La ONU advierte de que el sistema judicial español no protege a los menores “de los padres abusivos”

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha lanzado este jueves un duro reproche al Gobierno de España y al sistema judicial español. “Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”, señala la organización en una nota. Ocho expertos y expertas independientes, que conforman un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos, han elaborado este trabajo y concluyen que el Ejecutivo español “debe hacer más” para proteger a los menores en los casos de violencia de género y en los que se detecten abusos sexuales, “garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres [que denuncian estos casos] y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género”.

“El Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia”. El citado comité de especialistas independientes considera que “incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”. Alertan además de que los tribunales españoles “siguen determinando que el interés superior del niño y de la niña es siempre mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando estos son violentos o abusivos”, pese a que existen directrices en sentido contrario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En su nota citan el caso de una mujer, Diana García M., de la que explican que perdió recientemente en primera instancia la custodia de su hija menor “tras ser acusada de obstaculizar la relación entre la niña y su padre”. “A pesar de los antecedentes” de violencia contra ella y “de las pruebas que apuntaban a que había cometido abusos sexuales contra su hija durante años”, señalan en la nota, “el padre obtuvo la custodia completa en el juzgado de Pozuelo de Alarcón”.

Los ocho especialistas que han evaluado a España forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que trabajan de forma voluntaria y sin percibir un salario. En su dura nota subrayan además que existe un “sesgo discriminatorio contra las mujeres que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres”. Y añaden: “Las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos”.

Este comité explica que han seguido “de cerca” la situación de España durante casi una década y que han comentado sus preocupaciones al Gobierno, pero siguen recibiendo información de nuevos casos en España “de madres que pierden la custodia de sus hijos a manos de padres maltratadores”. Y alertan de que ellas son acusadas de “alienación parental” en alusión a un falso síndrome —el SAP o síndrome de alienación parental— descartado por los principales organismos internacionales y recientemente prohibido en la legislación española. Pese a esa prohibición, señala la nota, “las teorías sobre la alienación parental parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España”.

“Tales teorías aprovechan las actitudes patriarcales arraigadas en el sistema legal, así como una creciente oleada de críticas contra la igualdad de género en varios países donde los grupos antiderechos han retratado los derechos de las mujeres como “antifamilia”, indican los expertos, que añaden que han detectado “esta preocupante tendencia” también en otros países de Europa y América Latina que no cita.

“España debe hacer más para que su legislación sea operativa y para que todos los funcionarios del sistema de justicia apliquen un enfoque sensible al género y centrado en el niño en los casos de custodia de los hijos y de violencia doméstica, además de tomar medidas efectivas para prevenir estos actos de violencia que pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso tortura”, concluyen los expertos. “El Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia”.