El riesgo de ser mujer en Florida

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El aborto y la justicia reproductiva están en el centro de la agenda política este año electoral en Estados Unidos. Luego de que en 2022 se eliminara la sentencia Roe vs. Wade que permitía la interrupción del embarazo en todo el país hasta las 24 semanas de gestación, cada Estado ha impulsado sus propias leyes. Florida es uno de los más restrictivos y es donde vive el 9% de latinas en edad reproductiva; es decir, más de 1.4 millones de mujeres que ahora están en la primera línea de vulnerabilidad.

Desde el pasado 1 de mayo, en Florida rige la denominada “ley de protección del latido cardiaco”, que condiciona el aborto hasta las seis semanas, tiempo que —según la ciencia— puede resultar insuficiente en algunos casos para detectar un embarazo. Las activistas que defienden el derecho a elegir lo califican como el “cambio más radical en medio siglo”, y alertan de un impacto mayor en las mujeres racializadas, en situación migratoria irregular y empobrecidas.

La legislación, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, también obliga a que el procedimiento se realice en persona y prohíbe el acceso a telemedicina o envío de pastillas abortivas por correo, prácticas que formaban parte del sistema de salud desde hace años. Organizaciones como National Latina Institute for Reproductive Justice insisten en que, históricamente, las comunidades de color son las que corren los principales riesgos. Las mujeres latinas integran ese grupo.

Y aunque la categoría “latina” representa un grupo diverso por sus historias, culturas, idiomas, países de origen y condiciones socioeconómicas, los datos arrojan que, en Florida, del total de latinas en edad reproductiva, el 43% son madres, el 40% no tienen seguridad económica y el 5% tiene alguna forma de discapacidad.

Lo que ha sucedido en el Estado es progresivo. Tras el bloqueo del aborto legal hasta las 24 semanas en 2022, inmediatamente se lo limitó a quince semanas hasta, finalmente, condicionarlo a seis semanas. “Cuando algo es ilegal, eventualmente alguien va a tener que estar criminalizado. La persona que busca el servicio o quien la ayuda”, menciona Charo Valero, directora de la oficina de Florida del National Latina Institute for Reproductive Rights. La ley en vigencia determina que quien asista o le practique un aborto a una persona gestante puede ser sujeto de multas, pérdida de licencia médica y cargos criminales de hasta cinco años de cárcel.

Hasta antes del 1 de mayo, Florida era un destino para miles de mujeres del sur del país que necesitaban acceder a este servicio y en cuyos Estados ya no podían hacerlo. Los datos oficiales exponen que, en 2022 —cuando se eliminó Roe V. Wade— del total de abortos realizados en Florida, 8% fueron de personas fuera del Estado; en 2023, el 9%; y, en lo que va de 2024, suman el 8%. Porcentaje que irá descendiendo, pues ahora las mujeres de Florida son las que deberán viajar, si tienen los recursos para enfrentar un aborto pasadas las seis semanas.

“Si alguien no puede desplazarse, ¿qué pasa? Es forzada a parir”, recalca Valero. La Agencia de Administración Sanitaria de Florida muestra que la economía es una de las principales razones para abortar. Así lo indicó el 21% de quienes lo hicieron hasta la primera semana de junio de 2024; aunque también se registraron 51 casos por violación y dos por incesto. La normativa actual es un obstáculo para las sobrevivientes de violencia sexual.

Aunque la ventana para interrumpir un embarazo por violencia sexual es de hasta quince semanas, para hacerlo se deben cumplir varios requisitos. Entre esos, presentar una orden de restricción, reporte policial, registro médico o cualquier otro documento legal que pruebe que la violación existió y que se está cooperando con la justicia.

Cada situación es particular; pero Stephanie Loraine Pineiro, directora ejecutiva de Florida Access Network (FAN), afirma que quienes las contactan son personas de bajos recursos, que no tienen otra salida que pedir ayuda a desconocidas. Su organización ofrece fondos y acompañamiento a quienes necesiten un aborto en Florida, donde el precio de este procedimiento oscila entre los 1.000 y 1.500 dólares y no está cubierto por los seguros de salud. Ahora, este apoyo se enfoca principalmente en facilitar viajes a otros Estados donde sigue siendo accesible, reduciendo así su capacidad de ayuda. Los traslados implican costos adicionales de transporte, alojamiento, alimentación y cuidado de hijas e hijos.

“Las inmigrantes latinas venimos huyendo de países con represión y de Gobiernos autoritarios”, dice Valero, que recuerda que en países como El Salvador y Honduras el aborto está prohibido en cualquier circunstancia y hasta se criminalizan emergencias obstétricas. Esas experiencias vividas en Latinoamérica funcionan como hoja de ruta para sortear la realidad: desde el norte se mira al sur para aprender y replicar estrategias de incidencia política, tanto a escala comunitaria, como a gran escala, en la legislación.

Así surgió la posibilidad de cambiar la ley en las elecciones del próximo noviembre. Según una encuesta realizada a inicios de 2024, “la justicia reproductiva es una prioridad absoluta para las votantes latinas”. Y específicamente en Florida, el 57% de las personas consultadas cree eso. En ese contexto, además de la papeleta para presidente, en el Estado se votará una consulta popular para decidir si están a favor de limitar la interferencia del Gobierno en el aborto. Se requiere el 60% de votos favorables para garantizar la salud sexual y reproductiva de millones de mujeres.

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