La condena de 21 años a un pederasta gracias al empeño del padre de una víctima

El Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana del miércoles la condena de 21 años y nueve meses de prisión a Joaquín Benítez, el exprofesor seglar de educación física del colegio de los maristas de Sants-Les Corts, en Barcelona, por abuso sexual continuado de cuatro menores entre 2006 y 2009. Eran los únicos casos que no habían prescrito de al menos 26 víctimas que le acusan de abusos, de 1980 a 2011, que han salido a la luz en los últimos años.

El acusado ha sido condenado a indemnizar con un total de 120.000 euros a las víctimas, y se ha declarado la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros del colegio, y la subsidiaria de la fundación titular del centro. La sentencia cierra solo una pequeña parte de una historia dolorosa e increíble que abrió el gran caso de la pederastia en los maristas de Cataluña y que, como último fleco, dejaba la indignación de los afectados por el hecho de que Benítez, pederasta confeso desde 2016, no hubiera entrado en prisión y siguiera libre. Ahora, con la sentencia firme, deberá entrar en la cárcel. Hacia las ocho de la tarde ha hecho unas breves declaraciones a TV3, con el rostro cubierto con un pasamontañas, asumiendo la pena: “Pido perdón, una vez más, a quien se haya sentido perjudicado por mí y por mis malas actuaciones”.

Este caso también demostró que el sistema había fallado estrepitosamente por todos lados, un claro ejemplo de cómo se han afrontado los casos de pederastia en la Iglesia hasta ahora. El colegio, la justicia, la policía, no hicieron bien su trabajo, y solo el padre de un alumno que se empeñó en hacer justicia por su cuenta logró llevarlo a los tribunales. En febrero de 2016, Manuel Barbero, después de que su hijo le contara que había sufrido abusos de Benítez, pegó 200 carteles alrededor del centro de maristas de Sants-Les Corts, acusando al docente. Ponía su foto, su nombre y una dirección de correo electrónico a la que escribir si alguien más había sido su víctima: “Si eres alumno o padre de algún alumno que sepa o ha visto o ha vivido una situación igual…”. Duraron solo unas horas porque alguien los quitó, pero bastó para que le llegaran mensajes de 100 personas. Acababa de estallar el caso maristas.

“Mi valoración es que no hay justicia cuando la justicia tarda casi siete años en dictaminar sobre un pederasta confeso desde el minuto uno. No hay justicia cuando se han presentado casi 100 denuncias contra diferentes profesores y no ha habido una investigación policial ni de las administraciones, no se haya intentado investigar más allá de Joaquín Benítez”, han sido las primeras palabras de Barbero, que agradeció “a todos los medios de comunicación que nos han apoyado desde el principio”, tras conocer el fallo. El papel de la prensa ha sido decisivo, pues decenas de casos fueron saliendo a la luz gracias a una investigación de El Periódico. Barbero fundó luego una asociación, Mans Petites, que aglutinó a los afectados y comenzó el proceso judicial.

Un escalofriante documental de 2017, Shootball, de Félix Colomer, resume muy bien la historia. En realidad, una familia había denunciado ya a Benítez al colegio marista en 2011. En una reunión con la dirección, el docente se derrumbó y confesó que todo era cierto, según relata el filme. Lo que pasó entonces es muy representativo de cómo se han afrontado las denuncias de abusos en centro religiosos, cuando nadie hace demasiado por investigar nada. El vicario provincial de los maristas lo denunció a la Fiscalía, pero luego el director se negó a dar información a los Mossos cuando fueron a preguntar. Como no había denuncia, el juez archivó el caso. Fiscalía, Mossos, el juez, el colegio, nadie hizo más que lo estrictamente necesario para cumplir el expediente, pero ni buscaron a Benítez ni llamaron a él ni a nadie a declarar.

En su denuncia, el centro no dijo que Benítez había reconocido los hechos. Simplemente le echaron. Cuando Manuel Barbero colocó los carteles cinco años después, dos reporteros de El Periódico encontraron a Benítez, fueron a su pueblo y le entrevistaron. Confesó todo. A un periódico. “Yo era consciente de que cualquier día me cogerían y acabaría en prisión. ¡Pero tardaron seis años!”, dijo él mismo. Fue arrestado al día siguiente, tras su confesión pública, pero en realidad, en ir a prisión ha tardado mucho más. Confirmó todo ante el juez pero no fue a la cárcel. Barbero se desesperaba, pero fue solo el inicio: han pasado seis años.

“Me sentía amparado por los maristas”

En el juicio, Benítez aseguró, aunque el colegio lo negó, que ya en 1986 una familia le denunció al centro por “tocamientos” y estaba convencido de que sería expulsado. “Pasó el verano y no dijeron nada, solo me advirtieron de que no podía volver a pasar y de un castigo de tres meses sin sueldo, pero al final no lo hicieron”. Desde ese momento, no sintió miedo de ser descubierto: “Me sentía amparado por los maristas”. El condenado es el único juzgado y condenado de los 29 maristas y seglares de los centros de esta orden acusados en los últimos años, según la contabilidad de EL PAÍS. Tres casos recientes conocidos posteriormente que no han prescrito están pendientes de resolución y otros 25 han quedado impunes. Este diario ha contabilizado al menos 91 víctimas entre 1945 y 2017 en colegios de la orden en Cataluña. La lista de de los casos se puede consultar al final de este texto. Los maristas son, tras los jesuitas, la orden con más miembros acusados en toda España, un total de 123 casos, según la base de datos de este diario, la única existente ante la ausencia de estadísticas oficiales o de la Iglesia.

Los maristas de Cataluña, por su parte, han emitido un comunicado tras la sentencia del Supremo: “Expresamos nuestra satisfacción por el pronunciamiento de la justicia, una condena que habíamos reclamado de manera reiterada”. La institución alcanzó en diciembre de 2020 un acuerdo de compensación con Barbero y otras 24 víctimas de varios maristas y profesores de sus centros. Luego se sumaron cuatro afectados más. Les pagaron 353.000 euros, según datos de la orden, con indemnizaciones individuales que oscilaron entre los 4.000 y los 50.000 euros. Los maristas crearon una comisión para “atender a las personas que no han podido recurrir a la justicia porque el caso que denuncian está prescrito”. Se encargó de “evaluar si los hechos denunciados eran plausibles, las secuelas de las víctimas y establecer compensaciones económicas”. Luego no ha habido más indemnizaciones, confirma la orden.

No obstante, la mayoría de las víctimas, que según Barbero son casi un centenar, se quedaron fuera del acuerdo porque no aceptaron las cláusulas de confidencialidad que imponía la orden. Jordi Alsina, exalumno de los maristas de Sants, en Barcelona, fue uno de ellos. Acusaba de abusos al hermano Víctor en el curso 1969-1970, cuando tenía 11 y 12 años, y se interesó por el proceso de indemnización en marcha. “Pero yo debía comprometerme a acatar el dictamen de la comisión fuera cual fuera, no volver a presentar nunca más ninguna otra reclamación en ninguna instancia marista y no difundir, compartir ni publicar nada que se relacionase con los trámites y decisiones de la tal comisión. Evidentemente jamás cursé ni firmé tamaña infamia. Pocas veces en mi vida he sentido una indignación tan inmensa”, relató a este periódico Alsina, que se negó a participar.

“No se ha hecho justicia en tanto en cuanto solo ha sido condenada una persona de al menos 24 denunciadas en el caso de los maristas. Los maristas no han hecho una búsqueda activa de los culpables, y mucho menos las administraciones”, acusa Barbero. Su indignación va más allá: “Cuando Benítez vaya a la cárcel seguramente esté 14 años, dos terceras partes, al Estado le va a costar medio millón de euros, y mientras a las víctimas no les dan ni un euro para recuperarse, volver al trabajo o a los estudios. Se olvidan de víctimas y familiares. En los años que llevo con esto he perdido mi piso, porque estuve cuatro meses sin trabajar, mi hipoteca acabó en un fondo buitre, no quisieron negociar y perdí mi casa en 2017. Me he dedicado a perseguir a los culpables, a denunciar, pero yo solo, nadie se ha preocupado de hacerlo. Es indecente e inmoral por parte de las instituciones, que yo y otras personas tengamos que hacer su trabajo”.

La opacidad de los maristas en cuanto a los datos todavía es total y, consultados esta semana, no dan ninguna información sobre número de víctimas, número de acusados y medidas tomadas con ellos y sus encubridores. Es más, afirman que no conocen el número exacto de casos que han salido a la luz en la prensa, porque no hay denuncias contra ellos (en realidad están todos prescritos y una denuncia está abocada al archivo) y no “constan oficialmente”. También admitieron en 2021 que no abrieron procesos canónicos a los denunciados, en contra de todas las reglas eclesiásticas. Solo indican que los acusados que aún estaban vivos fueron apartados del contacto con menores. Argumentan que su foco “está en las víctimas” y “en el presente y el futuro, no en el pasado”. Sostienen que “las víctimas son la prioridad y la urgencia es escucharlas y reconocerlas” y cualquier persona que se quiera poner en contacto con la orden puede hacerlo a través del canal de escucha que se encuentra en su página web.

Barbero, por su parte, denuncia que nadie ha pedido responsabilidades al colegio: “Es un centro concertado y no se ha abierto ninguna investigación oficial en profundidad, más allá de una que pedí al Consorcio de Barcelona, que se cerró con las conclusiones del informe de los maristas. La inspección dictaminó con las mismas palabras, sin preguntar y sin nada”. En cuanto a qué ha sucedido con el resto de maristas y profesores acusados que no han sido juzgados, asegura que la orden tampoco les ha dado ninguna información: “No se nos ha explicado nada. Les pedimos que no estuvieran en contacto con menores. Si bien ellos hablan de presunción de inocencia, yo hablo de otro punto de vista: no quiero que cuestiones a las víctimas, porque es lo que habéis hecho toda la vida, cuestionarlas, masacrarlas”.

El fundador de Mans Petites critica también el escaso importe de las indemnizaciones que se conceden: “Se indemniza teniendo como referencia una tabla de accidentes de tráfico, que sigamos con esa puñetera tabla es indignante”. En este sentido opina que “el objetivo tiene que ser que el Estado reconozca oficialmente a la víctima de abusos y ocuparse de ellas, hay que trabajar en esto”. “Espero que haya alguna propuesta del Defensor del Pueblo cuando acabe su trabajo. Esto tiene que ser lo próximo”.

En España han salido a la luz hasta ahora 855 acusaciones contra sacerdotes, religiosos y seglares de la Iglesia católica, con 1606 víctimas, según la contabilidad que lleva EL PAÍS. Es una base de datos abierta y actualizada con los casos destapados por la investigación iniciada por este diario en 2018 y los publicados por otros medios. Es la única estadística conocida, ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es en América Latina, puede escribir a abusosamerica@elpais.es