El Gobierno crea un grupo de 50 expertos para diseñar un plan que proteja a los menores de los riesgos de la tecnología

El Gobierno va a crear un grupo de 50 expertos para analizar el impacto de las tecnologías en los menores y diseñar un plan que los proteja de los riesgos de internet y promueva un uso responsable de los dispositivos digitales. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el que supone el primer gran anuncio de esta cartera de nueva creación. “La exposición de los menores a las pantallas es uno de los temas más candentes, lo que está sucediendo supone una nueva configuración de las relaciones sociales y vamos a liderar un acuerdo intergeneracional para proteger a los jóvenes”, ha dicho Rego en un debate organizado en el ministerio sobre los retos de la digitalización en los menores, en el que ha dejado claro que se trata de un tema central para el Gobierno. En declaraciones a los periodistas, la ministra ha señalado que se estudiará si es necesario un nuevo marco regulatorio.

El panel de expertos, que previsiblemente comenzará a funcionar durante el primer trimestre de 2024 y estará integrado por miembros de entidades como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Asociación Española de Pediatría, la ONG Save the Children, o la Plataforma de Infancia, también contará con personas jóvenes. Su labor se centrará en analizar estudios ya publicados, tanto sociológicos como desde el campo de la ciencia, sobre cuestiones como el tiempo que los adolescentes dedican a los dispositivos, los efectos sobre la salud mental, el abordaje desde los centros educativos y los problemas de las familias para implicarse en el uso que sus hijos hacen de los smartphones por la falta de conciliación.

“Es un tema que interpela directamente a la industria tecnológica, por lo que esta cuestión también habrá que abordarla”, ha manifestado la ministra, que ha mostrado su preocupación por las tasas de intento de suicidio entre los jóvenes y por los crecientes problemas de salud mental ligados al uso excesivo de tecnología. La idea es que desde Juventud se elabore una hoja de ruta y se coordinen las acciones de otros ministerios como el de Educación y el de Sanidad.

Este anuncio llega después de que el pasado jueves la Agencia Española de Protección de Datos anunciase que está trabajando junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ―entidad que expide, por ejemplo, la certificación de firma electrónica― en el diseño de una nueva herramienta “efectiva” de verificación de la edad en respuesta a la negativa de las plataformas online, que se escudan en que técnicamente no es viable una solución de ese tipo sin invadir la privacidad de los usuarios al acumular y procesar datos personales, como los relativos a la edad.

Según el último informe GEM 2023 de la Unesco, desde 2010 se ha duplicado el tiempo diario que los adolescentes pasan conectados en España, Francia e Italia: los que tienen entre 15 y 16 años dedican dos horas y media, mientras que los menores de entre 12 y 14 años destinan tres horas y 12 minutos. “Una revisión de 89 estudios sobre pantallas en diferentes países sugiere que son los estudiantes de primaria los más afectados por ese incremento, y se ha visto que afecta negativamente a la alimentación, el sueño, la salud mental y la ocular”, apunta Laura Stipanovic, experta de la Unesco. El documento señala que un consumo superior a dos horas al día está relacionado con la aparición de síntomas depresivos, peor rendimiento académico, y mayor sedentarismo.

Otro de los integrantes del grupo de 50 expertos será la Asociación Europea para la Transición Digital, que el pasado junio presentó su propuesta de pacto de Estado para proteger a los menores de edad en internet y las redes sociales, suscrito por 150 entidades españolas, entre ellas la Fiscalía General de Estado, y que se presentará en el Congreso de los Diputados el próximo febrero. “Nace de una creciente preocupación sobre los riesgos que afrontan los menores al utilizar servicios diseñados para adultos, y cómo puede afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, o facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual”, explica la presidenta de la organización Ana Caballero, que recalca que la llegada del primer móvil de uso personal en España está en torno a los 10 años, el 90,8% de los adolescentes se conecta casi todos los días a Internet y el 98% está registrado en alguna red social.

Como punto de partida, las entidades impulsoras de ese pacto de Estado ―entre ellas, la Fundación Anar o Unicef― elaboraron un mapa sobre la legislación existente y detectaron que en la mayoría de los casos no existe un enfoque del menor y el uso digital. “Las big tech (Google, Amazon, Meta o TikTok) quieren autorregularse, ser juez y parte, pero nosotros defendemos que haya una regulación estatal porque se trata de herramientas que afectan a los derechos fundamentales, hablamos del interés superior del menor, por eso buscamos el consenso del Parlamento, para que sean medidas que perduren”, indica Caballero. Su proyecto de pacto de Estado contempla, por ejemplo, que se regule que en el diseño de los productos dirigidos a menores se tenga en cuenta la edad, “porque no es lo mismo siete que 12 años, la madurez y el pensamiento crítico cambian”.

Además, incluye que aparezcan desactivadas por defecto las estrategias de persuasión o los llamados patrones oscuros, ya que son los que desencadenan un uso abusivo que puede derivar en adicción tecnológica, así como la obligación de informar de forma clara de las consecuencias del uso, como sucede con los medicamentos, a modo de prospecto tecnológico. Otro de los puntos establece la auditoría de los algoritmos por parte de terceros, independientes o autoridades de control como la AEPD.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España siete de cada 10 menores entre 10 y 15 años tienen móvil. La edad de primer acceso se sitúa ya en los siete años e internet es utilizado por el 95,1% de los que tienen entre 10 y 15 años. En una encuesta de hábitos de salud en alumnos de 4º de ESO de la provincia de Barcelona llevada a cabo a 24.000 jóvenes, un 45% de los que tienen entre 15 y 16 años admite que pasa más tiempo navegando con el móvil que con los amigos.

Carissa Véliz, investigadora de la Universidad de Oxford y autora de Privacidad es poder (Debate), cree que la prioridad de los gobiernos debe ser velar por la privacidad de los menores. “El mayor problema que tenemos es el robo de datos personales y la vigilancia excesiva de las plataformas online, tanto con adultos como con menores... el hecho que las redes sociales sean tan adictivas tiene ahí su razón de ser, cuánto más se engancha la gente, más rastro deja de datos personales con su actividad online. Mientras no se prohíba el comercio de datos personales, siempre habrá un incentivo por recopilarlos y venderlos al mejor postor”. Véliz defiende que las políticas siempre serán más efectivas si se regulan desde el ámbito europeo, como va a suceder con la entrada en vigor el próximo 17 de febrero de la Ley de Servicios Digitales, que prohíbe a las plataformas accesibles a menores mostrar publicidad personalizada basada en la utilización de sus datos personales.

Preguntada por si algún Gobierno está regulando ya la acción de las tecnológicas sobre los menores, Véliz habla del gran paso dado por 41 fiscales de Estados Unidos con su demanda conjunta a Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger) por desarrollar productos diseñados conscientemente para enganchar a niños, pese a declarar la compañía que sus redes sociales son seguras para los menores. “En función de cómo termine este proceso judicial, podemos vivir cambios drásticos a escala mundial”.