César García Magán, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal: “Hay que estar siempre de parte de la víctima”

César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y de línea conservadora, ha sido elegido por los obispos españoles como el nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE) para los próximos cinco años. La votación se ha realizado a primera hora de esta mañana durante una sesión extraordinaria de la asamblea plenaria en la que a lo largo de esta semana se reunirán más de 80 obispos para discutir conjuntamente temas de actualidad que afectan a la Iglesia española. Los otros dos candidatos que también se habían presentado han sido Fernando Giménez Barriocanal, hasta ahora vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, y el obispo auxiliar de Valencia Arturo P. Ros.

El papel de este cargo es muy relevante dentro del gobierno de la Iglesia española: es la cara visible de los obispos, el encargado de coordinar los trabajos de los múltiples departamentos de la CEE, e informa al resto de prelados de los planes del organismo. De ahí que su perfil definirá la dirección tanto del discurso como de las políticas que llevará en los próximos años la Iglesia española, una organización que en los últimos años está contemplando la disminución del número de fieles —el último barómetro del CIS cifra que en solo el 8,9% los jóvenes que se consideran católicos practicantes— y la merma de las vocaciones sacerdotales.

El nuevo secretario tendrá que lidiar con problemas que afectan duramente a la imagen de los obispos españoles, como el escándalo de la pederastia en su seno. Pese a que en el último año el episcopado español cambió su discurso sobre el problema y pasó del negacionismo a reconocer su lentitud ante la gestión de los abusos, lo cierto es que la mayoría de las 70 diócesis sigue sin hacer públicos los casos que han conocido en las últimas décadas y los datos sobre los clérigos a los que han juzgado internamente y se han trasladado, o las indemnizaciones que ha pagado a las víctimas. En su primera rueda de prensa, el nuevo secretario ha condenado los abusos y ha sido rotundo con la dirección que tomará la CEE, más transparente y “siempre” al lado de las víctimas. Palabras que difieren en gran medida de su antecesor, el obispo Luis Argüello, que normalmente justificaba el problema diciendo que “eran unos pocos casos”.

“Un solo abuso ya sería reprobable y execrable para la Iglesia, que también se ha visto contaminada, afectada y manchada por ese problema social (...) Estamos trabajando sobre ese tema, y hay un compromiso muy serio y sin fisuras por una transparencia, por el tema de la acogida. Hay que estar siempre de la parte de la víctima, del que ha sufrido, porque Jesús estuvo siempre de la parte del sufriente, él fue un inocente que sufrió y murió”, ha declarado. El también nuevo portavoz ha avanzado que la pederastia será uno de los temas que se están tratando en la plenaria y que este viernes darán a conocer los avances que las diócesis han hecho en este asunto.

En la diócesis de la que desde 2018 García Magán ha sido vicario general hay, de hecho, un polémico caso de abuso de menores, con relevantes preguntas aun sin respuesta. Un caso desoído durante años por esta diócesis, que a día de hoy sigue ignorando a la víctima, pese a que el cura está en el banquillo a la espera de juicio. EL PAÍS ha tratado de preguntar sobre ello al nuevo secretario general en su primera rueda de prensa, celebrada en la mañana de este miércoles, pero no se le ha permitido tomar la palabra.

Se trata de una denuncia presentada en 2016 contra P. F. R. R., director espiritual del seminario menor de Toledo, acusado de abusos por uno de los alumnos. El juicio se celebrará en los próximos meses pero, a día de hoy, el obispado nunca se ha puesto en contacto con la víctima y no le ha tomado declaración en el proceso canónico que asegura haber abierto. Únicamente expresó en una escueta nota su “apoyo, cercanía y solidaridad” a la víctima y su familia, pero solo tras la publicación del caso en EL PAÍS en abril de 2021.

Según el relato de la Fiscalía, el menor informó en 2009 a otro sacerdote de los abusos, que comenzaron cuando tenía 14 años. Su madre se lo contó luego a varios curas de confianza y al propio arzobispo de entonces, Braulio Rodríguez, en 2010. Pero Rodríguez no tomó ninguna medida, no ha querido aclarar si informó a las autoridades y mantuvo en el seminario al acusado durante cinco años más, hasta que en 2015 lo trasladó a una parroquia de la ciudad. Según la fiscal, la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo, ante quien relató los hechos, que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”.

Pese a la denuncia, el cura ha seguido en su cargo estos años y ha dirigido retiros espirituales. El siguiente arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, designado en 2020, tampoco tomó medidas e incluso ese año nombró al cura miembro de la vicaría para el clero. La archidiócesis explicó que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el anterior arzobispo procedió, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia, conforme a la legislación canónica vigente”. No aclaró si abrió un proceso canónico e informó al Vaticano, como era su obligación. Respecto al actual arzobispo, apuntó que “al conocer la situación, está aplicando la normativa recogida en el vademécum publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe”. Ante el anuncio del procesamiento, en mayo de 2021, el arzobispado detalló que “el sacerdote tiene las medidas cautelares” y el proceso canónico “continúa la fase de instrucción”. No ha querido aclarar en qué fecha el arzobispado informó al Vaticano y solo responde que “se ha procedido conforme a lo establecido por la Santa Sede en tiempo y forma”.

Trayectoria

García Magán fue ordenado sacerdote en 1986 en la diócesis de Toledo y fue nombrado vicario parroquial de Santa Bárbara y secretario del obispo auxiliar. Sirvió en el Vaticano entre 1991 y 2007, primero como oficial de la Secretaría del Estado Vaticano y luego como secretario y consejero de las Nunciaturas Apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. A su regreso a Toledo en 2007 desempeñó varios cargos como vicario episcopal hasta 2018, cuando el arzobispo Braulio Rodríguez le nombró vicario general. Recibió la consagración episcopal en enero de 2022.

Destaca, según fuentes eclesiásticas, su perfil diplomático tras haber pasado años en Roma y su buena relación con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Desde 2005 es prelado de honor del Papa. También dio clases en el seminario nacional interdiocesano de Nicaragua durante el curso 2002-2003, y actualmente lo hace en los Institutos Superiores de Estudios Teológicos San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (2009-2014). Es Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, desde 2019, y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Canonistas desde 2021, de la que fue vicepresidente de 2012 a 2014. Es Capellán de Su Santidad (2000) y Prelado de Honor de su Santidad (2005).

La Conferencia española también sigue sin afrontar las acusaciones de encubrimiento de casos de pederastia que pesan sobre al menos 39 obispos españoles, 14 de ellos vivos y algunos de ellos presentes en la votación del secretario general. Algo muy diferente a lo que otras conferencias homólogas sí han hecho. La última ha sido la francesa, que hace unas semanas, durante la asamblea plenaria en Lourdes, admitió que hasta la fecha al menos 11 obispos franceses han pasado por la justicia civil o canónica por encubrir abusos o por haberlos cometido. La última confesión ha sido la del arzobispo emérito de Burdeos, el cardenal Jean-Pierre Ricard, que ha admitido haber abusado de una niña de 14 años hace 35.

Otro asunto candente es el de las inmatriculaciones realizadas por los obispos —edificios, iglesias, terrenos y fincas que la jerarquía eclesiástica registró a su nombre entre 1998 y 2015—, una polémica que ha asediado a la CEE después de que hiciera público un informe con el número de registros: más de 35.000, de los que un millar ha reconocido que no pertenecen a las diócesis o presentan alguna “irregularidad”. A esto se le suma la cruenta lucha moral que los obispos mantienen contra la ley trans, a la que tachan de “perversión”, la del aborto o la de la eutanasia. Del mismo modo, el nuevo secretario tendrá que encarar otros temas de corte más doctrinal, como la aprobación de las bendiciones a matrimonios homosexuales.

García Magán releva en el cargo al obispo Luis Argüello, de 69 años, elegido secretario a finales de 2018 y que presentó su renuncia el pasado junio tras ser nombrado arzobispo de Valladolid. De línea conservadora, el mandato de Argüello ha estado marcado por el escándalo de la pederastia en la Iglesia española. “Son solo pequeños casos”; “No realizaremos un informe. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”; “Quizá en la sociedad española, por la misma manera de vivir de los sacerdotes en la vida parroquial, es que el número de abusadores eclesiásticos ha sido menor”, son algunas de sus afirmaciones sobre este tema. También fueron polémicas sus declaraciones sobre la identidad de género y las terapias “de conversión” a homosexuales. Sobre la orientación sexual y la elección de sacerdotes, dijo a los pocos días de ser elegido: “Pedimos candidatos que sean enteramente varones, o sea, heterosexuales”. Frase por la que tuvo que pedir disculpas públicamente.

Su ambigüedad en la forma de responder a la prensa le valió una pequeña broma del papa Francisco durante la visita del prelado al Vaticano en 2020: “Cuando te jubiles tienes que venir a Roma para participar en el equipo de fútbol, porque regateas muy bien a los periodistas”. El discurso de Argüello también ha estado enfocado durante sus cuatro años como secretario en la necesidad social de ayudar a los pobres, a los refugiados y, especialmente, a los enfermos con cuidados paliativos.