Claves | La pederastia en la Iglesia llega al Congreso: ¿prescribirán los delitos?, ¿quién pagará indemnizaciones?

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acude este jueves al Congreso de los Diputados con una idea clara: que los diputados que le encargaron por amplia mayoría investigar la pederastia en la Iglesia debatan las 24 recomendaciones que aparecen en el informe y lleguen a un acuerdo para poner en marcha las medidas necesarias para que las víctimas de abusos sean reparadas.

El Parlamento encomendó en marzo 2022 a Gabilondo una investigación sobre “los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” a raíz del trabajo periodístico que EL PAÍS emprendió en 2018 sobre este escándalo. Se aprobó por una amplísima mayoría, en la que solo Vox votó en contra. El Defensor se demoró un año y medio en elaborar su informe, de 777 páginas, con los testimonios de 487 víctimas y los datos recopilados por dos grupos de trabajo formados por especialistas. Los resultados son desoladores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima la encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. Las conclusiones fueron muy críticas con los obispos españoles y varias órdenes religiosas, que en algunos casos ni siquiera contestaron a los requerimientos de la comisión del Defensor. El documento también corroboraba que la Iglesia encubrió cientos de casos a la vez que protegía a los pederastas.

Las propuestas del Defensor llegan a la Cámara baja en un momento en el que los obispos intentan cerrar el escándalo con la aprobación de un modelo de reparación y mientras más de un centenar de víctimas denuncian que los obispos y las órdenes religiosas no están reparando el daño causado, alargan los procesos canónicos de sus casos, no contestan a sus correos y les obligan a firmar cláusulas de confidencialidad. Estas son las claves del trabajo que abordará el Congreso:

El pago de indemnizaciones

El pago de una reparación económica es la medida más urgente, ya que muchas víctimas tienen una edad avanzada y temen morir sin recibirla. Gabilondo propone la creación de “un fondo estatal” para el pago “en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar el caso penalmente. Un órgano independiente, “de carácter temporal” y formado para la ocasión, instauraría el procedimiento a seguir por los afectados. El Defensor exige la colaboración de la Iglesia para que “asuma el compromiso de hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones”. En caso de que esta se niegue, Gabilondo propone impulsar un procedimiento que garantice que las víctimas sean “escuchadas y reparadas”. Es decir, que sea el Estado el que pague la indemnización.

Algunos grupos políticos rechazan un modelo mixto y subrayan que deberá ser la Iglesia la que pague la factura. Por otro lado, los obispos insisten en que no participarán en el fondo y serán ellos, unilateralmente, los que valorarán si indemnizan o no a las víctimas que denuncien en sus oficinas.

Tanto si se configura un modelo mixto, como si es solo el Estado el que haga frente a las reparaciones, el Defensor dice que deberán fijarse unos baremos. La media en otros países europeos es de 35.000 euros. No obstante, el papa Francisco afirma que ese monto es insuficiente, incluso indicó hace un mes que “50.000 euros es una cantidad demasiado baja”. La base de datos de EL PAÍS contabiliza 1.534 acusados y 2.817 víctimas.

Un acto público de reconocimiento

La celebración de un acto público de reconocimiento es otra de las formas de reparación, en este caso simbólica, que lanza Gabilondo. La propuesta señala que en la organización del evento deben participar los representantes de las asociaciones de víctimas. El objetivo es que las instituciones reconozcan la gravedad y acepten oficialmente que la pederastia en la Iglesia ha sido y es un gran problema en España. Tanto la Iglesia como algunos partidos políticos ya se han mostrado a favor de la organización del evento.

El informe también registra la propuesta de algunas asociaciones de afectados de crear un Estatuto de la víctima de este tipo de abusos “para que puedan recibir las ayudas necesarias”. Este sería otro de los puntos que deben tratar los parlamentarios.

La apertura de los archivos

El del acceso a los archivos eclesiásticos es otro de los temas incluidos por el Defensor en sus recomendaciones. Durante su investigación, Gabilondo no pudo entrar en los registros documentales de las diócesis y órdenes religiosas. En esos ficheros potencialmente hay información sobre los abusos (sentencias, fichas de traslados de pederastas, cartas internas de encubrimiento...), tal y como se ha comprobado en otras investigaciones de este tipo en otros países, como EE UU o Alemania. La Iglesia se niega a abrir sus puertas, aduciendo que “no hay nada”, y el Estado español no la puede obligar, ya que estos archivos están protegidos por los Acuerdos con el Vaticano. Partidos como el PSOE, cuando ha estado en la oposición, ha reclamado la revisión de este Concordato.

El Defensor, tanto si se revisan dichos acuerdos como si no, incide en que los obispados y congregaciones “deberían permitir el acceso de los investigadores” en sus registros y realizar una revisión completa con la participación de expertos de sus archivos.

La reforma de la prescripción del delito

La prescripción del delito de la pederastia es otra de las reclamaciones. El Defensor solo sugiere la reforma de la prescripción de la responsabilidad civil. El presidente Pedro Sánchez, de hecho, se comprometió durante su discurso de investidura a reformar la norma: “Vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba”.

Gabilondo no ha incluido cambiar la ley para que la imprescriptibilidad sea también en el ámbito penal, que es la que más reclaman las víctimas, aunque esta reforma ya ha sido tomada en consideración por el Congreso hace una semana por amplia mayoría.