Los fiscales superiores de España empiezan a enviar sus informes de casos de pederastia en la Iglesia
Castilla-La Mancha comunica al ministerio público cinco casos mientras otras comunidades, como Asturias y Extremadura, señalan que no tienen abierta ninguna investigación de abusos cometidos en instituciones religiosas
Fiscalías superiores autonómicas y provinciales, como la de Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura y Asturias, ya han remitido a la Fiscalía General del Estado sus informes sobre los procedimientos penales que están en tramitación en su región en relación con presuntos casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones religiosas, tal y como le había pedido el ministerio público. Es decir, las fiscalías comienzan a dar respuesta al oficio de la Fiscalía General del pasado 31 de enero que pedía que le enviasen todas las denuncias y querellas en curso sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos, tal y como adelantó EL PAÍS.
Los informes elaborados por los fiscales superiores llegan tras la iniciativa puesta en marcha por la Fiscalía General del Estado con la que este organismo intenta tener una radiografía sobre el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia. Este mandato inédito supone una exhaustiva investigación en un plazo corto de tiempo, ya que en los registros de este tipo de procesos de las memorias anuales nunca se especifica si el delito se cometió dentro o fuera del ámbito religioso. Además, la recopilación que están llevando a cabo los fiscales no representa la totalidad de estos delitos: una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruyen en procesos eclesiásticos, mientras que muchas víctimas nunca se han atrevido a denunciar.
El último en cumplir la orden de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, quien este martes informaba en un comunicado sobre dicho informe enviado a Madrid. En él se detalla que las fiscalías provinciales investigan cinco supuestos casos en la comunidad: uno en Ciudad Real, dos en Cuenca y otros dos en Toledo, en tanto que no constan procedimientos en las fiscalías provinciales de Albacete y Guadalajara. Sin embargo, la Fiscalía del Principado de Asturias y la de Extremadura no están tramitando ninguna denuncia o querella sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos.
Uno de los casos remitidos es de Ciudad Real, donde un sacerdote fue condenado por 14 abusos sexuales a siete niños del seminario. El asunto está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, mientras que en Cuenca la Fiscalía tiene dos procesos abiertos, ambos comunicados por la Oficina Diocesana de Abusos del Obispado de Cuenca. En la provincia de Toledo los dos casos siguen su curso en juzgados de Talavera de la Reina. En uno de ellos, con sentencia de julio de 2021, tanto víctima como el clérigo han recurrido. Este hace referencia al sacerdote José Luis Galán, que abusó entre 2011 y2014 de una menor que estudiaba en el colegio Hijas de María Nuestra Señora de Talavera de la Reina (Toledo). Allí, este cura era su director espiritual y, con la excusa de ofrecerle apoyo religioso, la citaba dos veces por semana en su despacho parroquial en la Iglesia de San Ildefonso, donde repetidamente la agredió sexual, física y psicológicamente entre 2011 y 2014. El otro caso en la provincia de Toledo es una denuncia de una alumna contra un sacerdote, al que acusa de contactar con ella por internet para solicitarle un intercambio de imágenes íntimas.
También ha elevado informe a Madrid la Fiscalía de Alicante, que detalla que no se tiene constancia de denuncias relacionadas con casos de abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas de la provincia desde, al menos, 2018. Fuentes de la Fiscalía han precisado a la agencia Efe que, entre 2018 y principios de 2022, solo se ha registrado una denuncia por un supuesto episodio de abuso sexual en el ámbito religioso, el cual habría sido cometido presuntamente por un profesor de religión que impartía clases en un Instituto de Educación Secundaria (IES), situado en el municipio de Torrevieja. Dicho centro, además, sería de titularidad pública —y, por tanto, sin vinculación con ninguna entidad religiosa—, de modo que su funcionamiento dependería de la Generalitat Valenciana. No obstante, los profesores de esta materia son elegidos expresamente por el obispado, por lo que forman parte de la comunidad pastoral de la diócesis donde residen.
La Fiscalía del Principado de Asturias no está tramitando ninguna denuncia o querella sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos. Así lo avanzó este lunes la fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, quien dejó claro que actualmente no hay abierta investigación alguna por posibles denuncias de abusos sexuales a menores en el seno de una congregación, colegio o iglesia de ninguna confesión religiosa.
El pasado viernes, la Fiscalía Superior de Extremadura también informaba que no existía ningún procedimiento penal en tramitación, tanto en sede judicial como fiscal sobre estos hechos, según un comunicado firmado por el fiscal extremeño, Javier Montero.
La iniciativa del ministerio público llega en medio del escándalo de pederastia que está viviendo la Iglesia española después de que EL PAÍS entregase al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso.
El trabajo periodístico, puesto en marcha en octubre de 2018, ha impulsado una iniciativa del PSOE —bien acogida por sus socios— para que sea el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien investigue los abusos en la Iglesia. La contabilidad de EL PAÍS es la única existente en España, ante la ausencia de datos oficiales o de las instituciones eclesiásticas. Suma ya más de 1.240 víctimas en más de 600 casos.
