La Eurocámara reclama que la violencia machista sea delito en toda la UE
Ninguno de los europarlamentarios del PP español ha apoyado una resolución que busca “prevenir y combatir todas las formas de violencia de género”
El Parlamento Europeo reclama que la UE despliegue toda su potencia de fuego para luchar contra la violencia machista de forma homogénea en todos los rincones del bloque comunitario. En una resolución votada este jueves, la Eurocámara solicita que se definan estos crímenes “como un nuevo ámbito delictivo” del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE, donde se contemplan los llamados eurodelitos, entre los que se incluyen el terrorismo o la corrupción. La iniciativa, que ha salido adelante con 427 votos a favor, 119 en contra y 140 en blanco, pone presión a las instituciones comunitarias para que saquen adelante una legislación específica centrada en las víctimas y destinada a “prevenir y combatir todas las formas de violencia de género”, en línea con lo contemplado en el Convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa para la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Ninguno de los 13 eurodiputados del PP ha apoyado la resolución: 12 se han abstenido y una ha votado en contra. Los cuatro de Vox han rechazado la propuesta.
Una de cada tres mujeres de la UE ha experimentado violencia física y/o sexual, según estadísticas facilitadas por el Parlamento Europeo. Alrededor de 50 mujeres son asesinadas cada año en España en episodios de violencia de género y el 75% de las mujeres en el entorno profesional declaran haber sufrido acoso sexual. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles, durante su discurso del Estado de la UE, que propondrá antes del final de año una ley sobre violencia machista.
El debate y la votación en el hemiciclo de Estrasburgo han puesto de manifiesto divisiones profundas en algunas familias del arco europarlamentario, e incluso dentro de ellos, según la latitud y longitud. Socialistas, liberales, verdes e izquierda han votado de forma masiva a favor. Pero los populares han acudido fracturados, como ha evidenciado el caso español, y han incluido en el texto una opinión minoritaria en la que aseguran compartir “los objetivos” del articulado, pero con reservas: “Nos preocupa que algunas de las partes del texto queden fuera de la competencia de la Unión y que, por tanto, se ponga en riesgo todo el expediente”.
En la actualidad, este delito está reconocido y penado de forma muy desigual entre los Veintisiete, provocando notables divergencias en el acceso a la justicia según el territorio. Esta primera toma de temperatura política en la Eurocámara es un anuncio de que no será fácil tampoco poner de acuerdo a los distintos estados miembros para sacar adelante una medida de este calado cuando toque negociarla en el seno del Consejo (donde están representados los 27 estados miembros). Además de la resistencia de países como Hungría o Polonia, donde el giro iliberal se ha agudizado en los últimos años, el Consejo tendría que poner de acuerdo a otros estados como Bulgaria, Letonia y Lituania, que ni siquiera han ratificado el Convenio de Estambul, aprobado en 2011 y ratificado por España en 2014.
Con la resolución, el parlamento pide que la violencia de género sea considerada “un delito particularmente grave y con dimensión transfronteriza”. Pero la pugna política se ha centrado en torno a la definición misma de violencia machista. Uno de los artículos más divisivos del texto tiene que ver con la inclusión de la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de esta categoría delictiva. “La denegación del aborto legal y sin riesgo son también una forma de violencia de género”, dice claramente el texto, que subraya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias ocasiones sobre este asunto: “La legislación restrictiva sobre el aborto y la falta de aplicación violan los derechos humanos de las mujeres”. La resolución señala con el dedo a Varsovia por dar pasos hacia atrás en este ámbito, condenando “enérgicamente el retroceso registrado en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la prohibición de facto del aborto seguro y legal en Polonia”.
La resolución considera además que “las personas LGBTIQ+ son también víctimas de violencia de género por su género, identidad de género, expresión de género y características sexuales”, y especifica que estos delitos afectan “a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad y a las personas LGBTIQ+”. Esta violencia, añade, “nace del deseo de castigar a quienes se considera que transgreden las normas sociales de las jerarquías de género, la expresión de género y los sistemas de género binarios” y “tiene por objeto establecer, aplicar o perpetuar las desigualdades de género y reforzar las normas y los estereotipos de género”.
Abstención de los populares españoles
“Nuestra abstención es un sí a luchar contra la violencia contra las mujeres en todos los rincones de la Unión Europea, a señalar y perseguir al maltratador”, ha explicado tras la votación la delegación española del PP a través de un comunicado. “Pero es un no a que la izquierda lo utilice políticamente y añada enmiendas que sean contra el derecho a la vida y se liguen a la violencia de género”.
“La legislación es extremadamente desigual entre países, lo que provoca que las mujeres no puedan acceder a la misma protección y justicia simplemente al cruzar una frontera”, señala en cambio María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Podemos y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en la Eurocámara, que ha dado origen a la resolución. Rodríguez Palop ha celebrado que su inclusión en el articulado de los tratados de la UE “sería una buena herramienta para armonizar la definición de los delitos y sus penas”.
Durante el debate de la iniciativa, Margarita de la Pisa, de Vox, justificó su voto en contra tildando la medida de “ocurrencia ideológica sin fundamentos” y asegurando, como suele reiterar la ultraderecha en este asunto, estar “en contra de cualquier agresión o violencia”. En España, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado la importancia de este paso: “Simbólicamente, políticamente y socialmente eleva la violencia machista al lugar donde debe estar, como una de las prioridades de la Unión Europea”, informa Pilar Álvarez. La delegada cree que la decisión del Europarlamento “puede tener un impacto positivo inmediato en la persecución de un presunto agresor que decida huir dentro del espacio de la Unión Europea y la facilidad tanto de órdenes europeas de detección como de protección”.
Sobre la firma
