El INE no sabe dónde estás ahora mismo

Hace tres semanas el INE hizo público un proyecto, que arranca este mismo lunes, que va a aprovechar información derivada de datos de la red de telefonía móvil para entender mejor la movilidad de la sociedad española a gran escala. El proyecto ha suscitado controversia, recelo y alarmismo al mismo tiempo que ha colocado a los datos y su uso en la primera línea del debate social.

¿Qué oportunidades estamos perdiendo por no aprovechar estos datos para el bien social? No podemos olvidar que es nuestro derecho vivir en una sociedad informada

Porque ciertamente vivimos en un mundo de datos que llamamos big data. Datos que en gran parte generamos cada uno de nosotros como resultado de la "huella digital" que dejan nuestras interacciones con los móviles y servicios digitales. Además, la digitalización del mundo físico a través de todo tipo de sensores tanto en la ciencia (por ejemplo, aceleradores de partículas o secuenciamiento de ADN) como en nuestro entorno con los dispositivos del llamado Internet de las Cosas (por ejemplo, sensores de polución, temperatura o ruido en las ciudades, coches conectados…) genera grandes cantidades de datos adicionales.

Junto a los datos, necesitamos la capacidad de analizarlos, interpretarlos y utilizarlos para generar valor. Por ello, la “Revolución de los Datos” ha sido posible gracias no solo a la existencia de los mismos, sino también gracias al desarrollo de capacidades tecnológicas y humanas para captar, almacenar, analizar y sacarles partido usando algoritmos de inteligencia artificial. En consecuencia, se ha desarrollado la llamada economía de datos que el año próximo podría superar los 700.000 millones de euros en Europa. Sin embargo, estas cifras han sido calculadas fundamentalmente desde una perspectiva de negocio porque la gran mayoría de datos están en manos de empresas privadas que los monetizan en sus productos y servicios.

Más allá de las empresas, la revolución de los datos también ha llegado al sector público, abriendo un abanico de oportunidades sin precedentes. Surge inevitablemente una pregunta: ¿cómo podrían estos datos –y sobre todo el conocimiento derivado de ellos— que hoy en día están en manos mayoritariamente privadas ser compartidos para maximizar su potencial para tener impacto social positivo? ¿Qué oportunidades estamos perdiendo por no aprovechar estos datos para el bien social? Contestar estas preguntas ha sido objeto de parte de mi trabajo desde hace más de diez años. Cómo compartamos y usemos los datos determinará, en gran parte, el futuro de la democracia y el progreso humano.

Es importante encontrar el equilibrio entre el derecho a una sociedad informada y el temor de una sociedad hipervigilada donde los organismos con poder puedan abusar de los datos

La aspiración es conseguir tomar mejores decisiones, decisiones basadas en la evidencia (reflejada en los datos) que nos permitan superar algunas de las limitaciones de las decisiones humanas, incluyendo la corrupción, los sesgos cognitivos, los conflictos de interés o el egoísmo. El objetivo es conseguir un mundo más justo, más saludable y más igualitario gracias al uso de los datos.

Cuando hablamos de datos, es preciso detallar de qué tipo de datos estamos hablando. Los datos pueden ser personales, es decir, datos que permiten la identificación de una persona o no personales, es decir, datos a partir de los cuales es imposible identificar a nadie. Los datos personales están protegidos en Europa por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) que establece entre otras cosas la necesidad de disponer de consentimiento informado antes de poder analizarlos. Los datos personales pueden dejar de serlo cuando se agregan, es decir, cuando se combinan datos de muchas personas, de manera que es imposible identificar a ninguna de ellas en el conjunto. Además, en muchos de los escenarios de uso de los datos para el bien social, lo que se comparte es el conocimiento derivado de los mismos, y no los datos en sí.

En este contexto, las oficinas de estadística de todo el mundo están explorando oportunidades para elaborar estadísticas oficiales y censos de manera más precisa, más económica y más frecuente a través del análisis de los datos. No podemos olvidar que es nuestro derecho vivir en una sociedad informada, donde la ciudadanía conozca el impacto de las políticas públicas y donde haya una clara rendición de cuentas.

Lo que nos devuelve al proyecto del INE. Un proyecto que podría haberse comunicado e interpretado como una iniciativa pionera en Europa, que aprovecha datos privados de manera agregada y respetando siempre la privacidad de las personas para elaborar estadísticas de movilidad más precisas y por tanto ayudarnos a tomar mejores decisiones públicas, se ha percibido como un ataque directo a la privacidad de las personas. En ningún caso el INE accedería a datos individuales ni a datos personales. En ningún caso accedería a los datos en sí mismos, sino al conocimiento derivado de los mismos como estimaciones de número de personas en áreas con como mínimo 5000 personas o estimaciones de flujos de movilidad agregada. En ningún caso el INE podrá identificar a ninguna persona. Sin embargo, los titulares de la mayoría de medios de comunicación subrayan lo contrario, generando alarmismo innecesario y fomentando una pérdida de confianza hacia un proyecto del que nos beneficiaremos todos.

Los titulares de la mayoría de medios de comunicación subrayan lo contrario, generando alarmismo innecesario y fomentando una pérdida de confianza hacia un proyecto del que nos beneficiaremos todos

La mayoría de nosotros no queremos que nuestros datos sean utilizados —lamentablemente a veces de manera poco ética, aunque sí legal— para el lucro de unos pocos. No queremos que nuestros datos sean vendidos sin nuestro consentimiento ni nuestro conocimiento. Pero imagino que muchos estaríamos abiertos a aportar nuestro granito de arena —digital, en este caso, a través de nuestros datos— para ayudar a tomar mejores decisiones públicas, decisiones que nos afectan a todos. ¿Qué ha fallado entonces?

Desde mi perspectiva, ha habido un fallo de comunicación en tiempo, forma y fondo; de educación a la sociedad sobre el contexto del proyecto y sobre el uso no de datos en sí, sino de información derivada de los mismos, siempre agregada a miles de personas, sin ningún tipo de conexión con ningún ciudadano/a en particular; y de falta de transparencia e involucración de la ciudadanía, como sujeto no solo pasivo sino activo de esta nueva manera de tomar decisiones. También, hemos echado de menos oportunidades de control, para que los ciudadanos y ciudadanas podamos decidir contribuir o no con nuestros datos a mejorar la toma de decisiones públicas. Es importante encontrar el equilibrio entre el derecho a una sociedad informada, donde las decisiones se tomen basándose en la evidencia, con transparencia y rendición de cuentas, y el temor de una sociedad hipervigilada donde los organismos con poder puedan usar (¿abusar?) los datos como herramienta para el ejercicio de dicho poder.

Sin duda, el uso de datos privados para fines de interés público es un tema de plena actualidad y de inmenso potencial. Es importante entender que la Revolución de los Datos plantea grandes retos tecnológicos, legales, económicos, éticos y sociales, como ilustra el ejemplo del INE. Por ello, la Comisión Europea conformó hace un año un grupo de expertos de alto nivel para identificar las barreras existentes que nos impiden aprovechar los datos para el bien social y proponer soluciones a las mismas. Este grupo —al que pertenezco— publicará sus recomendaciones a principios del 2020.

Ojalá nuestro trabajo sirva para inspirar y educar. Ojalá contribuya a realizar el sueño de conseguir una sociedad más justa gracias a la toma de decisiones basadas en la evidencia. Les invito a que se unan a este movimiento mundial de uso de los datos para el bien social, de manera transparente, fiable y con una aproximación siempre centrada en las personas. Porque, como diríamos en inglés, sharing is caring.

Nuria Oliver es miembro del grupo de expertos de alto nivel en la Comision Europea sobre Business to Government Data Sharing.