La prohibición del móvil se abre paso en los colegios en España: “Los profesores necesitan ese apoyo legal, porque muchas familias están en contra”

Si un alumno tiene su móvil encima de la mesa durante una lección y le llega una notificación, el tiempo medio que tardará en recuperar la atención ronda los 20 minutos. El impacto del uso personal del móvil en el rendimiento académico y su empleo para grabar imágenes, vídeos o lanzar mensajes en redes sociales para hacer bullying a algún compañero han llevado a uno de cada cuatro países a aprobar leyes o decretos para prohibir su uso en las aulas, señala el último informe GEM 2023 de la Unesco sobre educación y tecnología, que revisa las políticas educativas de 211 países del mundo. Algunos, como España, han aprobado prohibiciones parciales, solo en algunos territorios. Castilla La-Mancha y Galicia fueron las primeras autonomías en prohibir el uso personal del móvil en las aulas, en 2014 y 2015, respectivamente. En 2020, les siguió la Comunidad de Madrid, que amplió la restricción también a los recreos y justificó la medida en diferentes investigaciones, como un estudio de la Universidad de Chicago que mostraba cómo los móviles incluso apagados reducen la concentración, o un trabajo financiado por la Comisión Europea que alertaba de que el 21,3% de los adolescentes españoles presentaba indicios de adicción a la tecnología.

Ahora, ha sido Cataluña, cuyo departamento de Educación aseguró en septiembre que optaba por el no intervencionismo y que dejaba la decisión en manos de los centros, la que ha anunciado que regulará el uso de los móviles en los colegios, y para ello ha encargado un informe a la Sociedad Catalana de Pediatría, cuya presidenta, Anna Gatell, ha asegurado que “faltan evidencias científicas que determinen los efectos del uso del móvil en los jóvenes”, pero a la vez ha mostrado su preocupación por la falta de una regulación común. “Muchos centros hacen lo que pueden”, ha manifestado.

Las diferentes normativas que establecen la prohibición del uso del móvil en Galicia, Castilla La-Mancha y Madrid, dan un margen de autonomía a los centros para permitir el uso de forma “excepcional” y con fines pedagógicos. Si sobre el terreno la decisión recae en los equipos directivos, los claustros y el consejo escolar con o sin normativa autonómica, ¿cuál es la diferencia entre las comunidades que lo regulan y las que no? Judith Fernández, directora general de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, lo tiene muy claro: “Hay un matiz muy importante, donde sí está regulado, los centros cuentan con el soporte legal de la consejería, porque hay un grueso importante de familias que están en contra de la prohibición, y los equipos directivos se encuentran en situaciones muy difíciles... con una normativa externa al centro las familias reaccionan y lo entienden de otra manera”. A su juicio, los centros de las regiones en las que no está regulado “están desamparados”. “En Galicia podemos estar seguros de que en ningún centro se permite a los alumnos hablar por WhatsApp durante una clase porque así lo establece la normativa, además evitamos el enfrentamiento con las familias y el tú palabra contra la mía”.

El motivo de que las familias defiendan que sus hijos lleven el móvil al centro es, en la mayoría de los casos, para tener un control de los desplazamientos al colegio, ya que muchos estudiantes acuden en transporte público, señala Fernández. Galicia estableció la prohibición del uso del móvil como mecanismo de comunicación en horario lectivo en 2015, dentro del decreto que desarrolla la ley de convivencia de la comunidad educativa.

Según la encuesta Sociedad de la Información en los centros. Curso 2020-2021 del Ministerio de Educación, de carácter bienal, el 50,6% de los centros en España permite a los alumnos de la ESO el uso del móvil con fines pedagógicos, y el 57,3% lo hace con estudiantes de bachillerato, mientras que en alumnado de FP básica está en el 50,7%, en el de grado medio en el 60,7% y en el de grado superior en el 63,3%. Por autonomías, los mayores porcentajes se observan en Extremadura, Castilla y León y Cataluña.

En contra de la prohibición total

Tanto Galicia como Castilla La-Mancha aseguran a este periódico que no están a favor de la “prohibición total” de los móviles en los centros, porque entienden que la formación sobre el uso responsable de las tecnologías también debe recaer en el profesorado. “Los extremos no son buenos, y sabemos que obligar a que los chicos se deshagan del móvil para ir al instituto no es natural, el mayor problema son las redes sociales, que nos superan a todos, y tenemos que trabajar el tema de los límites con los adolescentes”, apunta Judith Fernández, de la Xunta.

Esteban Álvarez, exdirector de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD) y director de un instituto público de Soto del Real (Madrid) durante 18 años ―ahora es portavoz de Educación en el grupo socialista de la Asamblea de Madrid―, considera que la prohibición total es inviable porque los profesores no tienen autoridad para cachear a los alumnos. “Casi el 100% de los estudiantes de secundaria tienen móvil y las familias quieren estar conectadas para controlar sus horarios y por una cuestión de tranquilidad, muchos chavales tienen activa la geolocalización”, explica Álvarez, que cuenta que las familias cada año al arrancar el curso le pedían que no fuesen muy duros con la restricción.

En Castilla La-Mancha se hizo un estudio para medir el impacto de los móviles en el rendimiento académico. Con los resultados sobre la mesa, en 2014 se aprobó la ley de protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia, y ahí se estableció la prohibición en todas las etapas educativas para el uso personal. “En esa época, las dotaciones tecnológicas de los centros no eran las de ahora, apenas había dispositivos y los alumnos empleaban su móvil personal para algunas tareas, incluso para tomar apuntes, y ahí nos dimos cuenta de que el uso de WhatsApp y otras redes en horario lectivo se estaba disparando”, cuenta Silvia Moratalla, inspectora general de la Consejería de Educación castellanomanchega.

El decreto sirve, asegura Moratalla, para dar un respaldo al profesorado y para que toda la comunidad educativa se mueva en la misma dirección. “Aquí tenemos la seguridad de que en ningún centro se va a permitir el uso personal... la prohibición radical es demasiado, tenemos que enseñar a los alumnos a ser responsables de sus propias acciones”, añade.

En el IES Diego de Filoe de Albacete compraron hace cuatro años taquillas para que los alumnos depositaran de forma voluntaria sus móviles al acceder al centro. “Durante años prohibimos que los trajesen, era una maravilla, pero pasaron los años y tanto el claustro como el consejo escolar presionaron para admitir el uso didáctico... algunos profesores usan en clase plataformas como Kahoot, o quieren ver mapas y que los chavales experimenten”, cuenta María Ángeles Moltó, directora del instituto desde hace nueve años. Si detectan un uso personal, requisan el móvil. Si la falta se repite, son las familias las que tienen que acudir a recoger el dispositivo. Están requisando unos 10 móviles al mes. “Los que usan la taquilla para autorregularse son una minoría, no hay manera, es como su segunda piel, o eso dicen ellos mismos”.

Reducción del acoso escolar

“La investigación internacional sobre los impactos de la prohibición de móviles en resultados académicos es muy escasa, casi nula para las etapas de educación primaria y secundaria”, señala Pilar Beneito, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València y coautora del estudio Prohibir los móviles en la escuela: evidencia de políticas regionales en España, publicado en 2022, en el que encontraron una relación entre la prohibición y el descenso de los casos de acoso escolar tanto en Galicia como en Castilla La-Mancha. Puesto que en España no existen datos oficiales de acoso (el Ministerio de Educación no dispone de un registro), utilizaron las respuestas de la Policía, la Guardia Civil y los cuerpos de Policía Local de las diferentes autonomías (salvo País Vasco y Cataluña, que no ofrecieron cifras) a una petición del Gobierno realizada en 2018 sobre los casos de acoso escolar denunciados entre 2012 y 2017.

“Teniendo en cuenta los valores medios de acoso escolar previos a la prohibición en cada intervalo de edad, los impactos estimados supondrían unas reducciones significativas de alrededor del 15% y el 18% para los estudiantes de 12 a 14 años y del 18 y 9,5% para los adolescentes de 15 a 17 años, para Galicia y Castilla La-Mancha, respectivamente”, apunta Beneito. En el caso de los menores de 12 años, no encontraron ningún efecto. “Eso muestra que el uso de los móviles no está extendido entre los niños de esa edad”, añade la investigadora. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), siete de cada 10 niños y adolescentes entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil. La edad de primer acceso a Internet se sitúa ya en los 7 años y la red es utilizada por el 95,1% de los niños entre 10 y 15 años, según datos de la ONG Save the Children.