Un agujero legal abre al público los datos personales de decenas de miles de autónomos

Alba Sierra se buscó un día a sí misma en Google. Para su sorpresa, vio que en una de las primeras entradas del buscador se ofrecía la opción de “consultar su CIF, dirección y teléfono”. Pinchó en el enlace y entró en un portal de información empresarial. Allí figuraban su DNI, código postal, domicilio personal, número de teléfono y correo electrónico, además de un comentario sobre su solvencia económica. Sus datos estaban al alcance de todo el mundo. Y ahí siguen, de hecho. Cualquiera que sepa su nombre se puede presentar en su casa o llamarla.

Alba Sierra es el nombre ficticio de una trabajadora autónoma (es diseñadora gráfica) muy cuidadosa con su rastro digital y celosa de su privacidad. De ahí que se sorprendiera tanto al ver que esa información, que procura no compartir nunca, es de acceso público. Se puso a investigarlo como parte de un trabajo del posgrado de Tecnopolítica y Derecho en la Era Digital de la Universidad de Barcelona. Ese fue el germen de un informe que ha completado Xnet, una organización activista para la defensa de los derechos digitales. Sus conclusiones: hay una exposición sistémica de los datos personales de los trabajadores autónomos, que son incluso comercializados sin que ellos lo sepan. Y las categorías más afectadas son algunas de las de menores ingresos.

El equipo de Xnet mantuvo hace unas semanas una reunión con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la que le informó de la investigación que estaba desarrollando. La agencia está ahora pendiente de recibir el informe completo, que la organización le presentará esta semana en forma de interpelación. Tras estudiarlo, se “analizará para ver cómo debe abordarse el tema”, señalan fuentes de la AEPD.

¿Cómo llega a ser tan visible información tan íntima de la gente? El viaje de los datos comienza desde el mismo momento en que alguien se da de alta como autónomo. Para ello hay que inscribirse en el censo de actividades económicas de la Agencia Tributaria, lo que requiere aportar nombre, DNI, teléfono, correo electrónico y dirección, entre otros. Quienes trabajan en su casa, ya sea voluntariamente o por no poderse costear una oficina o coworking, deben dar su domicilio y número personal. De ahí que Xnet haya corroborado que los autónomos de menos ingresos están más expuestos que el resto.

Hacienda cede luego esos datos a las Cámaras de Comercio, que elaboran un censo público de empresas y lo vuelcan en un directorio elaborado por Camerdata, una empresa dependiente de las cámaras. Ahí se puede consultar y comprar datos de empresas españolas para “llevar a cabo acciones comerciales”, identificar nuevos clientes, etc. Los autónomos son empresas, así que entran también en esa base de datos.

Algunos buscadores especializados, como Einforma o Axesor, compran esas bases de datos, las procesan y las ofrecen a sus clientes. Es en una de esas plataformas donde Alba Sierra encontró su dirección y DNI. Las primeras consultas suelen ser gratuitas, pero para las demás hay que pagar. El precio oscila entre los 9 y los 40 euros. Ese es el coste de conseguir la información personal de los autónomos que trabajen en su casa.

La exposición de datos personales no es ilegal (los trabajadores autónomos están obligados a notificar una dirección), pero tiene consecuencias perversas: por el hecho de ser autónomos, algunos particulares tienen su información privada a la vista de cualquiera.

¿Cuánta gente está en esta situación? Xnet calcula que en torno a un millón de personas con unos ingresos iguales o inferiores a los 1.000 euros mensuales tienen opciones de encontrar sus datos personales en internet. Es una estimación. Los investigadores han trabajado con bases de datos de Einforma y Axesor, dos de las principales plataformas de información empresarial, y han llegado a obtener una cifra aproximada de cuántos autónomos tienen fichados: unos 1,4 millones. El filtro de ingresos deja la cifra del millón. Lo que no se puede saber es cuántos de ellos tienen su domicilio personal registrado como lugar de trabajo (y, por tanto, en el radar público).

Sí vieron que, en algunas de las actividades o epígrafes de autónomos, el número de registros que tienen las plataformas supera al de autónomos dados de alta, según el INE. “Eso es porque, en ocasiones, las plataformas siguen ofreciendo datos de autónomos que ya se han dado de baja”, explica Simona Levi, fundadora y directora de Xnet y coordinadora del informe.

Privacidad y derecho a la información

Los datos personales de muchos autónomos están disponibles en internet, entre otras cosas, porque pueden estarlo. “Empresas como Axesor o Einforma no cometen ilegalidad alguna: su actividad está amparada por la normativa europea y por la Ley Española de Reutilización de Datos del Sector Público”, sostiene Borja Adsuara, jurista y consultor experto en derecho digital. Muchas de estas compañías están representadas en la Asociación Multisectorial de la Información, Asedie, que en 2018 fue premiada por la propia AEPD por sus “buenas prácticas en privacidad y protección de datos personales”.

Levi cree que el mercadeo de esos datos no se ajusta a derecho. “Creemos que sí se está infringiendo la ley porque cuando das tus datos a Hacienda no se te informa de que estos van a ir a la Cámara de Comercio y que acabarán en unas consultoras. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a decir al afectado para qué se van a usar sus datos”, subraya la activista.

La facilidad para obtener datos de particulares contrasta con las crecientes trabas que rodea a la búsqueda de información de otras empresas. El Tribunal de Justicia de la UE ha resuelto recientemente que el acceso público a los registros de titularidad de las empresas supone “una injerencia en los derechos fundamentales”, al respeto de la vida privada y a la protección de datos personales, cuestiones estas garantizadas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. “Es chocante la comparativa entre la sentencia del TJUE y la reacción inmediata de muchos países, que han cerrado sus registros, y cómo están expuestos durante años los datos de quienes trabajan con pocos ingresos”, señala Levi.

Xnet propone una serie de modificaciones legislativas para impedir que los datos de los autónomos queden al descubierto. Solicita también que los trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem (unos 2.000 euros brutos), de quienes se presupone que no pueden costearse una oficina, no se vean obligados a usar a tales efectos su domicilio particular.

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