Más de 300.000 personas en lista de espera para recibir las ayudas por dependencia

Casi un millón y medio de españoles tienen una dependencia reconocida. Otros 131.000 están pendientes de valoración para conseguir las prestaciones —pueden ser económicas, de residencia o de ayuda a domicilio, entre otras— que necesitan para poder desarrollar sus actividades básicas del día a día. El sistema de ayuda a la dependencia es un pilar básico del Estado de bienestar, y así lo avaló el plan de choque en dependencia aprobado en 2021 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que revirtió los recortes arrastrados desde 2012 y que supone una inyección de 600 millones de euros adicionales cada año entre 2021 y 2023. Pero no es lo mismo ser dependiente en Murcia que serlo, por ejemplo, en Castilla y León.

En 2022, el Gobierno cumplió con el aumento del presupuesto para el plan de choque, y eso ha permitido atender a 91.295 personas más que a principio de año. Así lo recoge el informe presentado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza, este año de nuevo, las últimas cifras oficiales e información obtenida a través del portal de transparencia. Sin embargo, 177.423 personas quedaron en lista de espera para recibir la ayuda y 131.810 están pendientes de valoración. En total, se ha desatendido a 309.233 españoles en 2022 y, esperando a alguno de esos procesos, fallecieron 45.360 personas. Las razones, apunta el informe, son la eterna burocracia y la falta de compromiso de algunas comunidades autónomas.

“El Ministerio de Derechos Sociales ha conseguido recuperar el 90% de los recortes al sistema que hubo después de la crisis financiera, pero el incremento presupuestario no es lo único necesario. Y los efectos de este no han sido los previstos en la reducción de la lista de espera ni en la mejora de las prestaciones”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, que califica la situación de “desastrosa”. El año pasado se consiguió reducir la lista de espera en 15.923 personas, y, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan ni siquiera las 60.000 que planteaba como objetivo el primer año del plan de choque. A este ritmo se tardaría 11 años en lograr la atención plena para todas ellas, sin que entrara nadie nuevo en el sistema.

55 millones sin gastar

Del dinero que reciben las comunidades autónomas desde el ministerio de Ione Belarra, no todo se gasta. El Gobierno dejó sin ejecutar 55 millones de euros del nivel mínimo presupuestado para el Sistema de Atención a la Dependencia. “Lo que pasa es que las autonomías devuelven el nivel mínimo de financiación, que es capitativo. El ministerio transfiere una cantidad a las comunidades autónomas a medida que estas van atendiendo a personas en situación de dependencia y, si no lo hacen, te ahorras ese dinero. Pero no podemos permitirnos devolver dinero mientras, en España, fallecen cada día más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios”, expresa Ramírez.

En el primer año del plan de choque, 10 gobiernos autonómicos “hicieron caja” con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado, según el informe. Es decir, que no destinaron a la mejora de los servicios todo el dinero que se les adjudicó desde la administración. Estas regiones fueron Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. El estudio refleja las grandes desigualdades entre territorios con la escala de notas que la asociación elabora anualmente: algunas aprueban con más de un ocho, otras suspenden con un tres, y la media nacional aprueba con un cinco raspado.

El tiempo de espera medio para recibir atención a la dependencia en 2022 fue de 344 días, 77 menos que el año anterior. “La burocracia es desmesurada, es una telaraña donde están atrapadas miles de personas dependientes. Si algo no tiene una persona dependiente es tiempo para esperar, porque el 53% de las personas dependientes reconocidas tiene más de 80 años”, opina Ramírez. Y, de nuevo, no es lo mismo esperar en una comunidad que en otra. Mientras que La Rioja y Aragón han reducido la lista de espera por encima del 40%, otras comunidades como Murcia, Baleares o Asturias la han aumentado cerca del 30%. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente es de 180 días, pero solo hay dos regiones que cumplan ese margen en su promedio: Castilla y León y el País Vasco. “Aquellas autonomías que trabajan con las corporaciones locales son más ágiles, y la unificación de criterios de evaluación también es eficaz”, desarrolla Ramírez para arrojar soluciones. Hay, con todo, autonomías que destacan por su evolución, como la Comunidad Valenciana, que ha pasado de suspender con un 1,2 hace cuatro años, a aprobar con un 6,2.

Ramírez insiste en que hay situaciones insostenibles como la que ocurre en Cataluña, que por sí sola lleva el 39% del limbo de espera —la suma de personas valoradas como dependientes que tienen reconocida la prestación, pero no se les está dando, y las que todavía están pendientes de valorar— de todo el territorio nacional. “Hubo comunidades autónomas que hacían trampas y dejaban de valorar para no tener lista de espera, por lo que tuvimos que añadir los días que se tardaba en la evaluación”, cuenta Ramírez. “También tenemos en cuenta que hay solicitudes que los ciudadanos presentan, pero las comunidades no graban bien en el sistema y no aparecen en las pendientes de valoración. Y otras regiones parece que conceden una prestación, la quitan de la lista, pero es lo que denominan prestación no efectiva, y la ayuda no llega”, prosigue el presidente de la asociación.

Un sistema de gastos low cost

El informe expone que hay objetivos del plan de choque que no se están llegando a cumplir. “Uno de ellos era que la asistencia fuera un derecho subjetivo, pero no se atiende ni a uno de cada tres. Y los servicios que se dan no compadecen con las necesidades de las personas en situación de dependencia”, denuncia Ramírez. Las prestaciones varían mucho dependiendo del servicio y la zona, pero el estudio critica que son insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 500 euros al mes dependiendo del grado de dependencia. “La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un ‘segundo copago’ o copago invisible”, recoge el informe.

La ayuda a domicilio se recibe, de media y según el nivel de dependencia, durante unas 15 horas mensuales para el grado más moderado, 37 horas mensuales para el grado medio y 57 horas para quienes tienen reconocido el grado más grave de dependencia. “Esto es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente”, manifiestan los autores del informe. Y, en toda España, hay 53.905 personas con dependencia que reciben como única prestación la teleasistencia. “Es absolutamente reprobable que se admita como atendida una persona con esa prestación. La teleasistencia debe ser una prestación complementaria”. Más de la mitad de personas en esta situación están en la Comunidad de Madrid (18.967) y en Castilla La Mancha (10.178). “El sistema se reactiva, pero en base a servicios de bajo coste”, concluye Ramírez.

El Observatorio Para la Dependencia estima que el coste global del sistema de atención a la dependencia superó este 2022 los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones. Ramírez puntualiza que es una “gran inversión pública”. “Por cada millón de euro que se invierte en el sistema se generan 41 empleos directos, estables y no deslocalizables, y la tasa de retorno ya asciende al 41,4%”, asegura el presidente de la asociación. Actualmente el sistema de la dependencia emplea a 316.215 personas.