación de la Abogacía del Estado responde "a un proceso orquestado para distorsionar" a la formación soberanista. Matute ha destacado que desde Bildu han "remarcado por activa y por pasiva que ni hemos tenido, ni tenemos ni tendremos relación alguna con ETA" y que los tribunales no les podrán imputar nada "porque no obedecemos ni a sus disctados ni a sus designios".

Fuentes Bardají, por su parte, ha explicado esta mañana que se han impugnado las candidaturas y agrupaciones porque es lo adecuado en el caso de un recurso contencioso-electoral. Para la ilegalización de la coalición en sí "ésta no es la vía", ha explicado. En cualquier caso, "la pretensión impugnatoria (...) no alcanza a la legalidad" de Eusko Alkartasuna y Alternatiba. Sobre las agrupaciones, ha explicado que "son un tema residual en concejos o municipios pequeños, lugares en los que no ha habido acuerdo entre los miembros de la coalición".

La Abogacía del Estado lleva "tres semanas estudiando los informes" suministrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -cinco de la policía, tres de la Guardia Civil, uno de la Policía Foral y otro de la Ertzaintza-, y ha concluido que procedía "la impugnación de todas las candidaturas". Los documentos incluidos en estos informes (cinco, aunque los fundamentales son dos) demuestran en su opinión que "la coalición se diseña y ejecuta desde el mundo de Batasuna, y [en ella] se atribuyen los puestos en función de expectativas electorales o de lo que ANV obtuvo como resultado en las elecciones de 2007 en votos o en votos anulados".

Además de estos documentos, la Abogacía ha detectado también "estrategias generales de Batasuna", y ha contado con "conversaciones intervenidas que demuestran la práctica concertada en muchos municipios para el pacto con partidos legales, así como la cesión desde estos últimos de los puestos representativos, importantes, en las listas". Además, ha encontrado "un conjunto de pruebas indiciarias" que ya señalaron "en otros procesos de ilegalización".

Porcentaje de 'contaminación'

En su recurso, los servicios jurídicos del Estado estiman en un 10,44% el "porcentaje global de vinculación" de Bildu con "el complejo ETA/Batasuna". "Es decir, de 3.743 candidatos [de la coalición], 391 están vinculados organizaciones ilegalizadas, porcentaje que asciende al 13,45% si se consideran los 815 puestos que, según las estimaciones de posibilidad de voto, se consideran como susceptibles de ser elegidos". Hay 90 listas que se encuentra por encima del 20% establecido por el Supremo y el Tribunal Constitucional como "indicio relevante y significativo de conexión con los partidos ilegalizados", añade.

En opinión de la Abogacía, "Bildu utiliza ante el terrorismo la misma prosa elíptica y perifrástica de Sortu y, en general, de la izquierda abertzale, eludiendo tajantemente cualquier condena de ETA, y acudiendo a elipsis y frases hechas ante los fenómenos terroristas realmente producidos. La elipsis se manifiesta especialmente en el 'decálogo' que asumen los candidatos de Bildu, que reproduce en gran medida la prosa utilizada por los promotores de Sortu en sus comparecencias públicas".

Concluye que Bildu es lo "que ha venido en determinarse en anteriores procesos electorales plan B del complejo ETA-Batasuna, ante el fracaso de su inicial apuesta de crear un nuevo partido político (Sortu)". "Su objetivo no es otro que el de cubrir el espacio electoral perdido como consecuencia de la disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Bastasuna y, por tanto, continuar en las instituciones democráticas a que se refieren los procesos electorales con la actividad política de dichos partidos", añade.

Por todo ello, "la imposibilidad de que las candidaturas impugnadas participen en las elecciones es una medida consecuente y necesaria en relación con la disolución de los partidos políticos ilegalizados".

La fiscalía agota los plazos

La fiscalía agotará el plazo y presentará dos demandas mañana, jueves. La principal, a cargo del fiscal jefe de lo Contencioso, Antonio Narváez, impugna todas las candidaturas de Bildu siguiendo los criterios del auto del Tribunal Supremo sobre Sortu, según el cual las candidaturas forman parte de un plan aprobado o concertado por ETA. El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya advirtió que si Eusko Alkartasuna se metía en coaliciones con elementos de formaciones ilegalizadas corría el riesgo de ver anuladas sus candidaturas y quedarse fuera de las elecciones. La segunda demanda la presentará el fiscal del Supremo Fausto Cartagena contra una treintena de agrupaciones electorales que se presentan en Ayuntamientos muy pequeños en los que no está Bildu por falta de acuerdo en las listas entre EA, Alternatiba y dirigentes de la izquierda abertzale.

Las demandas contra la totalidad de las listas de Bildu son arriesgadas, pero también pretenden evitar lo sucedido con ANV, en que se impugnaron la mitad de las listas y el Supremo vino a decir que si les hubieran pedido más, las hubieran anulado también.

Cuenta atrás para la coalición Bildu