La Guardia Civil detiene a un hombre por agredir sexualmente a cuatro menores ucranios asilados en Murcia
El hombre, de 45 años, vivía en Cartagena con familias desplazadas por la invasión rusa en Ucrania y se ganaba la confianza de las madres para quedarse a solas con los niños y las niñas
La Guardia Civil, en la denominada operación Opikum, ha detenido en la localidad leridana de La Seu d´Urgell a un hombre de 45 años por cuatro supuestos delitos de agresión sexual a cuatro niños y niñas menores de 12 años realizados en Cartagena, dos de ellos hermanos, según informa una portavoz del instituto armado. La operación se inició a finales del mes de septiembre, cuando una mujer ucrania informó a una asociación, dedicada a prestar apoyo a desplazados y refugiados, de que un compatriota que convivía en el mismo inmueble podía estar agrediendo sexualmente a sus dos hijos menores de edad. Asistida por agentes sociales de esta asociación, la madre se desplazó al cuartel de la Guardia Civil de Cartagena para denunciar lo que sus hijos le habían contado, informa el cuerpo en una nota de prensa.
La denunciante explicó a los investigadores que el sospechoso se había ganado su confianza y la de los niños, con los que solía jugar, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con ellos para realizarles tocamientos en zonas íntimas. Una vez que la madre supo lo que estaba ocurriendo, habló con otras compatriotas, madres también de menores que se relacionaban igualmente con este individuo. No tardó mucho la Guardia Civil en recibir dos denuncias más que apuntaban al sospechoso como al autor de varias agresiones sexuales.
Los agentes averiguaron que el detenido tenía ciertos vínculos en el municipio leridano de La Seu d´Urgell, lugar al que había huido con la intención de abandonar el territorio nacional. La Guardia Civil lo localizó y lo detuvo en esa localidad, y se incautó de unas gafas de sol con cámara oculta integrada y cuatro teléfonos móviles cuyo contenido está siendo analizado.
Tanto él como los efectos incautados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción de La Seu d´Urgell (Lérida), siendo ordenado su ingreso en prisión provisional. La operación Opikum continúa abierta hasta que sean analizados los dispositivos de almacenamiento tecnológico incautados y determine si contienen archivos relacionados con la investigación. Tampoco se descarta que se reciban más denuncias.
Desde el la Guardia Civil recuerdan que cuando un menor, de alguna forma, haga saber a sus padres, tutores legales o cualquier otro adulto un hecho como este, se acuda a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar y que los expertos en esta materia puedan realizar la investigación pertinente y pueda ponerse a disposición de los menores todos los medios necesarios.
La especial vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños
La Fiscalía, en su última memoria, ya advertía sobre la vulnerabilidad de los menores desplazados por el conflicto. Creó un grupo de trabajo llamado Ucrania, que respondía a esa preocupación existente por procurar una detección temprana y prevenir posibles situaciones de trata entre el numeroso grupo de refugiados ucranios a los que se ha concedido protección internacional en España, en particular mujeres, niños y niñas.
Durante 2022 la Oficina de Asilo y Refugio ha concedido 161.037 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Ucrania; España es el quinto país de la UE que más protecciones temporales ha dado a ciudadanos y residentes en Ucrania, se lee en la memoria de la Fiscalía. “La cifra estadística de los [menores] que se han encontrado en situación de riesgo en el año 2022 ha aumentado el 15,96% respecto al año 2021, atribuyéndose dicho incremento a la llegada de menores por el conflicto bélico en Ucrania”. Según datos de la Unidad Coordinadora de trata de seres humanos y extranjería, “aproximadamente el 98% de las las víctimas de trata de seres humanos en nuestro país [España] son extranjeras, y más de las dos terceras partes se encuentran en situación administrativa irregular o son peticionarias de protección internacional”.
