La vida tras un asesinato machista: “Lo peor fue decirle a mi hermano que su padre había matado a nuestra madre”
Los asesinatos de mujeres dejan otras víctimas casi olvidadas: hijos y familias que se enfrentan a un laberinto de trámites sin ayuda ni información, con miedo y en mitad del derrumbe emocional
Las estadísticas de la violencia machista solo muestran la punta de un iceberg inmenso. Desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar los casos en una estadística oficial, han sido asesinadas 1.106 mujeres por sus parejas o exparejas, 28 de ellas en lo que va de año. Y a esta cifra vergonzante se ha sumado la muerte de 40 hijos asesinados a manos de sus padres (no está contabilizada Anna, desaparecida en Tenerife junto a su hermana Olivia y cuyo cuerpo aún no se ha encontrado) y 310 menores huérfanos desde 2013 (según datos de finales de mayo de la Delegación de Gobierno). Alrededor de todos ellos existen otras víctimas que tienen que vivir con la pérdida de su hermana, su hija, su tía, su cuñada o su nuera, y todas ellas saben lo que es el dolor, el miedo y el rechazo.
Luz Marina Rodríguez, hermana de Guacimara, Guaci, a quien su expareja, José Miguel Mendoza, apuñaló hasta matarla el 20 de febrero de 2013 lo explica gráficamente: “Siempre digo que el daño es como una bomba lapa que se expande y hace que toda la familia se hunda. Nosotros estábamos muy unidos y algo cambió para siempre. No vuelves a ser la misma persona y tienes que aprender a vivir con el dolor y la rabia, y es muy difícil”.
Joshua Alonso tenía 25 años cuando su madre, María José Mateo, Sesé, murió en 2017 a causa de la explosión de gas que provocó su expareja, Emilio F. C., y que provocó la muerte de ambos. Ella tenía 50 años. “Primero llega el shock”, explica, “después estuve llorando durante semanas por las esquinas. Es algo que no se supera nunca”. Alonso asegura que “siempre va a echar de menos a su madre —“mi amiga, mi confidente”—, de la que pensé que estaría a su lado “muchísimo tiempo”. Como en el caso anterior, el asesinato afectó a toda la familia: “Quedamos muy desperdigados; volver a unirse es un proceso duro que hay que trabajar y que implica entender los sentimientos de las otras personas. Es demoledor porque son muchos recuerdos. Pero no puedo cambiar lo que pasó, y sí intentar que cambie lo que tengo a mi alrededor”.
Rodríguez y Alonso viven a casi 2.135 kilómetros de distancia, los que separan las ciudades de Tenerife y el pueblo de Redondela en Pontevedra. Ambos comparten el impacto de la pérdida, la necesidad de sobreponerse al duelo para atender a los menores —sobrinos y hermano, respectivamente— que se quedaron huérfanos cuando sus respectivos padres decidieron asesinar a sus madres. Comparten también la perplejidad ante las trabas burocráticas que multiplicaron su angustia en mitad del caos provocado por la pérdida.
Alonso, que ahora tiene 30 años, tiene que parar y respirar hondo para retener las lágrimas: “Ese día me llamaron por teléfono y me dijeron que la casa estaba ardiendo. Llamaba a mi madre, lo llamaba a él, a la familia del padre [nunca utiliza su nombre]. Cuando llegué a la casa y vi su coche pensé: ‘La mató'. Mi prioridad fue mi hermano. Tenía ocho años. Desde el primer momento tuve claro que yo me haría cargo de él. Lo más duro a lo que me he enfrentado en la vida es que tener que decirle que su padre había matado a nuestra madre. No se lo deseo a nadie. Él no me dijo nada, simplemente entendió lo que había visto en los medios de comunicación”.
Ni Alonso ni Rodríguez detectaron los signos larvados de una violencia psicológica que nunca llegó al maltrato físico. “Él nunca la había agredido físicamente”, cuenta Rodríguez sobre la relación de su hermana y su asesino. “Estaban juntos desde los 14 o 15 años y normalizas actitudes que después entiendes de otra manera. No vimos la violencia psicológica, que es en la que hay que trabajar. Lo último que me dijo Guaci el día antes de que la matara fue: ‘Ay hermana, estoy en el momento más feliz de mi vida”. A la mañana siguiente su expareja, la esperó en el rellano de la escalera de la casa de su suegra, donde ella vivía con sus dos hijos desde que se separaron y la asaltó por la espalda en presencia de los niños, de ocho y cinco años. Tras apuñalarla, bajó las escaleras fumándose un cigarro mientras les decía que la había matado a los vecinos que habían salido al escuchar los gritos.
Alonso relata una historia parecida: “Mi madre era una mujer feminista, él nunca la agredió, pero después te das cuenta de comentarios y actitudes que vivimos y que todos socialmente normalizamos. Ella tuvo muchos problemas de salud y cuando la mató acababa de superar un cáncer de pecho. La vio otra vez feliz y en ese momento decidió asesinarla, reventar con todo, quemar la casa, que es como un ensañamiento más. Quiso que desapareciera todo sin pensar en su familia”.
Al día siguiente empezó para las familias de las asesinadas otro calvario: solucionar legalmente la situación de los menores huérfanos, encauzar la multitud de trámites sobre los que nadie informa. Las condolencias institucionales de los primeros días dan paso a un laberinto burocrático que se debe afrontar en plena crisis psicológica y en las administraciones no existe ningún camino marcado para mitigarlo. “A mí por ejemplo”, explica Alonso, “como era mayor de edad cuando mataron a mi madre no se me considera víctima. Una persona asesinada y otra que se suicidó tienen contratos, tarjetas, llegan deudas, impuestos de sucesiones, declaraciones de herederos, la tutela del menor, saber qué ayudas puedes pedir, solicitar la pensión para el niño, contratar a varios abogados, porque yo y mi hermano entramos en conflicto de intereses ya que él es el único heredero del asesino y entienden que yo puedo reclamarle el daño que nos hizo por la casa... El apoyo psicológico que yo recibí fueron cinco sesiones por teléfono y después 15 minutos cada nueve meses para hablar con una psicóloga que me dice que llevo muy bien el duelo”, cuenta con ironía. “Mi hermano se curó psicológicamente y puede tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño gracias al apoyo del Fondo de Becas Soledad Cazorla. Los niños son superiores a los adultos, tienen un corazón y un cerebro diferente al nuestro, enseguida se abrió al amor”.
Rodríguez y sus hermanos pasaron por lo mismo: “Ha muerto tu hermana, su pareja está en la cárcel, pero hay dos niños. Lo primero fue acudir a la Dirección General del Menor y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos dijeron que para la custodia había que hablar con el padre, para las visitas había que hablar con el padre... ¿Perdón? Tuvimos que pedir cita con la jueza para conseguir la retirada de la patria potestad provisional hasta que se celebrara el juicio. Tardaron casi ocho meses en oficializar la guarda y custodia de los niños, pero en ese tiempo no tienen un tutor legal para cambiarles de colegio, sacar su DNI o firmar documentos si se ponen malos. Tienes que contar el caso en todos los sitios donde vas, recordarlo; unos exageran su reacción, otros no tienen ni una gota de empatía, estás en manos de la buena voluntad de la gente que vas encontrando porque no existen protocolos de actuación”.
No hay de qué avergonzarse, pero ha sido difícil encontrar hijos o familiares dispuestos a hablar sobre lo que ocurrió cuando la violencia machista reventó sus vidas. Alonso argumenta: “Te doy la respuesta ahora mismo del porqué: en mi caso él está muerto. Yo no siento peligro por hablar, pero muchas familias viven con miedo porque no están protegidas. La familia entera es víctima. Si él estuviera vivo, puede que tuviera que dejarlo ver al niño y yo tendría que llevar a mi hermano al psicólogo para prepararlo para esas visitas. Te juro que echo de menos a mi madre muchísimo, le sigo mandando mensajes, pero imagina lo que tiene que ser para mi hermano, que es su padre. También te digo que la familia paterna son personas encantadoras, no tienen culpa de nada y creo que ellos también se sienten abandonados porque la sociedad es muy desagradable. En estos casos, todos somos víctimas”.
Alonso y Rodríguez han abanderado asociaciones y movimientos dirigidos a luchar contra la violencia machista y la ayuda a sus víctimas. Alonso, que trabajaba en el soporte informático de una empresa, está estudiando un ciclo superior de promoción de igualdad de género: “Para quitarme ese estigma de huérfano y poder explicar cómo el machismo puede estropearte la vida cuando en igualdad viviríamos todos más felices”. Rodríguez continúa siendo trabajadora social hospitalaria, pero está muy implicada en la lucha contra la violencia machista y en las medidas destinadas a los huérfanos: “Nadie me puede rebatir lo que nosotros hemos experimentado. Detectas lagunas y detalles que no controla la gente que se ocupa de estos temas y te da rabia que no te pregunten para hacer un protocolo”.
En la misma dirección va el esfuerzo de Alonso: ”Lo que estoy intentando conseguir es que se cree una figura de acompañamiento desde los servicios sociales, ayuntamientos o concellos, una figura física que cuando ocurre un asesinato machista te llame y te diga: ‘Puedes pasar el duelo, no te preocupes, que yo voy a parar todos tus flecos y lo voy a ir gestionando todo’. Con el concello de Redondela estoy creando un protocolo de actuación cuando hay huérfanos y huérfanas de violencia machista, para que todo esto que he vivido quede redactado y se pueda aplicar a nivel gallego y nacional si se quiere”.
Alonso y Rodríguez relataron en mayo de 2018 su tortuoso camino en el Senado. Alonso dijo entonces desgarrado: “Me siento abandonado. Mi hermano de 10 años está abandonado. Nuestra familia ha sufrido el peor de los golpes. He tenido que llamar a un laberinto de puertas para solucionar mil y un trámites con el desembolso económico que conllevan... ¡Tengo 26 años!”. Tres años después los avances para resolver los obstáculos a los que se enfrentan las familias de las mujeres asesinadas por violencia machista siguen siendo pequeños. Alonso y Rodríguez aún no han resuelto flecos relacionados con las propiedades de su madre y hermana. Se siguen sintiendo “invisibles” y “abandonados a su suerte”, como dijo entonces Alonso frente a los senadores. Pero uno y otra no se detienen, la memoria de su madre y su hermana se han convertido en el motor de una lucha que es también la de muchos.
Ayudas y luchas privadas para un problema público y social
En febrero de 2021 se cumplieron cinco años de actividad del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, una iniciativa impulsada por la familia de la primera Fiscal de Sala contra la violencia de género de la Fiscalía General del Estado, y que se desarrolla y gestiona a través de la Fundación Mujeres. Un fondo cuyo objetivo es apoyar económicamente y acompañar a las familias que se ven obligadas a criar a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género en España. El destino de estas ayudas se centra en cubrir gastos relacionados con la educación, actividades de refuerzo escolar, apoyo psicológico, y estudios universitarios o formación profesional para mayores de edad. Pero también guían con su experiencia a estos familiares que se encuentran perdidos tras el asesinato de una mujer por violencia de género y reivindican y apoyan propuestas dirigidas a apoyar a los huérfanos y conseguir su recuperación.
En marzo de 2019 entró en vigor la ley 3/2019 que mejora la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género. Entre sus logros está la creación de una prestación de orfandad para aquellos menores que no tienen derecho a una pensión de este tipo por falta de cotización de sus madres. Pero aún queda un largo camino por recorrer y estas asociaciones hacen hincapié en la falta de información y de especialización sobre esta materia y cómo repercute en la recuperación de los huérfanos. Piden la creación de guías informativas dirigidas a las familias y a los ámbitos profesionales implicados y también generar contenidos formativos integrados en la preparación de los profesionales que intervienen en los procedimientos relacionados con la violencia de género y la atención y protección a las víctimas.
Además proponen cambios legislativos que afectan a las transmisiones de bienes e indemnizaciones de las víctimas, a la gestión de las ayudas o a la situación de desamparo en la que quedan los huérfanos cuyos padres no son los agresores de sus madres. Una portavoz del Fondo de becas afirma: "Nosotros hemos ido creciendo por las familias y las familias son quienes nos enseñan. Ellas fueron a través de las que nos dimos cuenta de que necesitaban guías en el camino y creamos una asesoría jurídica que les ayuda a aclararse y les acompaña e informa de trámites cuando están perdidos".
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