La universidad española, en modo supervivencia

El movimiento La Uni en la calle se ha vuelto a poner en marcha para tratar de frenar el desguace de la universidad pública madrileña ―que recibe la misma partida que en 2009 con un 34,9% de inflación a cuestas― y, en su primer acto para tomar la temperatura, Rodrigo Gonzalo, matriculado en Derecho, pidió la palabra: “Tengo compañeros que piensan ‘bueno pero la Universidad Complutense no va a cerrar ahora...”. Y sí, en cinco años no habrá cerrado, ¿pero qué tipo de universidad será? Yo quería preguntarle a la vicerrectora”. Y Begoña García Greciano fue franca: “Se va a notar en la docencia y en la investigación. No vamos a poder reponer el profesorado si no se firma el acuerdo María Goyri [con el Gobierno central, dispuesto a entregarles 169,8 millones para contratos], con lo cual, puede que haya aulas masificadas y llegará un momento en que no podremos mantener las infraestructuras”.

La lista de la Complutense es más larga. Según esta vicerrectora de Economía explicó en el claustro del día siguiente, se estudia quitar titulaciones, encarecer (si les dejan) los másteres y los colegios mayores... Una motosierra forzada por su enorme deuda ―cerró 2023 con un déficit de 65 millones de euros― que se reproduce, aunque a menor escala, en otros campus madrileños. Las otras cinco universidades están al borde del precipicio. La Autónoma, por ejemplo, está pendiente de vender por 15 millones un edificio para acortar su déficit. Es una realidad que no puede interpretarse como un hecho aislado local. Primero porque la Universidad madrileña es la principal receptora de alumnos de toda España (el 30,9% de los inscritos proceden de otras autonomías), pero también porque la Comunidad suele funcionar como un tubo de ensayo que luego se exporta al resto del país. Lo ha demostrado con la expansión de campus privados ―repetida en Andalucía, Extremadura y Canarias― o del negocio sanitario.

El Ejecutivo madrileño considera que hace “un importante esfuerzo presupuestario” con sus más de 1.100 millones anuales. “Supone un 4% del presupuesto de la región, por encima de la inversión en otras comunidades”, subrayan desde la Consejería de Educación. Los expertos consideran que no se pueden comparar presupuestos porque cada región tiene distintas competencias transferidas. Y el departamento recuerda que la ley de educación superior que preparan, incluirá “un nuevo modelo de financiación plurianual”. De modo que tengan “una financiación básica para su normal funcionamiento” y, además, reciban inversiones para necesidades singulares y otras adiccionales condicionadas al “cumplimiento de de objetivos estratégicos”.

No es la primera vez que se vive miseria ―la Politécnica hizo en 2013 un ERE a 66 trabajadores―, pero nunca sin una quiebra económica de por medio. ¿A qué obedece el estrangulamiento? En la apertura del año académico el pasado septiembre, la presidenta Isabel Díaz Ayuso afirmó que Madrid era “una potencia cultural” y debía “serlo científica e investigadora” y los seis rectores se desesperaron al pensar en sus recursos. Semanas después se presupuestó solo un 0,9% más a repartir entre la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la de Alcalá, la Rey Juan Carlos y la Carlos III.

Con la Academia en armas ―tras la carta abierta de los rectores―, Ayuso se reunirá el martes con ellos. Menos de un aumento de 200 millones (un 18% más), no sacará a los campus de su penosa agonía, según estos. Que Madrid sea la comunidad que menos invierte por alumno de España (21% por debajo de la media) no es lo más grave: el país presupuesta en educación superior (que incluye el FP superior) un 24% por debajo de Europa y el 22% de la OCDE, según el Education at a Glance 2024. Así que la “potencia” Madrid se sitúa aún más en el furgón de cola internacional.

Para paliar los sonrojantes datos nacionales, la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) propone invertir en 2030 el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en universidad (unos 13.464 millones), aunque no explica cómo hacerlo. Ese 1% acercaría a España a los países desarrollados (en la zona euro 1,2%). Pero si Madrid se niega ― tendría que duplicar su esfuerzo financiero en estos seis años― es imposible llegar a esa meta como país por su peso económico y académico (217.700 estudiantes y cerca de 30.000 profesores en su sistema público).

Las transferencias corrientes y de capital por alumno de las comunidades son de una media anual de 6.671 euros, con el máximo gasto en La Rioja de 9.689 euros en 2022 y el mínimo en Madrid (5.362 euros), según el análisis de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCyD) de las cifras del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIUU). Pero, a su vez, la diferencias intraregionales son abismales: la Politécnica, que imparte las costosas ingenierías, triplica las de la Rey Juan Carlos.

Este raquítico gasto en Madrid supone un esfuerzo financiero muy bajo en sus políticas. Si estas se dividen entre el PIB regional arrojan un saldo del 13,9%, cuando la media nacional es del 23,7% y en Extremadura llega al 33,4%. Es decir, que Extremadura se esfuerza tres veces más que Madrid. “Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura o Comunidad Valenciana, a pesar de no estar entre las comunidades más ricas, hacen un esfuerzo grande en financiar sus universidades públicas, mientras en el otro extremo están Madrid (13,9%) y Cataluña (17,2%)”, repasa Ángela Mediavilla, responsable de gabinete técnico de FCyD. El Gobierno de Salvador Illa pretende destinar el 1% del PIB a universidad en 2030. Sus rectores aseguran que necesitan un 40% más de fondos para ser competitivos.

El déficit financiero no pasa factura a las públicas catalanas, en cabeza del ranking de FCyD, pero sí al sistema madrileño ―con las excepciones de la Autónoma y la Carlos III―, al que lastran sus universidades privadas. “Se puede leer como que Cataluña está siendo más eficiente. Allí tienen mucha importancia los centros de investigación, los fondos CREA y encuentran otras vías [concursos competitivos internacionales]”, reconoce Mediavilla. Navarra y el País Vasco tienen también sistemas (que incluyen a sus privadas) con mejores indicadores globales que Madrid y la brecha previsiblemente crecerá si no tienen recursos. La crisis no es nueva, pero en Madrid tapaban agujeros con los 456,2 millones ganados en sentencias al Gobierno de Esperanza Aguirre que incumplió dos planes de inversiones, y esos fondos ya se han agotado.

Eva Alcón, presidenta de la conferencia de rectores (CRUE), se niega a creer que la tijera de Madrid pueda llegar a exportarse. “Depende de la importancia que le dé a la universidad cada comunidad. Algunas se están acercando al 1% del PIB”, se escandaliza. “Tenemos un estudio que dice que de cada euro que se invierte en universidades retorna a la sociedad cinco. Destinar recursos a universidades no es un gasto sino es una inversión”. Por eso le preocupa tanto la capital: “En Madrid la universidad no es una prioridad y hay que revertirlo”. Aunque no salva de la quema al resto de España. “La situación ahora es de absoluta supervivencia. El otro día los rectores de Andalucía anunciaron que, o se cumple lo que se prometió, o entrarán en déficit”. Aseguran que la Junta de Juanma Moreno les adeuda 25 millones del nuevo plan de financiación y otros 25 de complementos salariales.

“Vamos hacia una subordinación absoluta de la educación superior a la actividad productiva, se va a asimilar a cualquier otra cosa, y en eso Madrid está siendo pionero”, contrapone a la idea de Alcón una fuente que ostentó un alto cargo en la Comunidad. “La idea de servicio público gratuito se va a ir reduciendo y las universidades van a ir percibiendo su irrelevancia. Surgirán otros proveedores cercanos a las escuelas de negocios y a las plataformas tecnológicas que se comerán la educación superior”. Abre el foco: “Lo que pase en Madrid va a afectar al resto de las universidades en España. Es reflejo de lo que está pasando a escala internacional. Las universidades británicas, por ejemplo, están en un momento agónico, a pesar de que ha entrado el Gobierno laborista”, prosigue.

El economista Antonio Cabrales, catedrático de la Carlos III, coincide en que la tijera madrileña puede aplicarse en otras regiones. “En 15-20 años, si miras los análisis de la Airef [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal], España va a tener unos problemas financieros potenciales muy bestias: con un peso de las pensiones enorme, de la sanidad... y se va a ver qué se puede financiar y qué no”, sostiene Cabrales. “Los mayores somos muchos, votamos mucho y no se atreven a tocar nada de lo nuestro, pero la universidad no parece tan importante. No creo que sea la prioridad en ningún momento. En Estados Unidos, los gobernadores cíclicamente dan un hachazo al presupuesto de las universidades y estas a menudo reaccionan subiendo las tasas. Pero en Madrid, el problema es que no te dan dinero y no tienes nada para hacer nada con las tasas [las fija el Ejecutivo regional], por lo tanto te están pauperizando”.

“Solo hay dos soluciones: o los gobiernos autonómicos deciden dar más dinero o alguien tiene que pagarlo”, sostiene Cabrales. Y podría hacerse, piensa, con una subida de tasas o con créditos garantizados como en Reino Unido, que se pagan a lo largo de la vida si se gana lo suficiente. “Hay muchas formas, pero la peor es la de América Latina: el yo finjo que financio y tú que enseñas y las élites se van a las privadas. Y nosotros estamos escogiendo la opción mala de América Latina”, apunta. Hoy los futuros líderes del PP ansían entrar en la Carlos III, pero cree que no por mucho tiempo. “A medio plazo no. Ahora estamos aguantando como podemos, pero va a haber una emigración masiva de profesores. Yo en 2013 me fui, cuando empezaron los recortes”, asegura el economista, que ha sido director del departamento de economía del University College London y catedrático en la Pompeu Fabra. Él es partidario de ligar la financiación a la empleabilidad de los egresados.

María Fernández Mellizo-Soto, profesora titular de Educación de la UCM, apunta otro gran problema vinculado al financiero: “En España, la universidad pública no está pudiendo atender la demanda de plazas y por eso suben tantísimo las notas de acceso. Hay una demanda insatisfecha que, si tiene dinero, va a la privada”, lo que vacía las aulas de la pública, no por falta de calidad sino porque no pueden absorber tantas solicitudes. En el caso de Madrid, para contentar a las familias, se ha optado por abrir plazas privadas, aunque las tasas de empleabilidad lo contradigan en el caso de Veterinaria o Psicología, donde concentran ya más inscritos que la pública. En el caso de Medicina, ya son más en primer curso y desembolsarán, quizás endeudándose, más de 110.000 por el título. En Madrid ya hay más matriculados en másteres privados (30.000) que en públicos (26.000), pero no en grado (80.000 frente a 174.000 pero creciendo cada curso), ni en doctorado (16.500 frente a 1.700). “El problema de tener tantos estudiantes en la privada es que cada vez más gente va a comprar el argumento de no pagar impuestos, no invertir en lo público... y va a ser más viable hacerlo y mantenerlo”, argumenta Fernández Mellizo-Soto.

“Se está cuestionando la cohesión social. Que todo el mundo, rico o pobre, comparta espacio en la pública, se conozca y debata”, traslada un cargo político que prefiere no confrontar con la presidenta. Sin embargo, Ayuso, dispuesta a abrir la decimocuarta universidad privada, no tiene esa sensación. “Creo fervorosamente en la igualdad de oportunidades, porque no todo el mundo parte de una misma situación”, afirmó en una entrevista hace unos meses.

La ley de educación superior que prepara la Comunidad y que denuncian los rectores obligará a que las universidades cubran el 30% de sus gastos con fondos propios, incluyendo las tasas universitarias, recordó la investigadora en la mesa redonda de La uni en la calle. “Además, en el borrador se ve a las privadas como prestadoras de un servicio público. Es la entrada a la financiación pública en la privada. La justificación de los conciertos y su extensión, como ya pasa con los cheques de la educación infantil, la FP superior y en el bachillerato en centros privados...”.

Víctor Alonso Rocafort, profesor de Ciencias Políticas de la UCM, marca tres objetivos en manos de Ayuso. “Primero, el expolio de la privada, que ya estamos viendo en primaria y secundaria con la concertada y en la sanidad pública”, enumera. “Segundo, un combate con la conciencia crítica madrileña. Somos la [UCM] la primera empresa pública de Madrid con 90.000 trabajadores y estudiantes. Ya no hay industria y pocos centros de trabajo y aquí nos reunimos, hay asociacionismo...”. Y, por último, asegura que son un bastión de resistencia frente a negacionismos y bulos: “Hacer ciencia es una amenaza para este proyecto de motosierra”.

Este diario no ha logrado conocer la opinión de un decano de la URJC convertido en el único de los 315 componentes de los consejos sociales de las universidades publicas que se abstuvo en la votación de la carta abierta. Tampoco de otro consejero, Jorge Sainz, que compatibiliza ser catedrático de la URJC y responsable de universidad del PP a las órdenes de Borja Sémper.

“La única posibilidad que tienen estas universidades de seguir vivas, es que se convierta en un conflicto nacional y que desde Génova le digan a la presidenta que en Madrid le puede dar votos [el desguace], pero que en el resto de España se los va a quitar”, analiza el excargo en la consejería. Este no fue el modelo de Alberto Núñez Feijoó en Galicia ―con tasas bajas y un esfuerzo financiero por encima de la media―, pero la ola trumpista y de desprestigio de lo público llega con fuerza.